¿Una Comisión de la Verdad?

Horrorizados como estamos la mayoría de los venezolanos, ante los trágicos sucesos del 11 de abril del 2002, han surgido voces en la sociedad civil y en el mundo político que claman por la creación de una “Comisión de la Verdad”.

En países como el nuestro, donde no hay confianza en las instituciones cabe preguntarse si, con el objeto de que se conozca oficialmente la verdad de lo que ocurrió en estos días de abril, no conviene más bien que se confíe a un número reducido de ciudadanos objetivos, apegados solidariamente a todos los principios de la ética para la determinación de una verdad oficial – si es que puede llamarse así -.

En la historia más reciente del mundo en que vivimos, convulsionado por la violencia y el irrespeto de los derechos humanos, se han constituido varias comisiones de la verdad, algunas de ella bajo el patrocinio de organismos internacionales y otras a pedido de los propios gobiernos que sufrieron abusos y crímenes.

Priscilla B. Hayner, investigadora del World Policy Institute de la New School University en Nueva York y becaria de investigación del Centro para el Estudio de los Derechos Humanos de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia, trabajo estrechamente con la comisión de Naciones Unidas para la verdad en El Salvador, es reconocida como experta internacional en comisiones de la verdad.

Fruto de su experiencia en El Salvador y en otras regiones del mundo en las que han operado comisiones de la verdad y de su laboriosa investigación académica, Priscilla Hayner publico el año 2001 el libro “Unspeakable Truths – Confronting State Terror and Atrocity – How Truth Commissions Around the World are Challenging the Past and Shaping the Future” Routledge, New York,2001 – ISBN 0-415-92477-4.

Una traducción española del título es: “Verdades de las que no se puede hablar – confrontando el terror la Atrocidad Estatal – De còmo las comisiones de la verdad a lo Largo del Mundo están Retando al Pasado y Dándole Forma al Futuro.”

En la obra de Priscilla Hayner cuya lectura recomiendo a todos quienes, con sobradas y justas razones, abogan por la creación de una comisión de la verdad en Venezuela, se dejan claramente establecidos cuales son los objetivos que se deben perseguir. Además, del objetivo más directo de esas comisiones que es la determinación sancionada de los hechos, se identifican claramente cinco metas:

1. Descubrir, aclarar y reconocer formalmente los abusos pasados.

2. Responder a necesidades específicas de las víctimas.

3. Contribuir con la justicia y la fijación de responsabilidades.

4. Delinear la responsabilidad institucional y recomendar reformas; y
5. Promover reconciliación y reducir el conflicto con respecto al pasado.

Ese objetivo específico y esas metas deben estar presentes en quienes instan por la creación de una comisión de la verdad en Venezuela.

No puede negarse que los venezolanos no creen en sus instituciones. Casi nadie cree que el ministerio público ni la administración de justicia estén en condiciones de aclarar lo ocurrido en los recientes días, de dolor profundo para los venezolanos. Hay que apoyar la creación de una comisión de la verdad integrada por quienes inspiren confianza, abriéndose a la posibilidad de que incluso puedan ser ciudadanos extranjeros pues no estaríamos abdicando soberanía.

A continuación se ofrece una traducción del capítulo 3 de la obra comentada:

Priscilla B. Hayner
Unspeakable Truths – Confronting State Terror and Atrocity
Routledge, New York, 2001
Traducción de Carlos Armando Figueredo
(p. 24 ss-)

¿Por qué una comisión de la verdad?

Mucho más allá del hecho de hallar y declarar la verdad, a los cuerpos oficiales de la verdad con frecuencia se les ha encomendado una misión de largo alcance. En un número de casos, ellos se han constituido en las iniciativas gubernamentales más importantes que tienen que ver con los crímenes pasados y en punto central a partir del cual se desarrollan otras medidas para establecer responsabilidad, indemnizaciones y programas de reforma. Las razones declaradas en respaldo del establecimiento de una comisión de la verdad difieren de un país al otro. A título de ejemplo, algunos ponen énfasis en la reconciliación nacional y la necesidad de cerrar el libro sobre el pasado; otros lo han enmarcado dentro del concepto de un paso hacia los enjuiciamientos que le seguirán; y hay otros que ven en él la apertura de una investigación sobre el pasado como un medio de distanciar las políticas del nuevo gobierno del régimen anterior y para destacar una nueva era de respeto a los derechos.

Si bien se presenta bajo grados variantes de énfasis, una comisión de la verdad puede tener cualquiera de las cincos metas siguientes: descubrir, aclarar, y reconocer formalmente los abusos pasados; responder a necesidades específicas de las víctimas; contribuir con la justicia y la fijación de responsabilidades; delinear responsabilidad institucional y recomendar reformas; y promover reconciliación y reducir el conflicto con respecto al pasado.

Aclarar y reconocer la verdad

El objetivo más directo de una comisión de la verdad es la determinación sancionada de los hechos: establecer un registro exacto del pasado de un país, aclarar ciertos acontecimientos, y levantar la tapa del silencio y de la negación que cubre a un período contencioso y doloroso de la historia. El gran número de entrevistas con víctimas, típico de estas comisiones, permite un recuento detallado de los patrones de violencia a lo largo del tiempo y a través de las regiones, registrando literalmente una historia oculta. El detalle y la amplitud de la información en un informe de una comisión de la verdad son usualmente de género y calidad sustancialmente mejores que cualquier recuento histórico previo, dejándole al país un registro escrito y bien documentado sobre acontecimientos que, de otro modo, sería objeto de frecuentes disputas. Más allá de la descripción de los patrones generales, algunas comisiones de la verdad han abierto igualmente el juicio sobre una serie de casos clave, llegando incluso a dar el nombre de los perpetradores y autores intelectuales de serios crímenes no resueltos, colocados en altas posiciones. El reconocimiento oficial y público de los abusos del pasado sirve para acabar efectivamente con el silencio sobre un tópico acerca del cual, de otra manera, sólo podría hablarse en voz muy baja, por el hecho de que se le tiene como muy peligroso para ser objeto de conversación general, rara vez reportado honestamente en la prensa y ciertamente fuera de los límites de la historia oficial que se enseña en las escuelas. En efecto, el informe de una comisión de la verdad corrige la historia de un país y la abre para que sea revisada públicamente.

En ciertos países, quienes trabajan activamente por los derechos humanos insisten en que una comisión de la verdad no se limita a hallar nueva verdad sino que más bien levanta el velo de la negación respecto de verdades ampliamente conocidas sobre las cuales no se habla. La negación firme puede verse especialmente presente en aquellos países donde el gobierno represivo dependía del apoyo activo o pasivo del público, o de ciertos sectores del público, para adelantar sus políticas y mantener el poder. Los activistas “antiapartheid” en Africa del Sur insisten en que era imposible que algún surafricano no supiera que la tortura, las matanzas, y otras tácticas represivas en contra de los opositores eran un lugar común bajo el régimen apartheid; que a menos que la gente, a conciencia, escogió cerrar las persianas para bloquear la verdad, tenía que haber sabido. Algunos surafricanos arguyen, por lo tanto, que la contribución más importante de la comisión fue simplemente la de remover la posibilidad de negación continuada. Si bien hubo manifestaciones iniciales de incredulidad por parte de antiguos sustentadores del apartheid cuando empezaron a surgir las duras historias de las víctimas, a medida que proseguían las audiencias de la comisión, y especialmente en cuanto los perpetradores subían al banquillo para describir en detalle la tortura y las matanzas en las cuales estaban involucrados, se hizo imposible que alguien pudiera resistir frente a la verdad del testimonio. Tal como lo ha dicho el escritor Michael Ignatieff. “El pasado es un argumento y la función de las comisiones de la verdad, tal como la función de los historiadores honestos, es simplemente la de purificar el argumento, la de estrechar el rango de las mentiras permisibles.”

A pesar de todo, si se les compara con muchos blancos, los surafricanos negros no estuvieron tan sorprendidos por la evidencia de abusos cometidos por las fuerzas estatales: ellos fueron víctimas y testigos de esos abusos. No hay duda de que en muchas situaciones que justifican una comisión de la verdad post-transición, quienes fueron victimizados y pueden tener de plano una buena idea de lo que ocurrió y de quien fue responsable, y las investigaciones sólo confirman creencias bien establecidas acerca de los acontecimientos o las prácticas en cuestión. En algunos países, las atrocidades tuvieron lugar sin que hubiera o bien reconocimiento explícito por las partes responsables (tal como en el caso de los secuestros políticos, o los anuncios públicos acerca de los grupos o individuos que estaban en la mira), o bien por el personal uniformado que dejaba testigos de sus actos (tales como los raptos de activistas en público, o las masacres por parte de las fuerzas armadas). Este sentido de las víctimas que ya tenían conocimiento de la verdad, y quienes de ese modo podían obtener poco de nueva verdad de una comisión, se ve incrementado por el hecho desafortunado de que pocas entre las víctimas que rinden testimonio a comisiones de la verdad pueden enterarse de nueva información acerca de su propio caso. Debido al elevado número de testimonios oídos y al tiempo y los recursos limitados, las comisiones de la verdad tan sólo pueden emprender investigación seria sobre un número muy reducido de casos. La mayoría de los miles de testimonios se registran exactamente como fueron expuestos por los declarantes y se utilizan para un análisis estadístico de las tendencias, pero, desgraciadamente, nunca son investigados en profundidad.

Para algunas víctimas y sobrevivientes, por lo tanto, una comisión de la verdad no les informa tanto sobre nueva verdad, sino que más bien reconoce una verdad que ya conocían por lo general. En el proceso de recabar testimonio y de publicar un informe oficial, una comisión ofrece un reconocimiento oficial de hechos silenciados durante largo tiempo. El presidente puede valerse de la ocasión de aceptar formalmente un informe de comisión para expresar una declaración de apología a nombre del estado. Cuando el Presidente Patricio Aylwin, hizo público el informe de la verdad chileno, hizo un llamado emotivo, en transmisión televisada a nivel nacional, en el que rogaba a las familias de las víctimas que perdonaran, lo que es citado frecuentemente por los sobrevivientes como un momento poderoso, después de que sus reclamos hubieran sido dejados de lado por tantos años. Luego les envió una copia del informe a las familias de las víctimas enumeradas en el informe, con una carta que indicaba la página donde hallarían la cita de su caso.

La distinción entre “conocimiento” y “reconocimiento” ha sido vista frecuentemente por los observadores de las comisiones de la verdad, articulada en primer lugar en una de las primeras conferencias importantes sobre justicia de transición en 1988. “El reconocimiento implica que el estado ha admitido sus malas acciones y reconoció que había obrado mal,” escribe Aryeh Neier, presidente del Open Society Institute y ex director ejecutivo de Human Rights Watch. Juan Méndez, un prominente abogado de los derechos humanos, escribe que “El conocimiento que es sancionado oficialmente, y hecho, por lo tanto, ‘parte de la escena cognitiva pública’… adquiere una calidad misteriosa que no se halla presente cuando es meramente ‘verdad’. El reconocimiento oficial por lo menos comienza a curar las heridas.”

El reconocimiento oficial puede ser poderoso precisamente porque la negación oficial ha sido tan penetrante. Algunos miden la necesidad de verdad oficial y, por lo tanto lo apropiado de una Comisión de la Verdad, en el grado en que un gobierno trató de disfrazar la verdadera naturaleza de su régimen. Aryeh Neier ha argumentado que la necesidad de búsqueda de la verdad queda determinada por el grado que hubo de ocultamiento de las atrocidades. “El factor crucial es ¿mientras se cometían los abusos se practicaba el engaño? Ciertos gobiernos han tratado de mantener la legitimidad internacional mientras se dedicaban a cometer abusos –como un número de gobiernos latinoamericanos, frente a sus relaciones con los Estados Unidos.” En ciertos países, los crímenes se cometen en una forma que puede ocultarse fácilmente: tropas que llevan ropa de civiles y que conducen vehículos sin marca, personas que desaparecen sin que quede rastro. “Todo lo relativo a esos crímenes tenía la intención de ser negado. Cuando el engaño es tan inherente a los abusos, entonces la verdad adquiere un significado muy acrecentado. La revelación de la verdad bajo esas circunstancias toma cierto grado de poder,” explica Neier.

El hecho de hacer desaparecer a una persona es, la forma más escandalosa de atrocidad a través del engaño, con la intención obvia de mentir, esconder y ocultar. Sin embargo no sólo son las desapariciones las que pueden permanecer escondidas; incluso no se ha dado cuenta de grandes masacres en algunos países, y han sido negados oficial y vehementemente aun frente a pruebas significativas sobre lo contrario. Centenares de masacres se produjeron en las regiones altas de Guatemala a principios de los años de la década de 1980 durante la campaña militar para eliminar las guerrillas armadas y a quienes las apoyaban. Sin embargo, el acceso a esas áreas no les estaba permitido a los extraños, lo que impedía la propagación de noticias sobre las masacres. Incluso muchos sobrevivientes de las atrocidades no sabían de la existencia de masacres similares en otros lugares: los militares les impedían viajar a las poblaciones vecinas, muchas veces a varias horas de recorrido a pie, y muchos llegaban a la conclusión de que sólo se actuaba contra su poblado.

Pero incluso en aquellas circunstancias en las que los acontecimientos parecían bien registrados a medida que se desarrollaban es posible que algunos hechos básicos sigan siendo objeto de disputa apasionada luego, a veces incluso falsamente expuestos para servir a fines políticos. A pesar del cercano recuento de la guerra de Bosnia, hay tres versiones contradictorias de la verdad oficial en Bosnia en cuanto a lo que ocurrió realmente en esa guerra, con cada historia narrada en diferentes escuelas para diferentes comunidades – musulmanes, croatas o serbios – y reforzando puntos de conflicto fundamentales que bien podrían encenderse en violencia futura.

En 1998, los bosnios empezaron a considerar la idea de una comisión de la verdad para poder establecer un recuento histórico objeto de consenso y bien documentado.

Responder a las necesidades y los intereses de las víctimas

Una diferencia fundamental entre los juicios y las comisiones de la verdad es la naturaleza y la extensión de su atención a las víctimas. La función del sistema judicial es en primer lugar y sobre todo, investigar los actos específicos de los perpetradores acusados durante un juicio, se invita a las víctimas a atestiguar sólo en cuanto ello se requiera para dar soporte a los alegatos específicos de un caso, que usualmente incluyen un rango muy estrecho de acontecimientos que constituyen el delito que se imputa. Usualmente, son pocas las víctimas llamadas a atestiguar y su testimonio probablemente será objetado directamente e incluso agresivamente por los abogados de la defensa en el Tribunal (En algunos casos, las víctimas pueden desempeñar también un papel crítico al impulsar activamente un caso para que haya una acusación formal).

La mayoría de las comisiones de la verdad, por contraste, se diseñan con la intención de que se centren fundamentalmente en las víctimas. Si bien las comisiones pueden investigar la participación de perpetradores individuales en abusos, y pueden recibir información crítica al llegar a los perpetradores acusados y a otros desde el fuero interno del sistema de represión, gran parte de su tiempo y su atención se centra sobre las víctimas. Usualmente oyen el testimonio de un amplio conjunto de testigos, víctimas y sobrevivientes, y toman en consideración todas las versiones acopiadas para analizar y describir el patrón más amplio de acontecimientos. Al oír las historias de las víctimas, tal vez en audiencias públicas, y publicar un informe que describa un gran conjunto de experiencias de sufrimiento, las condiciones les dan efectivamente a las víctimas una voz pública y traen su sufrimiento al conocimiento de un público más vasto.

En la medida en que progresaron las audiencias de la comisión surafricana, por ejemplo, los terapistas que trabajaban con los sobrevivientes de torturas indicaron un aumento marcado en la comprensión y apreciación por parte del público, de las necesidades de las víctimas. Para algunas víctimas y algunos sobrevivientes, ese proceso puede tener un efecto catártico y de curación.

Las comisiones pueden servir de otras maneras a las necesidades de las víctimas: algunas ayudan a diseñar un programa de reparaciones para las víctimas o para las familias de quienes fueron muertos en violencia política, y en algunos casos las listas de víctimas compiladas por la comisión de la verdad sirven como listas de los beneficiarios una vez que se haya establecido un programa de reparaciones.

Finalmente, en un nivel muy práctico, muchos miembros de la familia de los desaparecidos desean desesperadamente que se obtenga el status legal de su persona amada establecido oficialmente. Muchos asuntos civiles no pueden arreglarse sin un acta de defunción – tales como la apertura de un testamento o el hecho de tener acceso al dinero en la cuenta bancaria de la persona desaparecida.

En Sri Lanka, Argentina y otros lugares, estas consideraciones tan prácticas contribuyeron significativamente al sufrimiento de los sobrevivientes. En Argentina, el Estado fijó un nuevo status legal de “desaparecido forzoso”, equivalente funcionalmente a un acta de defunción, lo que permitía que se procesaran los asuntos civiles sin declaran que la persona había muerto. Ese status se les aplicó a todos los documentados por la comisión de la verdad.

Contribuir a la justicia y la responsabilidad

Antes que desplazar o reemplazar la justicia en los tribunales, una comisión puede a veces contribuir a responsabilizar a los perpetradores. Muchas comisiones les pasarán sus expedientes a las autoridades del ministerio público, y allí donde hay un sistema judicial que funcione, pruebas suficientes y suficiente voluntad política, puede haber lugar a juicios.

Algunas comisiones han dado el nombre de los malhechores, dando lugar así a una sanción moral, por lo menos. Algunas han recomendado otras sanciones que podrían instituirse sin necesidad de llegar a un juicio pleno, tal como remover a los que hubieren incurrido en conductas abusivas de los cargos que desempeñen en los cuerpos de seguridad donde podrían continuar haciendo daño adicional.

Delinear la responsabilidad institucional y recomendar reformar

Además de fijar posición sobre el papel de perpetradores individuales, las comisiones de la verdad están bien colocadas para evaluar las responsabilidades institucionales, en cuanto a abusos extensos, y para delinear las debilidades en las estructuras institucionales o en las leyes existentes que deberían cambiarse para impedir que recurran los abusos en el futuro. Es posible que una comisión pueda ayudar a prevenir abusos futuros simplemente al publicar un registro fidedigno de los abusos pasados, con la esperanza de que una ciudadanía con mayor capacidad de conocimiento llegue a reconocer cualquier signo de retorno a un régimen represivo y pueda oponer resistencia. Pero la paz y la civilidad futura probablemente dependerán mucho del hecho de que se cambien las instituciones en las que se cometieron tales abusos, tales como las fuerzas policiales y militares, así como aquellas instituciones responsables de prevenir los abusos y de castigar a los malhechores, tales como el poder judicial. Las comisiones de la verdad están colocadas en posición única para emprender esa tarea prescriptiva, ya que pueden fundamentar sus conclusiones y recomendaciones en un estudio a fondo de los expedientes, a la vez que se asientan como una institución independiente separada del sistema que está siendo analizado.

Por lo general no existe otro cuerpo estatal que esté en condiciones de examinar todo lo que esté registrado y las deficiencias del sistema judicial, por ejemplo.

En definitivas cuentas, la implementación de las reformas recomendadas por una comisión de la verdad depende del interés y de la voluntad política de quienes detentan el poder. La mayoría de las recomendaciones hasta ahora no han sido vinculantes, si bien son útiles par ofrecer una vía para el cambio y crear puntos de presión alrededor de los cuales la sociedad civil o la comunidad internacional pueden presionar par que haya reformas. (Omissis).

Promover la reconciliación y reducir las tensiones que surgen de la violencia pasada

La sabiduría general mantiene que el futuro depende del pasado: uno tiene que confrontar el legado de horrores del pasado so pena de que no aparezca el fundamento sobre el cual pueda construirse una nueva sociedad.

Enterremos nuestros pecados y veremos como volverán a surgir más tarde. Atapucemos esqueletos en el closet y ellos saldrán del closet en los momentos menos auspiciosos. Tratemos de callar los fantasmas del pasado y nos espantarán siempre a riesgo de abrirle a la sociedad ciclos de violencia, rabia, dolor y venganza. Al confrontar directamente los conflictos de larga data, se da por seguro, habrá menos posibilidad de que ellos exploten en violencia grave y en conflicto político en el futuro. Ciertamente, el hecho de resolver desavenencias y de ventilar conflictos latentes puede ayudar a rebajar las tensiones. Pero, en algunas circunstancias, en medio de una transición delicada, la revelación de la verdad puede también aumentar las tensiones, especialmente cuando esa verdad tiene que ver con la culpabilidad de figuras poderosas o con fuerzas de la comisión de crímenes ha gran escala. Puede comprenderse que un gobierno penetre en esa arena con sumo cuidado.

En una vena similar, tal como se anotó arriba, muchos proponentes de la búsqueda de la verdad sostienen que el perdón y la reconciliación serán el resultado de haber ventilado la verdad plena ¿Cómo pueden perdonar las víctimas sin saber a quién perdonar y qué perdonarles?

La meta de la reconciliación ha estado asociada tan estrechamente a algunas comisiones de la verdad del pasado que muchos observadores casuales asumen que la reconciliación es un fin integral, e incluso primario, de la creación de una comisión de la verdad, lo cual no siempre es cierto.

(Omissis)

Finalmente, en adición a estos fines específicos para que se emprenda la búsqueda de la verdad, algunos observadores afirman que el hecho de hallar la verdad en cuanto a los abusos y hacerla pública es una obligación del estado, tal como lo confirma el derecho internacional, y que hay un inherente derecho a la verdad que tienen todas las víctimas y los sobrevivientes, o la sociedad como un todo. El derecho internacional de los derechos humanos obliga a los estados a investigar y castigar a los grandes violadores de derechos humanos en casi todas las circunstancias; implícito en esa obligación se halla el derecho inherente a la ciudadanía de conocer los resultados de tales investigaciones, afirman quienes abogan por los derechos humanos.

Frank La Rue del Centro para la Acción Legal de los Derechos Humanos en Guatemala, y Richard Carver, quien trabajo en el Artículo 19 en Londres, estuvieron entre los primeros en articular ese derecho a la verdad, en 1993. Carver escribió: “El artículo 19 considera que sin duda existe un derecho a conocer la verdad que está contenido dentro del derecho de ‘buscar, recibir e impartir información’ que está garantizada por el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.”

Cita también un “derecho a recibir información” similar en la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos.

Quienes abogan por los derechos humanos señalan también la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velásquez Rodríguez de 1998, que determinó que el estado tiene un deber de investigar el destino de los desaparecidos y de revelar la información a los familiares.

Estas y muchas variadas esperanzas de una comisión de la verdad son sin duda razones obligantes para que un país emprenda un ejercicio sobre búsqueda de la verdad. Esas metas son sin lugar a dudas suficientemente importantes como par justificar energía, gastos, tiempo y esfuerzos considerables. Pero, desafortunadamente, la complejidad y sensitividad de la tarea han significado que muchas comisiones tienen dificultad en alcanzar esas metas. (Omissis).