Opinión Nacional

Una década de Revolución chavista

Firmantes: Álvaro Vargas Llosa: Independent Institute (EE.UU.)
Carlos Alberto Montaner: Internacional Liberal (Cuba)
Carlos Ball: AIPE (Venezuela)
Rocío Guijarro: CEDICE Libertad (Venezuela)
Cristián Larroulet: Libertad y Desarrollo (Chile)
Martín Krause: ESEADE (Argentina)
Gerardo Bongiovanni: Fundación Libertad (Argentina)
Oscar Ortiz: Fundación Nueva Democracia (Bolivia)
María Luisa Brahm Instituto Libertad (Chile)
Miguel Flores: Fundación Jaime Guzmán (Chile)
Marcela Prieto: Instituto de Ciencia Política (Colombia)
Margaret Tse: Instituto Libertade (Brasil)
Dora Ampuero: Instituto Ecuatoriano de Economía Política (Ecuador)
Carlos Sabino: Universidad Francisco Marroquín (Guatemala)
Guillermo Peña: Instituto Veritas (Honduras)
Rolando Espinosa: Centro de Estudios en Educación y Economía, A.C. Academia de Investigación Humanística A.C (México)
Edwar Enrique Escalante: Andes Libres (Perú)
Enrique Ghersi: CITEL (Perú)
Ian Vásquez: Cato (EE.UU.)
Julian Morris: International Policy Network (Gran Bretaña)
Otto Guevara: Movimiento Libertario (Costa Rica)
Tapia, José Luis: Instituto de Libre Empresa (Perú)

Resumen ejecutivo

Para conmemorar el Día Internacional de la Libertad y los 20 años de la caída del Muro de Berlín, 22 instituciones de América Latina han preparado un detallado documento en donde exponen los temas más importantes de estos diez años del gobierno de Hugo Chávez.

El estudio “Una década de Revolución Chavista” presenta los hitos políticos, económicos y sociales más importantes.

A través de un análisis sobre el deterioro institucional, el programa social y las distintas medidas políticas y económicas se busca exponer el camino que ha seguido Chávez y cómo ha transformado al gobierno venezolano en una Democracia que en la práctica no respeta la libertad ni los derechos de sus ciudadanos.

Introducción

La causa esencial de la Revolución Bolivariana es buscar más y mejor nivel de vida para todos, en la lucha por instalar en Venezuela un nuevo sistema social, económico, político: el socialismo criollo, a lo venezolano.

— Hugo Chávez Frías

Al asumir Hugo Chávez la presidencia de Venezuela, hace ya más de una década, se comprometió con la puesta en marcha de un proyecto nacional, regional e internacional de izquierda radical, bajo la consigna de conformar una gran nación latinoamericana, “como lo soñara Simón Bolívar”.

En ese entonces, Chávez se presentó como un antisistema y prometió terminar con los vicios de la política tradicional venezolana, pero tras diez años no ha hecho nada para resolver los problemas del viejo régimen, en tanto que la crisis general institucional no sólo continúa, sino que ha empeorado. Su concepto de Estado asistencial se ha visto afectado por la baja en el precio del petróleo y el cambio constitucional -realizado en 1999- no ha sido garantía de mejoras sociales que tengan sustento en el largo plazo.

Con el fin de alcanzar sus objetivos, ha utilizado todos los recursos a su alcance -algunos abiertamente ilegales o rayando en la legalidad- para presionar y coartar el accionar de todos aquellos que no coinciden con él, incluyendo el pasar por encima del estado de derecho, de las libertades individuales, la libertad de expresión y la justicia.

Desde que Chávez llegó al poder, Venezuela se vio inmersa en una serie de consultas electorales que comenzaron con el llamado a una Asamblea Constituyente, la que no estaba prevista en la Constitución vigente, y culminaron con su reelección presidencial el 3 de diciembre del 2006, prolongando su mandato hasta diciembre de 2012, pudiendo reelegirse indefinidamente gracias a la enmienda aprobada en enero de este año. A través de esas consultas, y mediante una evidente manipulación de la opinión pública y las instituciones, el Presidente fue tomando control absoluto del país.

El resultado de lo anterior, ha sido que Venezuela a partir del año 2003 perdió su calificación de país Libre, especialmente por las transgresiones a las libertades civiles, como lo evidencia el Índice de Democracia de Freedom House y por consiguiente el fracaso en el fortalecimiento de una verdadera democracia más estable y segura.

El presente documento centrado en los cambios efectuados durante la “revolución chavista”, en el panorama institucional, político y económico de Venezuela, tiene como objetivo demostrar que tras una turbulenta década, el país ha desaprovechado su ventaja -por el alto precio del petróleo- de convertirse en un ejemplo de crecimiento económico y desarrollo democrático.

El Deterioro Institucional

Desde que asumió el poder en 1999 Chávez inició una profunda reestructuración de las instituciones del país. Un año después de su triunfo impulsó la creación de una nueva Constitución que creó un modelo político denominado de democracia participativa y protagónica cambiando el nombre del país a República Bolivariana de Venezuela.

Según la Constitución de 1999, la República es un Estado democrático y social de derecho y de justicia, organizado en forma Federal con fundamento en el principio de la descentralización. Se preservan en esa Constitución, en general, los derechos civiles, políticos y económicos que ya venían del ordenamiento constitucional precedente. Entre los principios que acoge la Constitución económica se encuentran el de libertad económica y el derecho a la propiedad, limitados solamente en los términos que fijen la Constitución y la ley en función del interés colectivo. La expropiación sólo procede por causa de utilidad pública y social, mediante sentencia firme y mediando el justo pago de indemnización (Pensar en Venezuela, 2009).

Sin embargo, estos principios han sido consistentemente vulnerados por el Ejecutivo, con la anuencia y el respaldo de los restantes poderes públicos. La centralización del poder y el culto a la personalidad del Presidente Chávez han ido en detrimento de los poderes locales.

El resultado inevitable es la polarización política de un país donde la violencia y la retórica radical se incrementaron. Tras la aprobación de la nueva Constitución el régimen afrontó varios intentos, tanto constitucionales como inconstitucionales, de deponer al Presidente. En abril de 2002 enfrentó un golpe de Estado que lo alejó del poder por 48 horas; a finales de 2003 tuvo un prolongado paro nacional, pero en agosto de 2004 emergió victorioso de un referéndum revocatorio. A partir de esa fecha y apuntalado por los altos precios del petróleo y una oposición dividida pasó a la ofensiva. Los frenos y equilibrios moderadores del poder ejecutivo prácticamente desaparecieron, en la medida en que las instituciones estatales claves como la Fiscalía General, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas cayeron progresivamente bajo el control del Presidente Chávez y de sus más leales seguidores.

El Informe de Crisis Group (2007), señala que el poder cada vez mayor de Chávez también se refleja en la tendencia hacia el debilitamiento del gobierno regional, la concentración de la información sobre las actividades gubernamentales y el nombramiento de militares, en servicio activo o retirados, en cargos civiles claves. En este esquema ha colocado a la Nueva Reserva Nacional, la Guardia Territorial y los grupos armados no oficiales bajo su mando exclusivo, al mismo tiempo que ha establecido estructuras militares paralelas que eventualmente se podrían utilizar para intimidar a los opositores.

Como denuncian los 18 economistas de la Asociación civil Pensar en Venezuela (2009), en agosto de 2007, con el expreso propósito de construir una economía y un Estado Socialista, en abierta violación a lo dispuesto en la Constitución de 1999, el Presidente promovió, mediante un referéndum, la aprobación de un proyecto de reforma constitucional que permitiría su reelección indefinida, introduciría nuevos conceptos de propiedad de los medios de producción, con el consiguiente debilitamiento del régimen de propiedad privada, y definiría una nueva “Geometría del Poder”, según la cual, se anularía la descentralización y se concentraría un poder omnímodo en el Presidente de la República. Todo ello con el objeto de imponer un sistema de planificación central de la economía y el sometimiento y control de los niveles de gobierno de elección popular, es decir, gobernaciones y alcaldías. Aunque el proyecto fue rechazado por el 51% de los votantes, la Asamblea Nacional aprobó, a fines de 2007, el Primer Plan Socialista de la Nación (2007-2013) y en julio de 2008 el Presidente aprobó los 26 decretos-leyes que habían sido rechazados por la mitad de los votantes en la consulta.

En el último tiempo, se ha intensificado la utilización de las instituciones democráticas como un medio para neutralizar a la oposición política y debilitar al gobierno local y regional. Las autoridades de oposición electas han sufrido hostigamientos, han sido objeto de procesos judiciales ilegítimos y hasta les han disminuido poderes para administrar recursos, sin respetar la legitimidad de sus cargos y la voluntad popular.

Hoy el orden democrático en Venezuela se ve amenazado, ya que la creciente vulnerabilidad del sistema judicial y la manipulación política socavan el Estado de Derecho. Como se aprecia en el cuadro Nº 1 el Banco Mundial entiende que uno de los elementos básicos de la gobernabilidad es el estado de derecho y el control de la corrupción. El estado de derecho es la medida de confianza en el acatamiento de las reglas de la sociedad, incluyendo los derechos sobre la propiedad privada, así como la acción de la Policía y los Tribunales de Justicia contra el crimen. La caída de este parámetro en Venezuela fue de -0,69 a -1,47 durante el último decenio, evidenciando el deterioro de la gobernabilidad en ese país.

Para mayor indormación (%=Link(«http://www.uruguayinforme.com/news/13112009/13112009_ildc.php»,»pulse aquí»)%)

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