Una posible iniciativa contra la corrupción

Hace cuarenta años fue firmado el Pacto de Punto Fijo, así llamado por haberse celebrado en la que fuera la casa del Dr. Rafael Caldera, ubicada en la Calle La Línea de Sabana Grande, frente al actual Restaurant vasco El Urrutia, tras el 23 de enero de 1957, en virtud del cual las partes se comprometieron a la implantación de una democracia representativa y participativa, basada en un sistema de justicia social tendente al desarrollo de una clase media mayoritaria, con un sano y eficiente manejo de la cosa pública.

Los firmantes de dicho Pacto: Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Gonzalo Barrios por A.D.; Jóvito Villalba, Ignacio Arcaya y Manuel Lopez Rivas por U.R.D.; Caldera, Del Corral y Lorenzo Fernández por COPEI ya no viven, en su mayoría, y dichos ideales de democracia se fueron trístemente con ellos. Quien vive, Caldera, hace mucho que se olvidó de los mismos y les ha dado la espalda, como lo prueban dos hechos claros e indubitables. Venezuela ha sido identificada por Organismos internacionales como el octavo país más corrupto del mundo y por el Banco Mundial, como el país con el gobierno más ineficiente de toda América.

Dichos ideales de democracia han sido sustituidos por una larga, humillante y desastrosa dictadura de partido, pero con el velo de una aparente democracia, fruto de la participación activa, cómplice y encubridora de los políticos venezolanos que han tomado el control de los partidos representados en dicho Pacto de Punto Fijo: A.D. y COPEI, fundamentalmente y por el M.A.S., la nueva versión del oportunismo político que asumió la U.R.D. desaparecida. Durante más de cuarenta años nos han querido engañar y creo que lo han logrado en muchos, sosteniendo que vivimos una democracia auténtica, la mejor de América del Sur, por aquello que aquí se puede decir lo que se quiera… Vale preguntarnos al respecto: 1) ¿De qué sirve podamos decir lo que queremos si nadie nos escucha? y, 2) Si se habla demasiado todos sabemos que nuestros teléfonos son intervenidos; que nos pueden llevar detenidos y mantenernos incomunicados por la DISIP o por el DIM, como ha ocurrido a muchos periodistas y que podemos ser sacados del país, sin más procedimiento ni defensa, aunque seamos venezolanos, como ocurrió en vísperas de la Cumbre Iberoamericana celebrada en Margarita, tras lo cual Caldera hubo de disculparse… Los ataques a la libertad de prensa y a los Derechos Humanos en Venezuela son harto conocidos en los organismos internacionales. Pregunten al Dr. José Muci Abraham si no temió por su familia por cumplir con sus funciones de Contralor General de la República. Y sabemos que una democracia sin Justicia no es tal. ¿Cómo iban estos nuevos políticos venezolanos a consolidar un Poder Judicial que fuera a enjuiciarles? ¿Cómo puede haber una democracia si no podemos resolver nuestras controversias debido a la ausencia de un Tribunal que decida conforme a Derecho, -sin interferencias inconfesables- y dentro de los lapsos procesales? ¿Cómo puede haber democracia en un país donde la clase baja supera el 70%? ¿Cuando las viviendas decentes que nos garantiza la Constitución son sustituidas por ranchos? ¿Cuando el derecho al trabajo es sustituido por la economía informal? ¿Cuando el derecho a la educación gratuita está amenazado por unas arcas empobrecidas y por un presupuesto nacional empeñado en un 40% y cuando la deserción estudiantil y la deficiente educación superaron el nivel crítico? ¿Cuando el derecho a la propiedad es sustituido por la inseguridad jurídica? ¿Cuando el derecho a la vida, el más sagrado, es violado con cientos de muertes todos los fines de semana sin saber cuándo nos puede tocar a cada uno de nosotros o de nuestros familiares y amigos?

Nuestro país ha caído en la profunda fosa de la corrupción, de las pobrezas materiales y espirituales más grandes y, finalmente, de la anarquía al punto que su pueblo, excesivamente bueno y conformista, tras cuarenta y un años de resignación, ha decidido votar en contra de adecos, de copeyanos y de masistas como lo prueba el rechazo del 90% a los mismos en las encuestas electorales.

De lo dicho podemos concluir que el problema fundamental del país es la metástasis de inmoralidad que se ha enraizado en todos los estamentos políticos; en todos los niveles de la administración pública y hasta, en parte, en el sector privado. Y, lo que es peor, la viveza mal entendida, el engaño, el facilismo, la improvisación, lo superfluo e inmediato, el snobismo están sustituyendo la honradez, el esfuerzo, la constancia, la disciplina, el estudio, la sencillez y la austeridad, como valores tradicionales del hogar venezolano, como una injustificada réplica y final adaptación a la corrupción reinante, a este «modus vivendi» propio del octavo país más corrupto del mundo. Así pues, la situación es grave, gravísima.

Podríamos tener al frente de nuestro país hasta a un ignorante pero nunca a un inmoral, que es lo que nos ha sobrado. El sujeto que no está preparado para gobernar pero que tiene principios éticos, sabe reconocer su incapacidad, supera su soberbia… -que pocos han sabido hacerlo-, y busca a los más capaces para gobernar.

Nuestro país, como lo sabemos, está sobrado de recursos naturales y de mentes capaces y está en las mejores condiciones para, aún hoy, devenir en la pequeña Suiza de América. No tenemos los problemas de la droga ni de la guerrilla como sí lo tienen otros países vecinos. Para ello se requiere, como premisa fundamental, erradicar la corrupción y la mala administración, esto último como parte de la corrupción, pues en Derecho, la negligencia grave se equipara al dolo.

En consecuencia, sugiero dos vías, ambas complementarias y no excluyentes de otras que puedan agregarse, sin duda.

La primera vía sería a largo plazo, de carácter preventivo. Esta debe comenzar con la sustitución de los corruptos por gente que ame su país, sea honrada y que quiera imponer la pulcritud y la responsabilidad en el manejo de la cosa pública. Condición «sine qua non». Depende en sumo grado de cómo ejerzamos el voto en estas elecciones y de cómo los electos nos correspondan. Implica tomar conciencia del problema en sí y desarrollar un sistema de publicidad a través de los medios de comunicación y vallas, con gran inversión, sin duda, premiando las mejores cuñas, destacando los valores éticos, la importancia de la familia y del trabajo e invitando a denunciar ante la Fiscalía General de la República todo acto de corrupción o de daño a la cosa pública por negligencia grave. La Fiscalía sabrá determinar cuáles casos son procesables ante la justicia o no como se señala más adelante. Debería introducirse en el sistema educativo nacional, en los niveles de primaria y de secundaria, un programa de enseñanza respecto de los valores morales y a nivel superior, una referencia obligatoria a la ética profesional. Considero debe simplificar y automatizarse los procedimientos administrativos, en todo lo posible, y aumentarse la sanción al funcionario que no responde oportunamente.

La segunda vía sería de ejecución inmediata, de carácter represivo. Esta vía ya existe más no se aplica debidamente por la falta de un sistema judicial efectivo, como lo prueba el expediente de los Jeeps -caso Lusinchi-, en el que la Corte Suprema de Justicia declaró la prescripción pero reconoció hubo delito. Sin ninguna modificación de Ley a nivel de Congreso, el Consejo de la Judicatura en cooordinación con la Corte Suprema de Justicia, -que ha mostrado especial interés en los dos últimos años en el saneamiento del sistema judicial-, se crearían uno o dos o tres tribunales unipersonales de Salvaguarda del Patrimonio Público en cada Circunscripción Judicial, equivalente, en principio, a cada estado, con competencia exclusiva en materia de Salvaguarda. Adicionalmente se nombrarían diez o quince o veinte fiscales del Ministerio Público en cada Circunscripción, quienes tendrían dos funciones específicas, a saber: a) Recibir todas las denuncias efectuadas por la comunidad o vía «notitia criminis», requerir las pruebas y procesarlas introduciendo los respectivos expedientes en el o los Tribunales de Salvaguarda citados, impulsando dichos juicios hasta sentencia definitiva y reclamando la falta de decisión oportuna y b) requerir, sistemáticamente y sin excepción, la declaración de bienes jurada de todo ministro, senador y diputado al Congreso; de todo Gobernador, miembro de Asamblea Legislativa, Alcalde y Munícipe; de todo funcionario perteneciente a la administración centralizada y descentralizada, nacional, regional y local, que esté o haya estado en funciones en los últimos diez años, para compararla con el régimen de bienes o de riqueza aparente que tiene cada uno y de comprobarse una riqueza injustificable o incompatible con su declaración, intentar los juicios correspondientes y seguirlos hasta sus últimas instancias. Toda persona del sector privado que ha celebrado contratos con la administración pública en los últimos diez años y que no pueda justificar sus signos de riqueza aparente, quedaría sometido a la misma investigación y procesos eventuales. Simultáneamente se nombrarían cinco o diez inspectores de Tribunales por cada Circunscripción Judicial, quienes se dedicarían, exclusivamente, a inspeccionar los mencionados Tribunales de Salvaguarda, la actuación de sus jueces, la calidad de sus decisiones y el respeto de los lapsos procesales.

Como se puede apreciar, este sistema, llamado de represión, no crea ningún Tribunal popular, ni de inquisición ni requiere freír la cabeza de nadie… ni atenta contra los derechos de nadie. La Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público existe aunque puede ser mejorada y los lapsos procesales recortados. En esta vía o solución se respetan los Derechos Humanos y judiciales de toda persona indiciada. No se quebranta el Debido Proceso. Los indiciados serían juzgados por sus jueces naturales y gozarían de todos los derechos procesales comenzando por su citación, el «estar a derecho», la posibilidad de ser asistidos o representados por abogados de su elección o por defensores públicos y la posibilidad de ejercer todas sus defensas, de aportar todas las pruebas y de ejercer todos los recursos de Ley. Los jueces podrán y deberán practicar todas las medidas preventivas de prohibición de gravar y de enajenar, de embargo y cuanto legalmente fuere necesario para asegurar las resultas del juicio y la recuperación de bienes o derechos pertenececientes al patrimonio público. Como resultado de la primera vía, la preventiva o educativa, tendríamos una inversión en los valores actuales de contenido materialista, corrupto y facilista y un retorno a los valores éticos, morales, a la valorización del trabajo, de la disciplina, de la persistencia, único camino para lograr el bienestar económico sostenido y cultural de todo país, como lo hizo aquella Europa destruida por la segunda guerra. Como resultado de la segunda vía, la represiva, aplicando el principio natural del Premio al Bien y del Castigo al Mal, muchos de los referidos ministros, congresantes, gobernadores y funcionarios públicos se irían del país, generando singular limpieza, como ocurrió con muchos banqueros. Y si no se castigaren todos los culpables y no se recuperare del todo el patrimonio robado ni el desechado por la negligencia grave en su administración, por lo menos la práctica de la corrupción, a instancias del funcionario como del administrado, tendería a desaparecer y las comisiones serán muchísimo más altas y menos frecuentes por el grave riesgo a ser enjuiciado.

Quien se oponga a esta revisión y a estos juicios, es porque algo inconfesable tiene y por ello teme…