Opinión Nacional

Universidad y comuna

Si algo ha quedado claro después de examinar la nueva Ley de Universidades aprobada por la vieja Asamblea Nacional en sus momentos postreros es que el régimen se ha trazado la tentativa de domeñar por vía del aniquilamiento institucional más pragmático y apelando a una lógica de “aparatos” espuria a uno de sus adversarios más duros y consistentes como efectivamente lo son las casas de Estudios Superiores.

Una primera cosa que brota de bulto es convertir a las Universidades en una suerte de “pequeños liceos” donde los programas y atribuciones más relevantes en materia docente, académica y administrativa inherentes a su condición de espacio libre constitucionalmente establecido, se trasladan a una suerte de “decisor único” encarnado en un super ministro educativo. De esta manera es dinamitada la autonomía universitaria en aras de un monstruoso diseño donde la Universidad y su “ciclo vital” son gestionados “desde arriba” por vía ejecutiva e incardinada a una racionalidad meramente burocrática a contrapelo de su carácter diverso y complejo.

 

En segundo lugar se encuentra un asunto no menor, expresado en la forma particular como se aprobó esta Ley formando parte de un paquete de leyes, literalmente empujadas a martillazos en el mes de Diciembre, completamente a la carrera en una de los actos más sórdidos y grotescos propio de un parlamentarismo tropical y, sin la debida sustentación en un intercambio deliberativo o debate abierto donde pudieran participar los diversos sectores del país, los propios actores de la vida universitaria, investigadores e intelectuales, tal como lo demanda un envite de cambios que involucran temas trascendentes y delicados como la apropiación y producción de los saberes.

 

En esta perspectiva, es pertinente afirmar que la naturaleza de los cambios introducidos con la nueva Ley, lejos de responder a un replanteamiento de horizontes y destinos para la academia, está más bien incardinada a resituar la Universidad bajo un esquema de control político, abolir su condición de espacio crítico, deliberativo y de convivencia pública de la diversidad de pensamientos.

 

Por ello no resulta extraño que uno de los artículos de la nueva Ley, específicamente el artículo 60, enfatice que “La educación universitaria debe contribuir con la construcción del modelo productivo socialista”. Allí queda claro el tinte político-ideológico de la legislación, el modelo socialista con exclusión de todos los demás, la Universidad completamente sujeta a los fines del Estado como en épocas pretéritas lo estuvo con respecto a la Iglesia, pero sobre todo llama la atención la construcción ausente, lo que se extirpa, lo que no se dice, a saber: la omisión en el texto propuesto del uso libre de la razón o sencillamente el ejercicio del pensamiento crítico.

Una vez desprovista de su potencial crítico, abolida su condición de espacio deliberativo y extirpado su carácter de lugar privilegiado para la diversidad de pensamientos, la Universidad deviene una simple pieza o adminículo de una razón de poder, destinada a servir instrumentalmente a los fines políticos de una ideología oficial o religión de Estado. Así, la ciencia, la filosofía, la razón, la crítica, el arte, el conocimiento y hasta la moral ya estarían marcados, la discusión no sólo está cancelada sino que sería inútil, pues estaría resuelta de antemano en una carcajada del Estado. La conclusión es demoledora: un “policía ético” visita la Universidad.

Y es que en esta Ley despoja a las Universidades de su condición de sujeto protagónico institucional, es minimizada en su función relativa a fecundar la producción y apropiación de saberes, de promover la razón crítica y la experiencia dialógica y auspiciar espacios para pensar la diferencia, para el encuentro de convergencia/divergencia en el marco de la diversidad y de la pluralidad de pensamientos y discursos.

Los profesores también acusan el severo impacto de los alcances de la Ley. Ya no son profesores, sujetos que contribuyen a conducir el proceso de apropiación del conocimiento, ya no son investigadores. Quedan rotulados como “trabajadores académicos”, simples empleados sin libertad alguna, atrapados en la malla de la estructura programática y académica que viene desde arriba por vía de un “decisor único” encarnado en un Ministro con atribuciones superlativas. Cualquier “trabajador” que se salga del “orden del discurso”  puede ser sancionado por una causal muy invocada: “la falta de respeto”.

 

Pero además, la Universidad por vía de esta Ley, comienza a entrar en una órbita hasta ahora inédita, la órbita de los concejos comunales. En efecto, la creación en el texto legal de unos extraños consejos territoriales de transformación universitaria (artículo 25) aherroja a las casas de Estudios Superiores hacia la caja de Pandora de las “decisiones tumultuarias”, pues esos concejos vinculan el Poder Popular a decisiones vitales que van desde su participación protagónica en los cambios institucionales hasta la formulación de ejes comunales que, en combinación con los planes estratégicos de los llamados Distritos motores señalan líneas a seguir por la Universidad. En este contexto, los concejos territoriales y los distritos motores engendran la vinculación entre la UNIVERSIDAD Y EL PODER COMUNAL. Es por esta vía expeditiva que el poder del Estado termina en la práctica por triturar cualquier vestigio de autonomía universitaria. La intencionalidad es ir hacia un modelo único de Universidad y aparte de la constricción del claustro universitario y su sometimiento político, la tendencia va en dirección a un corporativismo partisano de modalidad comunal.

Ya finalizando este artículo me he enterado de la noticia, según la cual el Ejecutivo suspende la LEU aprobada en la Asamblea moribunda.

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