Urge actualizar el Estatuto de Roma
Las graves acusaciones formuladas por el juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, en contra del gobierno venezolano, por su “cooperación” con la ETA y con las FARC, suscitan una importante reflexión sobre los alcances de la Corte Penal Internacional (CPI), frente a los nuevos retos que plantea el terrorismo.
Si bien la Corte Penal Internacional fue creada en 1998 (es decir, recientemente), mediante la aprobación del denominado Estatuto de Roma, su origen se remonta a 1948, cuando las Naciones Unidas consideraron por primera vez la posibilidad de establecer una corte capaz de enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, por regímenes totalitarios, ya fuesen de tendencia nazi, fascista o comunista.
En otras palabras, aunque la CPI es relativamente nueva, es el resultado una vieja discusión, y por eso no incluye de manera directa y explícita uno de los crímenes más importantes y reiterativos de nuestra era: el terrorismo.
Una prueba de las graves fallas del actual sistema internacional de justicia es la inoperancia que ha habido respecto a los computadoras y memorias incautadas al segundo hombre de las FARC, alias Raúl Reyes, el 1 de marzo de 2008, durante la Operación Fénix.
Pese a que su contenido fue avalado plenamente por la INTERPOL, dos años más tarde no se han castigado a los numerosos cómplices internacionales del narcoterrorismo colombiano que aparecen allí registrados, entre ellos, Hugo Chávez.
Las computadoras de Reyes revelan que las FARC financiaron la campaña presidencial de Chávez, y allí mismo aparecen las pruebas de los importantes aportes que el mandatario venezolano suministró a los guerrilleros colombianos.
Luego de las acusaciones del juez Velasco, los gobiernos de España y de Colombia pidieron explicaciones a Venezuela, para que aclarase sus posibles relaciones con organizaciones terroristas. Pero, en rigor, tales aclaratorias no eran necesarias, puesto que el propio Chávez se ha encargado de confesarlas públicamente.
Después de la muerte de Reyes, Chávez le rindió tributo, guardando un minuto de silencio. El 2 de marzo de 2008 manifestó abiertamente la molestia por su muerte, acusando al presidente Álvaro Uribe de “criminal”. Posteriormente, hizo un elogio público de Reyes, catalogándolo de “comandante revolucionario”. En ese mismo discurso, se quejó amargamente de su fallecimiento, negó que dirigiera una organización narcotraficante, y admitió haberlo conocido personalmente.
Pero por ser un Jefe de Estado, la justicia colombiana e, incluso, la Corte Penal Internacional, están impedidas o seriamente limitadas para tomar medidas en su contra.
En resumen, no tiene sentido seguir discutiendo si Chávez tiene o no vínculos con las FARC. Los tiene y son obvios. Lo que hace falta es modernizar los instrumentos jurídicos para poder enjuiciarlo como corresponde.
