Valiente informe electoral
El informe del Instituto de Altos Estudios Europeos (IAEE), organización que asistió al proceso electoral venezolano el pasado 14 de abril en calidad de «acompañante», es no sólo demoledor, sino ratificatorio de cientos de verdades expresadas por Henrique Capriles, la MUD y miles de ciudadanos en todo el país que fueron testigos de un cúmulo inaudito de irregularidades que no logran despejarse con el transcurso del tiempo.
En el mundo democrático para los procesos electorales son acreditados como observadores tanto organismos internacionales, como institutos y hasta organizaciones no gubernamentales. Las misiones de observación normalmente gozan de prestigio internacional. Los países que quieren demostrar que sus elecciones se realizan dentro de los márgenes mundialmente aceptados -que garantizan equidad, transparencia y reglas justas a quienes se miden en una contienda- son los primeros interesados en que existan y observen cada proceso y cada etapa, a los fines de lograr confianza nacional e internacionalmente en los resultados. Ello deriva en una mayor legitimidad para quien resulte ganador.
El CNE venezolano, lejos de estar interesado en acreditar misiones de observación independientes, ha venido cerrando sus puertas cada vez más, disminuyéndolos de categoría al simple lugar de «acompañantes» y aceptando sólo a aquellos que de antemano vienen con la expresa misión de producir informes favorables a su actuación electoral. Los obliga suscribir una carta compromiso de confidencialidad sobre la información que recaben.
El IAEE consideró tan relevantes las observaciones que realizó, que decidió violar el compromiso de confidencialidad y publicó en su página web el contenido de su informe. El instituto revela cómo, mediante una interpretación constitucional parcializada, se violó la Ley Electoral venezolana permitiendo que un vicepresidente encargado de la presidencia fuera candidato presidencial sin separarse del cargo, produciendo un desequilibrio inmenso entre los contendores. Hace una dura crítica a la actuación del TSJ para favorecer al oficialismo en sus decisiones.
Da cuenta también de la parcialidad de los rectores del CNE y de la omisión en que incurrió ese árbitro electoral al no dar respuesta oportuna a las peticiones o reclamos efectuados, incluyendo su negativa a realizar una verdadera auditoría. De hecho, hace dos semanas Capriles introdujo una tercera acción judicial en contra del CNE por sus omisiones al no dar respuesta a todas las denuncias por escrito presentadas antes y durante la campaña electoral, y las solicitudes también por escrito para la realización de una auditoría integral del proceso. El CNE estaba obligado a pronunciarse por escrito y mediante acto motivado a cada una de las solicitudes. Nunca lo hizo.
Señala también el informe el uso abusivo y parcializado de los medios públicos de comunicación social durante la campaña electoral a través de los cuales se emitieron toda clase de mensajes a favor de Maduro y cualquier cantidad de mensajes en contra de Capriles, no sólo en televisoras y radios públicas, sino hasta en las páginas web de instituciones del Estado, incluida la de la Asamblea Nacional. También señala cómo dirigentes oficialistas repartieron cédulas de identidad para poner a indigentes a votar, cómo se amedrentó con armas de fuego, cómo se presionó a funcionarios públicos para que votaran a favor de una tendencia política.
Toda esa corrupción electoral pasó por las narices del árbitro electoral bajo su cómplice silencio. Todo ello constituye causales de nulidad del proceso y es precisamente eso y mucho más lo que Capriles ha demandado en el TSJ. Resulta muy importante que un instituto de tanto prestigio internacional haya detectado en su «acompañamiento» los mismos vicios y que haya tenido la valentía y el compromiso democrático de hacerlo público. La legitimidad está en discusión aquí y afuera. Los poderes públicos venezolanos, parcializados como están, no han permitido que se verifique ni audite ese proceso. Pero la herida está allí, sangrante, abierta.
Gracias a que fuimos a votar y estamos defendiendo nuestros votos se ha podido avanzar y desnudar mucho de lo que sucedió. Es un trabajo fuerte el que se ha hecho y el que se continúa realizando, en el cual miles de venezolanos han contribuido y cientos de técnicos y decenas de abogados han trabajado y siguen haciéndolo. Esta lucha que encabeza Capriles no es contra un árbitro electoral. Es, como suele decir Gerardo Fernández, contra el Estado -y sus instituciones- que ha sido tomado por una parcialidad política para servirse de él, «con el afán de conservar el poder a toda costa», como lo expresa el IAEE en su informe.
@GerardoBlyde
