Opinión Nacional

VENEVISIÓN, Amenazas Creíbles y Autocensura

El episodio de no-renovación de la concesión de RCTV y la posterior renovación de las concesiones al resto de canales privados de señal abierta, ha suscitado numerosos pronunciamientos y críticas de parte y parte.

Según nota de prensa publicada por El Universal el 12 de julio de 2007, la alta directiva del canal 4 asegura que no podía haber existido pacto o acuerdo alguno, una vez que la renovación de la concesión se materializo para un periodo de solo 5 años.

En específico la nota de prensa establecía que: “Por cinco años solamente fue renovada la licencia al canal de la Colina y no por los 25 años que se había solicitado, agregó Gustavo Cisneros. Sin embargo, el canal busca la apelación a esa decisión del Gobierno.

El magnate de medios de comunicación criticó este miércoles la excesiva politización de la televisión en Venezuela y cuestionó la creciente restricción de los espacios para los medios independientes, a la vez que anunció que Venevisión tendrá en adelante una cobertura noticiosa «equilibrada», con espacios iguales para el Gobierno y la oposición«.”

Sin embargo, una de las formas de analizar cómo pudo haber transcurrido la “eventual” negociación, es según un juego, el cual metodológicamente se resuelve “hacia atrás”, lo que podría sonar contra-intuitivo en un principio. Acotamos que en este artículo utilizamos el término “negociación” no exclusivamente como un proceso de mutuo acuerdo, previa reunión entre las partes. Ampliamos la acepción al proceso en el cual se produjo el proceso de renovación, sin que ello implique que las partes se reunieran previamente, pero si que contaran con información suficiente y con señales lo suficientemente claras como para disuadir a la contraparte a tomar ciertas decisiones.

Si el Gobierno esperó hasta tiempos previos a la toma de decisión de renovación o no de las concesiones sobre el uso del espectro radioeléctrico para negociar o realizar algún tipo de presión sobre el eventual comportamiento futuro del resto de las televisoras, las condiciones de las renovaciones pudieron estar incluidas explícitamente como una amenaza creíble, para que justamente las televisoras privadas de señal privada “entraran en cintura”.

El hecho de que finalmente el periodo de renovación en el uso se acortara a 5 años, y no fuese 25 años como solicitara el empresario venezolano, en ningún momento resulta suficiente evidencia de que no se “negoció” (utilizando la acepción anterior). Por el contrario, las opciones que con seguridad el Gobierno puso de entrada sobre la mesa fueron: 1) no renovación 2) renovación dejando el perfil de ataque al Gobierno Nacional.

Puede derivarse del sentido común que cualquier representante de un canal privado de señal abierta pudiera haberle dicho al Gobierno lo que quería escuchar de él al momento de la negociación, para luego hacer lo que le venga en gana. Por ello, el Gobierno, eventualmente, tenía que blindar su estrategia de presión para resultar amenazante y creíble, bien ex ante si la información era mutuamente conocida a la hora de “negociar” o incluso ex post a la renovación.

Así las cosas, un hecho que pudo resultar cierto, es que el periodo de duración de la concesión nunca estuvo en negociación, sino que fungiría justamente como parte de la amenaza creíble, conjuntamente con el hecho de no-renovación de la concesión a RCTV. Así las cosas, pudo ocurrir que el Gobierno utilizó esta cláusula o período de concesión para amarrarse a una regla y resultar lo suficientemente amenazante y creíble y hacer claudicar al adversario de antemano o una vez renovada la concesión.

A ciencia cierta, existirían tres opciones en manos de los dueños de los canales de televisión de señal abierta ante las opciones eventualmente expuestas por el Gobierno:

1) No aceptar las condiciones y perder la concesión.

2) Decirle al Gobierno que acepta las condiciones y luego no cumplir, atacando frontalmente al Gobierno en los años sucesivos, pero arriesgándose a que terminado el periodo de la concesión, no se produjese renovación alguna (riesgo tremendamente alto, con eventual probabilidad 1, una vez que se conociese la no-renovación de la concesión a RCTV).

3) Decirle al Gobierno que acepta las condiciones y luego, efectivamente cumplir lo prometido con respecto a la neutralidad, o incluso favorecer a la posición oficial en la programación del canal.

Luego, la no renovación de la concesión a RCTV sirvió para actualizar las creencias que previa a la negociación podrían haber tenido los dueños de medios, sobre la posibilidad de que efectivamente el Gobierno venezolano cerrara un canal.

Las tres opciones anteriores en manos de los propietarios de los canales privados de señal abierta se encuentran ordenadas según el beneficio económico que les reportaría a sus propietarios su adopción (los ingresos anuales proyectados a lo largo del tiempo mientras operan con concesión, descontados por un factor). Si efectivamente este criterio explicó el resultado que hoy podemos ver en pantalla (canales con concesiones renovadas y la actual programación) podríamos concluir que los canales no son políticos como los tilda el Gobierno. Ahora bien, igualmente podríamos concluir que esta eventual estrategia del Gobierno afecta la programación que originalmente debería estar condicionada por la aceptación de la tele-audiencia.

Quedará como tarea para los lectores encajar en el juego anteriormente descrito, si efectivamente existe alguna causalidad entre el periodo de renovación de concesiones y, la reflexión y concienciación sobre el “equilibrio” mediático que muestra el director del canal 4 ex post a la renovación de la concesión. En defensa de los actores privados se encuentra el hecho de que la amenaza creíble los sacaría o los sacará del juego mediático, sin embargo a la luz del necesario equilibrio mediático nacional queda evidenciado lo frágil de la libertad de expresión ante amenazas creíbles y la “autocensura”. Recordemos que el espectro radio eléctrico es un bien de dominio público, pertenece al Estado, o mejor dicho a los venezolanos y no al Gobierno de turno.

Economista
Master en Economía Industrial

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