Venezuela, dictadura de facto
Caracas (AIPE)- «Ante el desconocimiento evidente del régimen de Hugo Chávez de los principios y reglas que rigen la democracia y los derechos humanos», el Senado de Colombia aprobó una propuesta que exhorta a la Organización de Estados Americanos (OEA) a aplicar la Carta Democrática en Venezuela.
La iniciativa del Senado, liderada por Enrique Gómez Hurtado, se tomó con el propósito de evitar «la instauración definitiva de una dictadura y las consecuencias impredecibles que de ello se deriven para este país hermano y para el continente».
Los más recientes hechos de violencia ocurridos entre el 27 de febrero y el 5 de marzo, y en los que murieron 14 personas –amén de las torturas, desapariciones y lesionados– colocaron al gobierno de Venezuela en una situación diferente ante la luz pública internacional.
Si bien la Carta Democrática se mantiene activada desde que se agravó la crisis política en el país y se requirió la presencia de la OEA y de la constitución de un grupo de países amigos, los brutales procedimientos gubernamentales para reprimir las marchas de oposición pusieron a Venezuela en el ojo del huracán. En realidad, se trata de un punto más de una larga lista de violaciones al Estado de Derecho que acumula el gobierno de Chávez y que después de cinco años ha disparado la señal roja de alarma.
Entre las consideraciones del Senado colombiano se encuentra el desconocimiento y descalificación de las actuaciones de los organismos internacionales que mantienen a sus representantes en Venezuela para mediar en el conflicto político. Las constantes violaciones a los principios básicos democráticos, hacen concluir a los parlamentarios neogranadinos que ello representa «un golpe de Estado al desconocer la Constitución y los derechos democráticos de los ciudadanos, colocando al presidente Chávez en una dictadura de facto, a pesar de haber sido elegido democráticamente…».
Tal como podía esperarse, el gobierno de Venezuela a través de algunos de sus voceros reaccionó calificando la iniciativa como de injerencia en los asuntos internos del país, como lo ha hecho cada vez que algún país u organismo internacional se pronuncia sobre la crisis venezolana y el comentario no le es favorable al gobierno de Chávez.
Al margen de las discusiones que inicie el gobierno de Venezuela sobre el álgido punto, lo cierto es que cualquier persona, razonablemente informada, sabe muy bien que las consideraciones y hechos expuestos por el Senado colombiano son ciertos.
(*): Director, VenEconomía.
