Venezuela: ¿Entre la Paz y la Guerra?
“En las sociedades democráticas está arraigada cada vez más la convicción de que las Fuerzas Armadas están llamadas a ser instrumento de paz y concordia entre los pueblos y de apoyo a los más débiles”, reflexión del Papa Juan Pablo II (1999) que cobra vigencia en los actualidad venezolana. El mensaje central es claro y preciso “ser instrumento de paz y concordia”, en una Venezuela que requiere de sus instituciones una participación más activa, la cual debería estar enfocada a establecer los espacios de diálogo, que oposición y gobierno han decidido cerrar, en defensa de cuotas de poderes políticos y poderes económicos. La imagen que en los últimos días ha proyectado la Fuerza Armada a través de uno de sus componentes la Guardia Nacional, ha sido contraria a los principios democráticos, se han convertido en instrumento de guerra y de discordia, entre los ciudadanos, al igual que los sectores más radicales de la oposición que han usado las protestas violentas como catarsis ante la incompetencia del gobierno de hacer valer los derechos de los ciudadanos.
La Constitución contempla la posibilidad de que la ciudadanía canalice su descontento a través de la activación de mecanismos constitucionales de participación política. Las marchas, las protestas (Art. 68), son espacios de expresión de la inconformidad de un sector de la población. No importan la cantidad de sus integrantes. Es un derecho político. Este espacio se le ha negado y, la Guardia Nacional, componente de la Fuerza Armada, ha evitado ese derecho. Ha irrespetado la vida y la tranquilidad de quienes han manifestado estar en contra del gobierno del Presidente Hugo Chávez y no han asumido que deben estar “al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna” (Art. 328). Esta acción inicial del la Guardia Nacional en la marcha del pasado 27 de febrero ha generado que los sectores violentos tomen el control de la protesta. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
Los hechos que ocurren en nuestra nación ya no son de simple simpatía o no hacia un gobierno, o hacia unos partidos políticos de oposición, es un problema de raíz de la defensa de los derechos fundamentales y de los derechos políticos de los venezolanos. ¿Qué esperan las instituciones venezolanas? La confrontación verbal entre hermanos está presente. ¿Están a la espera de una confrontación armada? ¿Pretenden los sectores políticos revivir los hechos del 4 de febrero de 1992, del 11 de abril de 2002, del paro nacional de diciembre del 2003?
Estos días hemos sido testigos de la incompetencia de los responsables del Poder Público Nacional en todas sus divisiones. Un Poder Ejecutivo que asume autoritariamente el poder y que utiliza un lenguaje de izquierda simplemente para mantener el espíritu de lucha de sus adeptos. Un Poder Electoral que responde a las directrices del Poder Ejecutivo, los cuales se hunden en sus propias contradicciones. Un Poder Legislativo que no asume su responsabilidad como representantes de la sociedad venezolana. Un Poder Ciudadano y un Poder Judicial en silencio. ¿Dónde puede acudir el ciudadano? ¿Dónde está la autonomía funcional que la Constitución consagra en cada uno de los Poderes? Muy lejos en Venezuela están los principios revolucionarios de la Revolución Norteamericana, de la Revolución Francesa y de la “mal denominada” Revolución Bolivariana. No es un problema de simpatías, estamos ante signos de incompetencia, los cuales permiten concluir que son reales, por sus constantes reincidencias. ¿Qué hacer entonces cuando los ciudadanos se sienten indefensos?
La activación de un referendo popular es otro mecanismo contemplado en la Constitución (Art. 71 y ss); pero se enfrenta a la incompetencia de un Poder Electoral que pareciera no ser capaz de tomar una decisión con base en su autonomía. ¿A quién debe dar cuenta? ¿Con quién hay que concertar si la solicitud la realizaron los ciudadanos? ¿A los partidos políticos, al Poder Ejecutivo o a las Organizaciones Internacionales? Se supone que a los ciudadanos, en especial a los que solicitaron activar un referendo revocatorio a los diputados de la Asamblea Nacional y al presidente del país. No obstante han demostrado con signos muy evidentes que carecen de criterios para planificar y, carecen de estrategias para el manejo de políticas comunicacionales hacia los medios de comunicación social. LA decisión del CNE de someter a reparo 876.017 firmas no es sino un signo más de una interpretación de la ley servil a los intereses del poder de turno.
Es cierto que la violencia desde ninguna perspectiva es justificable; pero cuando los Poderes responsables de la defensa de la ciudadanía no asumen su papel, los radicales violentos asumen un protagonismo, el cual usan en nombre de todos los venezolanos. La sociedad venezolana ha demostrado no optar por la violencia. La mayoría de la población está indefensa ante las posturas radicales de los actores políticos. Entonces es el momento que cada una de las instituciones democráticas asuman su papel, en beneficio de la paz y la democracia venezolana. Los próximos días y meses son claves en la vida nacional de Venezuela. Esperamos que las instituciones estén a la altura del momento histórico actual.
(*): Comunicador Social. (%=Link(«http://www.cegecom.org/vp»,»http://www.cegecom.org/vp»)%)
