Venezuela: La quimera de la enmienda
La acción política del bloque socialista oficial -definitivamente perturbada por un oscuro afán reeleccionista-, se aleja cada vez más del marco constitucional bolivariano vigente en el país. Y es que ahora, además de la proposición de reelección indefinida para el cargo de Presidente de la República, se ha extendido la misma intención continuista para todos los cargos de elección popular como diputados a la Asamblea Nacional, a las Gobernaciones de las entidades federales, a las Alcaldías Metropolitanas, a las Alcaldías Municipales y, los diputados a los Consejos Legislativos Regionales, a los Concejos Municipales y a las Juntas Parroquiales. Es decir, el oficialismo “dió su salto cualitativo” y, de una propuesta de enmienda (ampliamente desaprobada; por cierto) pasó a una propuesta de reforma constitucional de las bases de elección de nuestro sistema republicano. La enmienda es ahora una reforma.
En realidad y, aunque en Venezuela se haya impuesto lamentablemente un escepticismo en cuanto a la vigencia de la aplicación de la Constitución y del resto del marco legal; no puede dejar de mencionarse que, la nueva propuesta presidencial supone la reforma de seis (6) artículos sustanciales de nuestra Constitución Bolivariana como lo son: el número 160 (referido a la elección de gobernadores), el 162 (vinculado a la elección de diputados a los consejos legislativos regionales), el 174 (que toca a los alcaldes), el 175 (relacionado con los concejales), el 192 (relacionado con la elección de diputados a la Asamblea Nacional y, por supuesto, el 230 –el más codiciado- que comprende la reelección del cargo del Presidente de la República. Pero además, la sugerencia oficial también supondría la reforma de otros instrumentos legales como: la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y las leyes especiales referidas a los Distritos Metropolitanos de Caracas y del Alto Apure.
La propuesta encierra una pretensión por el “usufructo clientelar y monopólico” del ejercicio de gobierno y, además representa un golpe directo a los principios fundamentales de la República Bolivariana de Venezuela. Así, el oficialismo quiere “colocarse” por encima de la Carta Magna, tratando de desconocer que se encuentra sujeto a ella, en forma indefectible. En este contexto, la “institucionalidad revolucionaria” se alista para agilizar la realización de la consulta electoral, a paso de vencedores. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia ya ha declarado sobre la constitucionalidad de la solicitud de enmienda; la Asamblea Nacional se apresta a sancionar la enmienda; incorporando en su segunda discusión la “reforma” de los artículos constitucionales vinculados al tema. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral también ha dado su paso al frente, postergando la creación de nuevos centros de votación, omitiendo la revisión del registro electoral y excluyendo a casi ochocientos mil nuevos electores que tendrían derecho a opinar. Por último, el gobierno comenzó su campaña electoral, sin ningún tipo de control o restricción institucional. Ya hasta en las estaciones del Metro de Caracas se escucha música con letra en apoyo a la enmienda.
Quizás desde la óptica gubernamental todo lo anterior pudiera estar muy bien. Pero la realidad es otra. La propuesta reeleccionista no termina de conseguir el arraigo en la población venezolana. Además, el viraje táctico emprendido por el Presidente Chávez; extendiendo la propuesta de reelección hacia el resto de los cargos de elección popular fue percibido –de la manera más piadosa- como una demostración de mero oportunismo político, frente al rechazo que viene despertando la propuesta continuista. El bloque oficial y su liderazgo optaron por la “quimera totalitaria” que siempre acompañó a las viejas revoluciones socialistas: la eternización en el poder. Una quimera, que por cierto, sólo sirvió para sepultar la libertad de pueblos y naciones. Pero en Venezuela, el próximo 15 de Febrero -por decisión del pueblo- esa quimera, ese desvarío autoritario no pasará.
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