Venezuela: robo legalizado
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció a principios de enero que las tierras “ociosas” serán expropiadas por su gobierno. Tal anuncio lo hizo en el estado Apure, región fronteriza con Colombia, donde hay grandes hatos ganaderos. Ante la inseguridad que ha prevalecido allí durante muchos años, los dueños de esos hatos se han marchado a la capital, temerosos y cansados de pagar rescates a guerrilleros colombianos y demás bandidos que se han apoderado de la región.
Entonces vemos que debido a que el estado venezolano ha incumplido descaradamente con su principal obligación –la de proteger la vida y propiedad de los ciudadanos- el gobierno se basa en una nueva constitución, ambigua y estatista, redactada por el propio Chávez y su camarilla marxista, para proceder a robarle esas tierras a sus legítimos dueños.
Arthur Lee (1740-1792), oriundo de Virginia y uno de los precursores intelectuales de la independencia de Estados Unidos, mantenía que “la propiedad es el guardián de todos los demás derechos y despojar a la gente de sus propiedades significa arrebatarles su libertad”. Fue el respeto a la propiedad lo que hizo posible la Revolución Industrial, el aumento de la población y del nivel de vida de la gente. Pero Chávez pretende devolver a Venezuela al oscurantismo medieval.
La intención del gobierno venezolano es imponerle impuestos confiscatorios a los predios rurales para obligar a los propietarios a ceder o a venderle al estado las tierras que el presidente quiere para mudar al interior del país a los cientos de miles de damnificados por las lluvias torrenciales de diciembre, que devastaron gran parte del litoral central venezolano.
La mayoría de los damnificados vivían en terrenos municipales y nacionales, donde habían fabricado viviendas de cartón y tablas, sin a las autoridades preocuparles para nada que muchas de ellas estaban en laderas peligrosas y hasta en los mismos lechos de ríos y quebradas.
El remedio, claro está, era que el gobierno les vendiera a precios simbólicos la propiedad de esas tierras a los ocupantes. Ello, en poco tiempo, hubiera cambiado radicalmente el aspecto y la seguridad de esos barrios marginales. Al ser propietarios de sus humildes viviendas, los habitantes de esos barrios hubieran mejorado drásticamente la calidad de las construcciones, viéndose libres de hacer toda clase de transacciones y quizá conseguir pequeños créditos. El gobierno habría podido adquirir las bienhechurías (los ranchitos) en las zonas de alta peligrosidad, procediendo a pagarlas concediendo títulos de propiedad sobre otros terrenos de la nación, para la reubicación de esas familias en peligro.
Pero eso de promover que los pobres se conviertan en propietarios va contra los intereses de la clase política venezolana, la cual siempre necesitó una muchedumbre descamisada, dependiente del gobierno.
El nuevo plan de Chávez es diferente. No importa la inmensidad de terrenos nacionales y municipales baldíos o subutilizados a lo ancho y largo de la nación. El propósito es una eliminación estalinista de los kulaks venezolanos (propietarios rurales) y la transportación masiva de la población marginal de los alrededores de Caracas al campo, donde no hay ni viviendas ni trabajo para esos cientos de miles de damnificados.
El socialismo centralista de los gobiernos adecos (socialdemócratas) y copeyanos (socialcristianos) depauperó al campo venezolano, atrayendo la población rural a los centros urbanos, donde recibía migajas del presupuesto nacional, bajo los llamados “programas sociales”. Ahora el socialismo chavista promete revertir esa tendencia de cuatro décadas, con traslados más o menos forzados a inmensas áreas comunitarias, donde los habitantes dependerán para todo del favor presidencial.
El Instituto Agrario Nacional, encargado por años del inmenso y fracasado fraude llamado “reforma agraria”, ahora será denominado Instituto de la Tierra. Es una vieja tradición de los gobiernos venezolanos cambiar de nombre a sus entes burocráticos más ineficientes y corruptos, tratando de hacer borrón y cuenta nueva, pero logrando siempre fracasos cada vez más costosos. Además, eso de Instituto de la Tierra suena aterradoramente orwelliano.
No deja de llamar la atención que el gobierno de Chávez, dispuesto a desmantelar rápidamente lo poco que queda de instituciones fundamentales, como la seguridad jurídica y la propiedad privada, proceda aceleradamente a inventar novedosas “instituciones” que concentran más y más poder en manos del presidente.
Artículo enviado por la agencia de prensa AIPE para Venezuela Analítica
