Opinión Nacional

Venezuela una democracia fallida

Un proyecto político radical, autoritario y antidemocrático está demoliendo, sistemáticamente, las debilitadas instituciones democráticas venezolanas, construidas durante medio siglo. El sistema político venezolano, apoyado en una estrategia de conciliación de intereses entre los actores políticos participantes, está siendo sustituido por un sistema político autoritario, personalista y de vocación totalitaria, basado en una estrategia de confrontación y de movilización de actores políticos radicalizados. La otrora poderosa democracia venezolana ha fallado. La fortaleza de su política incluyente de la disidencia armada ha mostrado su vulnerabilidad. La excesiva concentración del poder de decisión, en manos de una menguante elite partidista surgida en la Venezuela de 1958, a la postre, actuó como un corrosivo de las instituciones y reglas de la democracia. Las políticas públicas propias de una sociedad abierta fueron progresivamente sustituidas por la voracidad clientelar de los partidos y del Estado. Una vez más, como enseña la historia, tales desvaríos estimularon la acumulación de tensiones políticas y sociales. Y para mal de males, la abundante riqueza petrolera se despilfarró en manos de funcionarios públicos electos para su sana administración, fortaleciendo un Estado paternalista y protector, fuente de toda corrupción pública.

La respuesta a tales fallas del sistema democrático, se articuló a través de una alianza de militares y civiles, utilizando los mecanismos electorales, logrando movilizar a millones de venezolanos socialmente excluidos, portadores de una cultura política mesiánica heredada de centurias de caudillismo. Una contra elite , alimentada por las debilidades de la democracia, ha logrado constituirse en elite gobernante y durante ocho años se ha empeñado en convertirse en una elite del poder, desplazando implacablemente a los líderes de los partidos políticos clásicos de las posiciones publicas; depurando las instituciones jurídicas, electorales, financieras, petroleras y militares de la presencia de jueces, autoridades, gerentes y oficiales de distinto rango con opiniones políticas diferenciadas.

El modelo democrático representativo venezolano está siendo sometido a su más dura prueba existencial al intentar ser sustituido por un indefinido y confuso modelo “de democracia participativa y protagónica”. Hasta el presente, aún persiste el acto electoral para la selección de los funcionarios que han de ocupar los cargos públicos de elección universal. El proceso de concentración del poder militar en la Presidencia de la República y la tenaz persistencia de una radical cultura personalista, autoritaria, militarista, estatista y populista en el ejercicio del poder, han debilitado profundamente la institucionalidad democrática, la independencia de los poderes públicos, del Banco Central y las relaciones democráticas entre el mundo público y el privado. La propiedad privada, la libre empresa, la educación libre y la familia se encuentran perturbadas por la acción del Jefe del Estado. La Asamblea Nacional ve lesionada su función democrática parlamentaria al verse obligada a aprobar una Ley Habilitante que le da todo el poder de decisión al Ejecutivo para reformar la Constitución y las leyes y ponerlas a tono con la radicalización estatista de su modelo político no democrático.

En este contexto, se le transfieren a la Fuerza Armada una diversidad de funciones y misiones que exceden su capacidad institucional y presupuestaria. Se le somete a un cambio estratégico radical, donde la definición de la amenaza se concentra en la hipótesis de una supuesta agresión externa planificada, dirigida y logísticamente apoyada por la más poderosa potencia militar del mundo. No es necesario ser un estratega militar para imaginarse las inmensas dificultades para responder con éxito a tal hipótesis de guerra. Por otra parte, se le solicita a la Fuerza Armada, un cambio radical de estructura de valores que, coloca la cultura militar democrática, institucional y constitucionalista de la Fuerza Armada Venezolana, en la disyuntiva de producir una ruptura epistemológica con los paradigmas democráticos y libertarios, para sustituirlos por modelos teóricos y prácticas políticas totalitarias que, no han podido superar la prueba histórica a la cual han sido sometidas en el pasado reciente.

Un cierto tipo de ”enfermedad senil” crónica, afecta la propuesta socialista del siglo XXI que, mezclada con políticas estatistas y populistas, se intenta convertir en la ideología oficial del Estado y en consecuencia en la nueva doctrina política de la Fuerza Armada Venezolana. El Ministro de la Defensa ya ha señalado que la Fuerza Armada espera incluir entre las leyes a ser decretadas por el Ejecutivo, en el período de vigencia de la Ley Habilitante, la reforma de la Ley Orgánica la Fuerza Armada, la Ley de Disciplina Militar, la Ley de Seguridad Social de la Fuerza Armada, la Ley de Conscripción Militar, la Ley que regule “la participación activa en el desarrollo nacional” y la Ley que regule la actividad de la Reserva y la Guardia Territorial.

Habrá que esperar hasta que, estos instrumentos normativos sean decretados, para tener un cuadro más claro de las misiones, organización y estructura definitiva del Ministerio de la Defensa y la Fuerza Armada Venezolana, por lo pronto estas instituciones están en una etapa trágica de transición existencial. Sobre todo, cuando, por una parte el primer decreto dentro del período de la Ley Habilitante fue para crear la condecoración “Orden 4 de febrero” y otorgárselas a los golpistas fracasados de esa aciaga fecha y por la otra, el General Alberto Muller Rojas, miembro de la “Jefatura del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe”, asesores militares del Presidente, ha declarado que, “la reserva militar, en la que están inscritas cerca de un millón de personas, es la garantía de que en Venezuela no se producirán insurrecciones en la Fuerza Armada”, en otras palabras la Reserva y la Guardia Territorial son para tareas propias de una guerra civil. Los comentarios sobran.

*Profesor de Sistema Político Venezolano
Universidad Central de Venezuela

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