Opinión Nacional

Viene el asalto

La estrategia del gobierno está clara. Mantendrá ciertas formas de democracia mientras le convenga, de lo contrario, asaltará hasta aniquilar todas las instituciones, incluidas las que ya controla si en ellas toma asiento alguna disidencia.

El Consejo Nacional Electoral, sometido a los dictados del gobierno a través de Roberto Ruiz, no pudo completar la faena de desconocer a la CTV y no le quedó más camino que el desmantelamiento desde adentro. Aunque pudiera funcionar con los miembros restantes, el gobierno y los directivos de la Asamblea Nacional los desconocerán si no se avienen a sus órdenes. El gobierno no está dispuesto a permitir la elección del nuevo CNE conforme la consagra la Constitución, no por el tema de la CTV, con la que no pudo, sino para impedir la convocatoria del Referéndum Consultivo que políticamente terminaría con el régimen.

La Asamblea Nacional, poco a poco va conformando una mayoría de disidentes y el gobierno no tolerará que esa institución funcione si es el costo que tiene que pagar para impedir que comiencen los votos de censura, como el que se plantea dar al Ministro del Interior como responsable del desenfreno policial ilegal del gobierno.

La Fuerza Armada se encuentra paralizada institucionalmente, porque está sometida a un intenso proceso de escrutinio por los organismos de inteligencia, dado el miedo que sobrecoge a Miraflores. Los oficiales lo que hacen es defenderse del ominoso ambiente político, pero las tareas propias de la institución están relegadas.

PDVSA está en proceso de exterminio, porque el gobierno y los “comisarios del pueblo” enviados a la captura de la presa, no creen adecuado dialogar en serio, sino extirpar a centenares y miles de profesionales y técnicos para hacer una industria revolucionaria. El crimen que están cometiendo Gastón Parra y sus camaradas es de formidables proporciones.

Los instrumentos que usó el gobierno para capturar las instituciones fueron las que proporcionó el Tribunal Supremo de Justicia con la dúctil tesis de Delgado Ocando sobre la transición, es decir, que el gobierno podía hacer cualquier cosa, incluso no aplicar la Constitución en esta etapa “creadora” de cambios.

Sin embargo, ahora no se trata de capturar las instituciones sino de exterminarlas si es necesario. ¿Por qué pulverizarlas si ya las controlan? Porque controlan sus directivas pero no a la gente del medio o de abajo, como en el caso de la FAN o PDVSA, o porque a pesar de tener mayoría, como en la Asamblea Nacional, las discrepancias propias del debate les van haciendo cada vez más angosta esa mayoría y la perspectiva es perderla.

Los instrumentos que el régimen está dispuesto a usar son diversos, pero esencialmente son dos: el Estado de Emergencia, con miras al desarrollo de un autogolpe revestido de cierto maquillaje para que al Tribunal Supremo lo bendiga, como siempre. En el marco de esa emergencia se procedería a la represión de los medios de comunicación, militares activos y retirados, así como a la disidencia en general.

El otro instrumento es el uso de las tropas de asalto, para impedir el funcionamiento normal de algunas instituciones. Cuando se fue a elegir la Directiva de la Asamblea en enero, el gobierno movilizó las bandas de facinerosos que colocaron al parlamento “en estado general de sospecha”; es decir, si había el peligro de que se eligiera a unos directivos disidentes, se asaltaba a la Asamblea y el discurso que adornaría el asunto sería sobre “el incontrolable descontento del pueblo”. El jueves pasado, cuando había el riesgo de que se discutiera la inclusión en la agenda del voto de censura hacia el Ministro del Interior, nuevamente los grupos de asalto se hicieron presentes, agrediendo a los parlamentarios de oposición e impidiendo el funcionamiento de la Asamblea.

La información para las acciones de hostigamiento y represión contra los disidentes proviene de la Disip y la Dim, pero son ejecutadas por esos grupos “espontáneos”. Sólo si el gobierno logra imponer el Estado de Emergencia actuarían abiertamente los organismos policiales de represión y (según lo que aspira Chávez) los militares.

Estos escenarios tienen algunos problemas para su realización. El primero, es la movilización de la oposición, de los sectores sociales afectados, de los ciudadanos comunes y corrientes que han pasado a constituir una mayoría de opinión a la que no es fácil someter con la intimidación cotidiana; es más, se han movilizado como protesta contra esa intimidación.

El segundo, consiste en que los medios de comunicación están unidos y macizos en la defensa de la democracia; pasó la época en las que las presiones y las fanfarronadas presidenciales eran efectivas, ahora ningún medio va a ceder aunque el gobierno amenace con cerrarlo. O aunque lo cierre.

Tercero, el gobierno ha sufrido un mazazo en el occipital con el descaro de los 70 millones de dólares del avión empleados para complacer la estolidez presidencial; el efecto popular de esa insolencia, junto a la inflación y al desempleo, es devastador.

Cuarto, los gobiernos democráticos del mundo, ya no sólo Estados Unidos y América Latina, han aislado a Chávez y cualquier acción punitiva contra la oposición o los medios, o destinada a darle cobertura al autogolpe, será enfrentada internacionalmente; en este sentido, la apelación a la Carta Democrática Interamericana está siendo consultada por diversos Estados ante la eventualidad de un zarpazo en Venezuela.

Quinto, los sectores democráticos del chavismo se deslindan del autoritarismo, mediante un proceso complejo, y en ningún caso van a acompañar la locura final del lobo en el búnker, destinada a instalar el despotismo.

En este sentido, el papel de la Fuerza Armada es esencial. No para dar golpes de estado, sino para impedir el autogolpe, para impedir que se la use en contra de la sociedad que protesta.

El país ha entrado nuevamente en una fase extremadamente peligrosa. La prudencia, la firmeza y la sabiduría de la oposición son los instrumentos más poderosos frente a un gobierno que perdió su estabilidad política y emocional.

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