Opinión Nacional

Vivir en dignidad

El proyecto de ley de muerte digna supone un paso adelante en el derecho de las personas a recibir cuidados paliativos durante los últimos días de su vida. La falta de información o la carestía de medios materiales son algunas de las causas por las que sólo el 30% de los pacientes recibe este tipo de cuidados en España. Además, se calcula que más de la mitad de los países de todo el mundo carecen de algún tipo de procedimiento para paliar el dolor.

La ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte permitirá a los pacientes de la sanidad, tanto pública como privada, tener el derecho de reclamar o rechazar el tratamiento de sus enfermedades con cuidados paliativos, además de incrementar la seguridad jurídica de los profesionales. Reforzar y definir los derechos de los enfermos y del personal médico es una necesidad que ahora se ve satisfecha, pero la prioridad es garantizar los medios materiales y humanos para que todos los pacientes tengan la posibilidad de ejercer esos derechos, algo que, hasta ahora, no era posible.

Se estima en 200 el número de unidades de cuidados paliativos que han de crearse para poder cubrir a toda la población española. Actualmente hay 350, un número insuficiente para atender a los 200.000 enfermos terminales que necesitarían de sus servicios cada año. Aún así, el crecimiento de estas unidades es progresivo, ya que su presencia ha aumentado un 33% respecto al año 2004. La mayoría de estos cuidados suelen practicarse en los domicilios de los pacientes y por sus familiares. Junto al dolor físico que sufren a causa de sus enfermedades, hay un componente que adquiere una importancia capital: el dolor psíquico, reducido en cierto modo cuando el entorno en el que se encuentran es el de su hogar y no el de la sobria habitación de un hospital. El hecho de que la mayoría de los cuidadores sean los propios familiares, en el 70% de los casos mujeres, requiere que se lleven a cabo iniciativas para informarles sobre todo lo relativo a la enfermedad de su ser querido, desde las dolencias y cómo mitigarlas, hasta la forma de comunicarse con él. La formación de estas personas es tan importante como la necesidad de aumentar el número de profesionales acreditados.

A la escasez de unidades de cuidados paliativos se une la desigual presencia de éstas según las diferentes Comunidades Autónomas y las políticas que se lleven a cabo en cada una de ellas. Castilla La-Mancha, con menos de la mitad de habitantes que la Comunidad Valenciana, posee más unidades que ésta, a pesar de que las direcciones nacionales del PSOE y del PP coinciden en la defensa de los cuidados paliativos. Ya existe un consenso político, algo de gran valor si tenemos en cuenta el continuo enfrentamiento entre los dos partidos mayoritarios en España en temas cercanos como la eutanasia. No es una falta de entendimiento, es una falta de iniciativa, de conocimiento por parte de quienes han de tomar las decisiones. Falta la percepción de que estamos ante una necesidad que urge satisfacer.

El derecho a morir sin dolor es vivir en dignidad. Sin embargo, la concepción de muerte digna es objeto de controversia por parte de los sectores más radicales. Miden la dignidad de la muerte de las personas según el grado de dolor que han sufrido, y ponen como ejemplo a Jesucristo. No conciben que no sólo se trata de paliar el dolor físico que sufre el enfermo terminal, sino también de reducir su sufrimiento psicológico y la angustia y el agotamiento mental de sus familiares y seres queridos. A la tristeza que supone perder a alguien cercano no hay por qué añadirle un último recuerdo de padecimiento corporal. La propia Iglesia Católica lo dice: “descanse en paz”.

“Lo auténticamente digno es la vida”, ha dicho en alguna ocasión el Arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo. ¿Y qué es la muerte, sino la exaltación de la vida?

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