Opinión Nacional

¿Y por qué se ofenden?

Los jerarcas oficialistas se muestran agraviados en grado sumo cuando se les señala de conniventes con las FARC o el ELN. Y la verdad es que costaría mucho el pensar que no lo fueran, precisamente por las reiteradas demostraciones al respecto que a veces, incluso, se ufanan de ofrecer.

El propio señor Chávez pide minutos de silencio en homenaje fúnebre  los cabecillas principales de la narcoguerrilla colombiana, como Marulanda o Reyes. Muy cerca de Miraflores, los partidarios de su régimen les erigen estatuas y les tributan conmemoraciones. La retórica política de la «revolución bolivarista» en relación con el conflicto interno de Colombia no es muy distinta a la versión de los faracos e elenos.

El gobierno de boinacolorá no sólo se ha negado a aceptar que sean grupos terroristas, tal y como son calificados, por ejemplo, por la ONU y la Unión Europea, amén de muchos gobiernos de la región, sino que ha solicitado formalmente que se les reconozca la entidad de «beligerancia política», lo que les daría una suerte de estatus diplomático y les haría acreedores de tratamiento preferencial a nivel internacional. Exactamente lo que quieren las FARC y el ELN.

Ha sido pública y notoria la «hospitalidad» gubernativa roja-rojita a figuras importantes de esos grupos, tanto de sus frentes militares como de sus frontis políticos, y al margen o en contra del consentimiento gubernativo de Colombia. Y algunos hasta han portado cédulas venezolanas expedidas legalmente y se han inscrito en el registro electoral, como Rodrigo Granda, nadie menos que el «canciller» de las FARC.

En variadas zonas de la frontera venezolana con el vecino país, es de dominio general que comandos de la narcoguerrilla colombiana ejercen una influencia cuasi-soberana. Y a pesar de las innumerables denuncias a lo largo ya de muchos años, la situación no cede sino se consolida. ¿Ello es posible a espaldas del Estado nacional? Ciertamente que no.

Y ello por una razón sencilla: una cosa es la dificultad estatal para impedir las «incursiones» puntuales y esporádicas de la guerrilla extranjera en tan vasto territorio limítrofe, y otra muy pero muy diferente es que logren establecer una presencia regular y permanente en áreas específicas, desde las que actúan sin demasiado sigilo. Con dos divisiones del Ejército nacional en la frontera, una en la Guajira y otra en San Cristóbal, amén del despliegue militar en los teatros operacionales, no es creíble la excusa por «falta de conocimiento».

Pero a pesar de tantas variables y evidencias sobre la vinculación especial entre el régimen de Chávez y la guerrilla colombiana, la jefatura de aquél se encoleriza si sus críticos sacan la cuenta de que dos más dos son cuatro. Y se hacen los ofendidos por disimulo, desde luego, porque quieren «cuidar» las formas y extremos legales en materia de acuerdos internacionales en contra del terrorismo.

Se «ofenden» por conveniencia, al igual que ante los planteamientos sobre la orientación comunista de la «revolución». Y es que siempre andan en una de meter gato por liebre, tal y como los precisa Luis Ugalde. Por eso cada día merecen menos crédito, acá y acullá.

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