¿Pacificación o impunidad? Régimen usa a delincuentes para control político y social de la protesta
En días pasados, la periodista Olga Maribel Navas relató en UNRadio la impactante experiencia vivida por ella al asistir a una reunión entre representantes del régimen y una peligrosa banda que opera en la Autopista de Oriente. Pueden escuchar lo que ella, con angustia, califica como “el tremendo problema en el que estamos metidos los venezolanos” , de su propia voz, en este enlace:
Todo ello ratifica lo que afirmamos el 11 de febrero durante la presentación del libro Estado Delincuente ante la prensa en Washington.
A partir del 12 de febrero Maduro inició una represión brutal, judicializando la política, persiguiendo y encarcelando a los disidentes, a quienes piensan diferente y manifiestan democráticamente su rechazo a la política del régimen. Mientras miles de estudiantes y dirigentes sociales y políticos están sometidos a procesos judiciales amañados y otros han ido a parar a la cárcel por decisiones arbitrarias y violatorias de los derechos humanos, la casta que nos desgobierna negocia pactos secretos con las más de 12.000 bandas que operan en el país traficando con drogas, secuestrando, extorsionando y asesinando a los venezolanos.
En 2013 sufrimos 25.700 homicidios, lo que convirtió a Venezuela en el país más violento del mundo.
La situación llega a extremos insólitos, como se puede apreciar en el valiente testimonio de la periodista de UNRadio: Los delincuentes con los que negocia en estos momentos el viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica José Vicente Rangel Ávalos, le reclaman a la cúpula gobernante que los persigan a ellos y no así a los boliburgueses, los cuales le han robado al Estado miles de millones de dólares con la complicidad de altos funcionarios del gobierno, de los que casi nadie habla. Ejemplo claro de ello, es el tremendo daño patrimonial que sufrió el Estado por la crisis financiera 2009-2011 (los seudo banqueros responsables están todos en libertad) y las empresas de maletín que recibieron más de 20.000 millones de dólares de Cadivi por importaciones ficticias a través de estafas y fraudes. La comisión presidencial responsable de investigar este escandaloso caso aun no presenta el informe y ni siquiera ha publicado la lista de las tales empresas de maletín, macro estafa denominada por el mismo Maduro como “el cadivismo”.
Estamos frente a unas redes de corrupción que propician la impunidad, sustituyendo al Estado de Derecho por un estado delincuente, como hemos venido denunciando.
Este estado delincuente que se mueve en las sombras y realiza pactos secretos con delincuentes altamente peligrosos a espaldas de los venezolanos, es el mismo que se burla del diálogo, que se niega a liberar a Simonovis, que mete preso a los jóvenes, que le quita arbitrariamente el fuero parlamentario a los diputados de la oposición , que mantiene presos ilegal e injustamente a los alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos, entre otros dirigentes, y que se ensaña con Leopoldo López al que mantiene en la cárcel de Ramo Verde, aislado y sin permitir ni siquiera las visitas familiares.
Nuestro derecho a la vida, garantizado en el Art. 55 de la Constitución Nacional está amenazado por varios flancos: por un lado por la corrupción de los altos funcionarios y sus cómplices los boliburgueses, que al robar al Estado nos roban a todos generando escasez de alimentos y medicinas, pésimos servicios públicos, hiperinflación, cierre de empresas y desempleo. Por otro lado, las bandas de delincuentes con las que pacta el gobierno secretamente, responsables del asesinato de tres venezolanos por hora, entre otros delitos violentos.
La pregunta que nos hacemos es: ¿Para qué el régimen de Maduro está realizando estos pactos con las bandas de delincuentes que reinan en las calles de Venezuela? En vista del violento papel de las bandas de motorizados que aterrorizan a vecinos y estudiantes durante las protestas, así como los asesinatos de sindicalistas (los sindicariatos a los que nos referimos ampliamente en el libro ED) y del episodio del Gordo Bayón, todo indica que el objetivo de dichos pactos no es otro que el control político y social de las protestas populares, ya sea de estudiantes, vecinos o trabajadores, a cambio de impunidad.
Porque pactan ahora con delincuentes? si ellos son super profesionales, no hay billete verde que se les escape, donde esta la campaña de Nicolas, contra la corrupcion?.