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Perú: una vacancia entre pandemia y elecciones

En medio de la pandemia, y cinco meses antes de las elecciones generales, el Congreso peruano cesó al presidente de la República, Martín Vizcarra. Es el último eslabón de una cadena de atropellos a las instituciones durante los últimos cinco años. El nuevo presidente, Manuel Merino, hereda un país enfrentado política y socialmente.

Tres presidentes en dos años. Probablemente esta cifra pase a la posteridad de la historia política del Perú y del mundo, una lamentable estadística que solo refleja la inestabilidad, fricción y trincheras que arrastramos desde hace varios años en nuestra sociedad, pero que, a su vez, nos envía un mensaje esperanzador: estamos solucionando nuestros problemas con arreglo a la Constitución, la ley y, por ende, con arreglo al Estado de derecho.

Lo ocurrido esta semana en el Perú es parte de una historia que inició el 2016 con la derrota de la candidata presidencial Keiko Fujimori. Desde la juramentación de Pedro Pablo Kuczynski, la bancada congresal del fujimorismo, ampliamente mayoritaria, tomó el rol de una oposición extrema y logró, dos años después, que el entonces presidente PPK renunciara a su cargo, entre acusaciones de corrupción y sobornos, para evitar una posible vacancia.

El entonces vicepresidente Martín Vizcarra empezó a tomar notoriedad puesto que él asumiría el timón del país y, aunque muchos rumores e historias se dieron previo a este cambio de mando, todas ellas quedaron de lado bajo el amparo constitucional que lo respaldaba con la sucesión en el cargo. Hoy, con las recientes conversaciones difundidas y entregadas a la Fiscalía por un candidato a colaborador eficaz, podemos sospechar que varios de esos trascendidos relacionados con la ambición de poder no estaban tan alejados de la realidad.

Desde que asumió Vizcarra, y a pesar de su discurso de unidad y colaboración entre todas las fuerzas políticas, lo único cierto es que las diferencias se acentuaron, las divisiones crecieron y el enfrentamiento fue parte del día a día político en el país. Con las encuestas a su favor, el presidente retó aún más al Congreso y valiéndose del respaldo popular, el apoyo de los gobernadores regionales y alcaldes y, por supuesto, de la Constitución, cerró el Congreso, sometió decisiones importantes a referéndum y se ganó aun más a la ciudadanía.

Llegó la época de la pandemia y, a pesar de la marcada crisis que nos tocó asumir por la debilidad de nuestro sistema de salud, la informalidad generalizada, el desacato a las normas de prevención y algunos malos manejos en las decisiones sanitarias, el presidente siempre dio la cara y poco a poco fuimos saliendo del hoyo… pero solo del hoyo sanitario y económico, no del político.

Martín Vizcarra tenía a su frente a un Congreso que asumió cargos a inicios de este año tras la disolución constitucional del anterior (así lo determinó el Tribunal Constitucional peruano), una representación parlamentaria transitoria que finalmente no llegó para pasar desapercibida. Tanto así, que cuando algunos pensaban que este Congreso simplemente cumpliría una función discreta e incluso conciliadora para arribar con relativamente estabilidad (políticamente hablando) al bicentenario, resultó todo lo contrario.

Entre proyectos de ley populistas (bajo el pretexto de la pandemia), acusaciones de corrupción (de ambos lados) y reclamos al Gobierno por el mal manejo de crisis y de los recursos, los enfrentamientos se convirtieron en pedidos de vacancia tras escándalos mediáticos sobre supuestos actos de tráfico de influencias, obstrucción de la justicia y recientemente sobornos, que involucrarían al hoy expresidente. Vizcarra se libró de la primera, pero no de la segunda y, cuando se sentía confiado de que no llegaría a mayores, el Congreso lo sorprendió con una votación mayoritaria para que se vaya a su casa sin llegar a entregar la banda presidencial en nuestro bicentenario el 28 de julio de 2021.

A Vizcarra lo vacaron por incapacidad moral, que lo podemos traducir como juicio político, basados en el artículo 113 de la Constitución peruana vigente desde 1993, que señala que la vacancia procede cuando el Congreso establece la «incapacidad moral o física del presidente». ¿Pero cuál fue esta incapacidad moral? No queda muy claro, porque hasta el día de hoy todas las acusaciones vertidas al expresidente son solo trascendidos, algunos basados en informes periodísticos, otros provenientes de algunas bancadas de clara oposición o supuestos de las redes sociales. A pesar de la información proporcionada (y filtrada) por los candidatos a colaboradores eficaces y de la apertura de procesos para investigarlo, la reciente vacancia ha tenido que ver más con lo político que con lo penal, pero siempre bajo amparo constitucional, es decir, totalmente legítima.

Entre manifestaciones de rechazo en las calles y acusaciones de planear una repartija, ayer asumió como presidente transitorio de la República el señor Manuel Merino de Lama, quien venía desempeñándose como presidente del Congreso en representación del partido Acción Popular, y menciono esto porque durante el año 2000, tras la renuncia de Alberto Fujimori, asumió también como presidente transitorio el señor Valentín Paniagua, de Acción Popular.

Muchas de las críticas sobre la decisión de vacar a Vizcarra surgen a raíz del poco criterio de la representación congresal para realizar esta acción en plena pandemia y bajo la amenaza de una segunda ola de contagios, una situación que nos dañaría mucho por todo lo experimentado en la primera etapa de crisis sanitaria en el país. La indignación ha sido tanta que, durante las últimas horas, miles de manifestantes han salido a las calles en todo el país para mostrar su rechazo a esta decisión y, a la vez, para mostrar su apoyo a Vizcarra, que ha recibido un notorio clamor popular y ha quedado como la gran víctima de un Parlamento que solo quería su cabeza sin importarle las consecuencias económicas y de inestabilidad social de tan inoportuna decisión. Recordemos que el mandato de Vizcarra concluiría en ocho meses y antes, el 11 de abril de 2021, tendremos las elecciones generales (presidenciales, congresales y de parlamentarios andinos).

Es probable que las revoluciones vayan bajando en las próximas horas y todo dependerá de las decisiones que tome el nuevo presidente transitorio, por ejemplo, con la designación de su próximo gabinete ministerial, que ahora sabemos será presidido por el experimentado político Antero Flores Aráoz (expresidente del Partido Popular Cristiano, PPC, y expresidente del Congreso durante el gobierno de Alejandro Toledo); de las decisiones que tome el Congreso, por ejemplo, insistiendo con algunas propuestas legislativas que anteriormente fueron rechazadas y observadas por el gobierno saliente y, por supuesto, de las decisiones que tome la Fiscalía, por ejemplo, con pruebas realmente contundentes que evidencien que Martín Vizcarra cometió actos de corrupción durante su mandato como gobernador regional (cohecho, enriquecimiento ilícito, entre otras acusaciones). Ayer también se filtró el audio de una reconocida periodista que, en una conversación privada, reconoció que la situación del expresidente Vizcarra es más que delicada.

Nuestro país tiene muchos retos por delante en lo político, en lo económico, en lo sanitario y, sobre todo, en lo social. No solo nuestra representación política, sino también nuestra sociedad está enfrentada, y hoy erróneamente endiosa a un joven indignado que golpeó a un congresista de la República ante las cámaras de televisión. Necesitamos mucha reflexión y pensar en unidad como nación, como país.

A pesar de los golpes, la vacancia y la pandemia, este país no se rinde. Y aunque nadie imaginó llegar a esta situación justo antes de nuestro bicentenario, las cosas fáciles nunca fueron para los peruanos. Por eso confiamos en que este ciclo oscuro esté llegando a su fin y que solo quede como parte de una historia que nunca más debemos repetir.


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