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Plan País III

Miguel Méndez Rodulfo

Como hemos dicho el Plan País no es un verdadero plan, sino un acuerdo nacional para la transición; sin embargo, aunque eso es lo inmediato y conveniente, también hay que consensuar un convenio nacional basado en los temas cruciales que han agobiado al país desde muchas décadas atrás: superación de la pobreza, populismo, rentismo petrolero, presidencialismo, separación efectiva de poderes, centralismo y lucha contra la corrupción. La idea es que los actores fundamentales, de la política, la economía y la sociedad civil se pongan de acuerdo en cómo superar esta problemática, se tomen acciones novedosas y efectivas, se establezca una programación en el tiempo, se midan los resultados y se establezca un lapso para abolir estos males. Como se ve este convenio nacional para cortar los nudos gordianos que nos han hecho fracasar como nación, es muy distinto al acuerdo para la transición, ido el chavismo. De manera que es crucial tener claro que ambas cosas se requieren y que se pueden ir realizando en simultáneo, pero que son distintas. Ahora, es crucial dejar muy claro que un acuerdo sobre la transición no sustituye a un “Programa de Acciones para la Transición”; esto último se refiere a medidas puntuales de reconstrucción y de rescate de la normalidad operativa en cada sector de políticas públicas.

Con relación a lo expuesto por Juan Andrés Mejías, en el sentido que había fases o etapas que debían cumplirse: urgencia humanitaria, estabilización y reformas estructurales; y que no había una prelación, sino que podían correr en forma concomitante, expreso mi preocupación. Meses antes había asistido a una presentación del economista Asdrúbal Oliveros en la que justamente establecían estas mismas etapas para la transición y que eran prelativas las unas con respecto a las otras. Al respecto debo decir que posponer para mucho después de la transición, los temas referidos a Pdvsa, Empresas Básicas de Guayana, Reforma de la Seguridad Social (asistencia médica y pensiones), Reforma Laboral, etc., implica el grave riesgo de que se corra la arruga y no se terminen abordando, como ha ocurrido tantas veces en la historia venezolana, lo que explica cómo llegamos aquí. De manera, que si entendí bien, reivindico la aclaratoria de Mejía con relación a que algunas reformas estructurales se pueden abordar desde temprano en el nuevo gobierno, sin esperar que transcurran las etapas o fases, humanitaria y de estabilización.

Otro punto a destacar, con relación a la agenda legislativa es una situación que debe ser conocida: muchos grupos organizados están actualizando las leyes de su sector: hidrocarburos, electricidad, Desarrollo Urbano y Vivienda, etc., con lo cual para evitar el embudo de la AN, lo más sensato es que estos proyectos sean revisados en la asamblea y enviados al Ejecutivo para su aprobación en bloque vía habilitante. El país no puede esperar los tiempos de discusión normales de las leyes. Si los proyectos están bien en un 80%, vamos adelante, que luego se discutirán en la AN con tiempo y se mejorarán.

Una realidad inocultable es que el Bolívar está anclado al dólar y que de hecho hay una efectiva dolarización; sin embargo los economistas se oponen a ella con el consabido argumento de la pérdida de la soberanía y el señoreaje; sin embargo, la historia indica que en Venezuela el BCV en los últimos 70 años no ha podido zafarse del control del ejecutivo y termina comportándose como un banco de desarrollo que financia al gobierno, generando déficit fiscal, lo cual arruina al país.

El tema de que los trabajadores de las empresas básicas, Pdvsa, Corpoelec, etc., sean accionistas en una eventual privatización, resultaría en premiar a quienes circunstancialmente laboraban allí, pero que sin embargo nada pudieron hacer para evitar la ruina de estas empresas; además están atestadas de personal sobrante, mucha ficha política. Entonces la pregunta es ¿porqué premiar a unos en tanto que el ciudadano común queda por fuera? No creemos conveniente seguir con medidas populistas.

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