Plan País: Reforma del Estado
Miguel Méndez Rodulfo
La reforma del Poder Público Nacional, propiamente del gobierno central, es una prioridad insoslayable de abordar en estos momentos, por lo que significa para la administración pública del país; sin embargo, esta renovación en los poderes públicos estadal y municipal, también es una cuestión de acometer con premura, de manera que en la nueva gobernabilidad que se avizora indetenible podamos contar con una estructura organizativa gubernamental que nos permita reconstruir las instituciones, infraestructuras, procesos, equipos humanos y valores. Particularmente esta ha sido una gran preocupación de quien suscribe. En ese sentido asistí hace mes y medio atrás a una presentación de Plan País sobre el tema, en las instalaciones de la Universidad Metropolitana, que dictaría la Dra. Eglee Iturbe, quién con un equipo lleva años investigando el tema.
Cuando esperaba un planteamiento concreto sobre cómo se abordaría la reforma de la administración pública venezolana, para mi sorpresa, hubo ideas que me movieron a dudas. En primer lugar, el presentador del acto resaltó de la Dra. Iturbe que ella había recopilado todas las gacetas oficiales mediante las cuales el régimen en estos 20 años conformó su estructura de gobierno. He llegado a la conclusión que el chavismo ha hecho buena la máxima de Aristóbulo de “esfaratar las gobernaciones y alcaldías”, por lo que organizarse no ha sido su preocupación y las pocas veces que lo ha sido: o lo han hecho mal por incompetentes o han buscado destruir la institucionalidad.
Las múltiples facciones existentes en el seno del chavismo se obstruyen mutuamente en el ejercicio del poder y buscan replicar las funciones que son competencia de un organismo en otro de un ministerio semejante, con lo cual se duplican, por decir lo menos, las organizaciones y se sabotean entre sí. Lo que he podido derivar del análisis del comportamiento de esta camarilla en el poder, es que lo que han hecho en esta materia es prescindible; luego, no le veo mucho sentido a estudiar lo que existe. Eso lo haremos en las auditorías administrativas que se realizarán los primeros días después de llegar al poder. Pero lo importante no será eso, sino lo que habremos hecho antes, en cuanto a definir los mapas funcionales de organización de los distintos sectores de la administración pública, de manera de establecer las rutas de migración desde lo existente hasta la estructura que se propone.
Aunque estoy totalmente de acuerdo con que al inicio de la transición, debemos continuar con la estructura organizativa existente, en el menor tiempo posible, y estaríamos hablando de un trimestre, debemos migrar paulatina pero sostenidamente hacia la organización propuesta. Por eso me sorprendió mucho que la Dra. Iturbe señalara enfáticamente que deberíamos convivir con la estructura chavista los primeros tres años de la nueva gobernabilidad. ¡Eso no me cabe en la cabeza!
Otra cosa que se expresó en ese foro fue que frente a la pregunta de cómo abordar el crucial tema del Gobierno Electrónico y la consecuente incorporación de la tecnología intensivamente en los procesos de la administración pública, la Dra. Iturbe respondió con una frase producto de su experiencia previa: “Eso hay que verlo con cuidado. En los años 80 cuando se incorporaron las procesadoras de palabras a la administración pública, las secretarias terminaron usándolas como máquinas de escribir…”.
La reforma administrativa es un elemento estratégico de la nueva gobernabilidad. Una administración pública adecuadamente estructurada, con una organización pertinente para dirigir su sector, es crucial para la eficiencia y consecución de los logros que se requieren en la nueva gobernabilidad. Y el reto no es la descentralización, hito que ya se alcanzó en los ochenta y que se debe restituir, sino adecuarse a las demandas sociales, tecnológicas, económicas y políticas que el mundo actual demanda.
