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¿Precios “Equilibrados” o de Equilibrio?

No sorprende que de vez en cuando el discurso oficial acuñé nuevas expresiones para políticas viejas, caducas o inocuas en el mejor de los casos cuando no distorsionadoras. Recientemente el alto ejecutivo nacional exigió a una parte del sector privado precios “equilibrados”, recayendo su fiscalización sobre entes reguladores como el ministerio de Comercio Nacional y la SUNDDE.

La Real Academia Española de la Lengua, RAE, define “Equilibrado” como: 1. Adj. Ecuánime, sensato, prudente. 2. m. Acción y efecto de equilibrar.

Respecto a la palabra “Equilibrar” la RAE define: 1. tr. Hacer que algo se ponga o quede en equilibrio.

Obviamente el adjetivo “recién” acuñado por el ejecutivo carece de contenido o definición por su parte. Sin embargo, utilizando las definiciones de la RAE, ¿podríamos entender por dichos precios unos “precios de equilibrio”?

Precios de equilibrio” en economía suele estar referido a una situación en la cual existe cierta estabilidad en sus niveles y en los incentivos y fuerzas por parte de los agentes económicos -oferentes/competidores y la demanda- como para que dicha estabilidad se mantenga.

Sin embargo, en materia inflacionaria, ningún particular, ni por el lado de la demanda ni por el lado de la oferta, puede tener incidencia sobre el incremento intertemporal generalizados de los precios que su pone la inflación.

Dicho lo anterior, lo que implica señalar nuevamente que en materia inflacionaria el único responsable es el gobierno por acción u omisión, “precios de equilibrio” pueden significar muchas cosas desde la perspectiva económica, específicamente desde la perspectiva microeconómica o de la economía industrial.

Los precios de equilibrio, así como las cantidades ofertadas de equilibrio, entre otras variables en equilibrio, constituyen parte del resultado y/o del desempeño de los mercados, que pueden finalmente estar mostrando la caracterización o grado de eficiencia de un mercado.

Así las cosas, un gobierno que tenga por paradigma de actuación proteger el Bienestar Social, el Interés Económico General y/o la Eficiencia de los mercados, debe procurar que el marco institucional y regulatorio en sus manos, coadyuve a un funcionamiento eficiente o competitivo de los mercados en procura de maximizar el excedente de los consumidores.

En este sentido, un precio de equilibrio, siendo de equilibrio, puede ser el resultado ineficiente de un mercado que se tropieza desde fallas competitivas de mercado hasta barreras legales y normativas que distorsionan la dinámica competitiva y los intercambios voluntarios entre los agentes económicos.

El “precios de equilibrio”, si fue lo que se pretendió acuñar, no constituye un fin en sí mismo o per se, sino que resulta ser la eficiencia de los mercados lo que un gobierno que procura la máxima felicidad de sus nacionales debe perseguir.

Para ello se requiere una comprensión profunda y amplia de la dinámica competitiva y de la caracterización idiosincrática de los distintos mercados y de los sectores económicos para identificar eventuales fuentes de ineficiencias y fallas en el mercado -que eventualmente puedan encontrar como respuesta el diseño de una política pública o incluso el levantamiento de políticas y barreras administrativas que alejan a los mercados de resultados preferibles en términos de su eficiencia-.

Valga decir que una regulación mal diseñada puede constituir justamente una de las principales barreras contra la eficiencia de los mercados, y específicamente una regulación arbitraria puede terminar siendo confiscatoria, lesionando derechos de propiedad e incentivos en favor de la producción y una eventual recuperación económica.

¿Se encuentra honestamente dispuesto el gobierno a hablar sobre el marco institucional y regulatorio propicio para alentar una recuperación económica? O por el contrario continuará existiendo un marco regulatorio, especialmente en materia de precios que constituye una amenaza que desnivela el campo de juego competitivo de los mercados, pudiendo actuar discrecionalmente sobre unos y no sobre otros actores económicos. Asimismo, ¿existen los equipos técnicos expertos en economía regulatoria y economía industrial por parte de la academia, los gremios empresariales, las asociaciones de consumidores, los partidos políticos para identificar los problemas actuales y plantear soluciones concretas ahora que se habla de negociación y conversaciones?


Economista UCV. Profesor de Estrategia Competitiva y Digital, Universidad Torcuato Di Tella.

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