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Presupuesto y tertulia dominicana (criptomoneda aparte)

Recientemente, los medios oficiales y oficiosos informaron que la tal constituyente sancionó el presupuesto público nacional para 2018 por el orden de 36 billones 102 mil 059 millones de bolívares.  Reafirmándola como la aldea monotemática en la que nos ha convertido, gracias a una paradójica y deliberada saturación noticiosa, el asunto pasó inadvertido por la agobiada opinión pública.

De reparar en la trampa facial que ideó y aplicó la dictadura tiempo atrás, hablamos en realidad de 36 mil billones de bolívares, cifra nunca antes imaginada que retrata la situación real del país que quebraron. Excepto los boletines de prensa que cumplen con la formalidad de una notificación general, muy pocos saben de las intimidades de una materia que requería de una información pormenorizada y de una intensa discusión con todos los sectores, teniendo a la Asamblea Nacional como su principal e ineludible referente de conformidad con lo ordenado expresa e inequívocamente por la Constitución y leyes de la República.

El plazo constitucional para la definitiva sanción de la respectiva ley vence el venidero 15 de diciembre, aunque obviamente a los tales-constituyentistas les importa un bledo, pues, al fin y al cabo, se llevaron por delante todo el régimen presupuestario perfeccionado por largas décadas. Sin embargo, era de esperar un gesto – al menos – benevolente con sus contertulios de Quisqueya,  postergando la decisión.

Quizá todavía no abordaban los interlocutores de la dictadura el avión, cuando se hizo efectiva esa aprobación. La sola consideración de la materia, acarreaba el compromiso oficial de divulgar las cifras (macro) económicas esenciales a las que, por siempre,  está obligado, como uno de los requisitos previos a cualquier tertulia caribeña, además de las estadísticas que oculta en otros renglones.

La otra paradoja reside en que el sector opositor diligenciante del encuentro utilizó a la Asamblea Nacional con la pretensión de legitimar la aventura,  creyendo haber aprobado un proyecto de Acuerdo sin quorum ni debate la semana pasada, pero no reivindicó la más inmediata y concreta competencia en materia presupuestaria, por lo menos, para sentarse en una mesa común.  El monto desorbitante del presupuesto, por cierto, de tan incontrolado diseño y ejecución, como el de 2017 que fue aproximada y nominalmente de ocho (u ocho mil)  billones, ha dado un salto espectacular: 36 mil millones para un país en quiebra.

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