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Racionamiento del siglo XXI

A la hora de terminar este artículo para enviarlo a la prensa que aún publica posturas críticas al gobierno, el país entero está a la expectativa de las medidas económicas que anunciará el presidente titular de la república, las cuales se supone que se enmarcan en un programa de ajuste que ha sido presentado con el nombre de “sacudón”.

Pensamos que este término es muy apropiado, porque todo indica que el paquetazo que se ha estado cocinando será un auténtico sacudón para el bolsillo de los venezolanos, ya que el gobierno busca financiar el enorme déficit fiscal que ha creado de manera irresponsable sacándole la plata a los ciudadanos del bolsillo, con medidas como el aumento de la gasolina y las tarifas de los servicios públicos, una nueva devaluación y eventualmente la creación o incremento de impuestos.

Pero más allá de esas medidas que buscan resolver el flujo de caja del gobierno (las cuales analizaremos una vez implementadas), nos ocupa en esta oportunidad el controversial tema del “sistema de identificación biométrico”, mejor conocido como las “captahuellas”, las cuales pretenden aplicar para la adquisición de bienes de primera necesidad.

En este aspecto es mucho lo que hay que decir, más allá de que obviamente algunos vivos se meterán unos reales con el negocio de las maquinitas. Para empezar, el gobierno ha echado para adelante y para atrás en varios sentidos. Un día era solo para alimentos, pero al día siguiente también era para las medicinas. En un anuncio se dijo que era obligatorio, y en otro que era voluntario, etc. Lo cierto es que termina siendo el copresidente de la república, capitán Diosdado Cabello, quien anuncia primero que las mismas se usarán obligatoriamente solo en la frontera y en las redes de distribución masiva de alimentos, tipo Mercal.

Ahora bien, lo más importante de todo esto no es el conjunto de particularidades de su implementación, sino el sistema de control en sí mismo, y el inmenso error del cual se parte para justificar su imposición. Es decir, el gobierno sigue atrapado en el equivocado discurso de la “guerra económica por parte del sector privado” como causa, por un lado, y de las amenazas, intervenciones y controles, como consecuencia, por el otro. Con esa visión actúa como un médico que diagnostica a un paciente una úlcera intestinal y le ordena el tratamiento respectivo, cuando en realidad tiene una apendicitis, que de no ser atendida a tiempo se convertirá en una peritonitis que pondrá en riesgo su vida. Si yerra en el diagnóstico, obviamente yerra en la receta para la cura.

Así las cosas, el gobierno no admite (y difícilmente admitirá) que la causa elemental del contrabando de extracción es la enorme distorsión que causa el control de cambio, así como que la escasez se debe fundamentalmente al bajón terrible que ha sufrido la productividad nacional. De hecho, el copresidente Cabello afirmaba en estos días que esta no podía ser esa la causa, por cuanto “aquí nunca se ha producido nada…”. Así despachan los improvisados los graves asuntos públicos.

Lo cierto es que cada vez nos acercamos más a la experiencia cubana. Allá han vivido más de 50 años con una libretica de cartón donde le van anotando lo que consumen y le fijan un límite. Aquí estamos empezando a hacer exactamente lo mismo pero con ayuda de la tecnología. Es la única diferencia. Se trata, pues, del “racionamiento del siglo XXI”.

¿Quiere el gobierno realmente acabar con la escasez y la inflación? Reviertan las expropiaciones de más de 1.300 empresas y 4 millones de hectáreas en el campo, brinden seguridad jurídica a quienes cerraron más 8.000 industrias y 360.000 microempresas, respeten la propiedad privada y las reglas de juego para que fluya la inversión privada, sinceren y estabilicen el tipo de cambio, restituyan la autonomía del BCV, etc.

Solo así nos salvamos de la hecatombe. Lo demás es seguir avanzando hacia el precipicio. Será duro reconstruir Venezuela, pero con esa tarea estamos comprometidos. Es necesario lograr el cambio.

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