Restablecer la gobernabilidad democrática de Venezuela

Independientemente de la manera en que concluya este ciclo político causante de tanta destrucción, ya sea por un colapso del régimen, por su cambio pacífico y democrático, o como consecuencia de una negociación política mediada por el Vaticano, Unasur y la OEA, el país atravesará, en ausencia de una institucionalidad democrática fuerte,  un peligroso periodo de incertidumbre y probable inestabilidad que requerirá de árbitros imparciales (aunque no neutrales, porque deberán actuar con sentido de propósito), de observadores y protectores de Derechos Humanos, incluyendo investigadores policiales, de verificadores del cumplimiento de los compromisos asumidos para asegurar una transición de buena calidad hacia la plena vigencia de la Constitución,  y de un proceso periódico de revisión del cumplimiento de lo acordado en el marco de la Asamblea General de la OEA y, probablemente, también de la de la ONU.

Muchas naciones que salen de situaciones traumáticas que han conducido a la pérdida de valores morales, al envilecimiento de sus sociedades, y/o al secuestro, menoscabo o destrucción del Estado, han reconocido la necesidad de asesoría y apoyo internacional para asegurar una transición de buena calidad, sin sobresaltos innecesarios, logrando así transiciones pacificas que han permitido iniciar la reconciliación de sus sociedades en un tiempo y a un costo menores que si no hubiesen contado con ese apoyo. Ello requiere de especialistas de gran profesionalismo que no sean nacionales del país en el que actúan, ya que no pueden ser víctimas de la polarización política típica de estas situaciones. La confianza entre las partes se restablece a partir de la confianza que cada una de ellas tiene en estos terceros de buena fe.

Dependiendo de la magnitud de la tarea, del tamaño del país, de la urgencia de la tarea (siempre lo es), y del compromiso de llevar a cabo una transición de calidad, estas misiones multilaterales de observación, asistencia técnica y verificación del cumplimiento de los compromisos acordados en el acuerdo de transición podrán hacer variar su  tamaño y  el tiempo de su permanencia en el país.

Las misiones de paz más importantes en América, por la extensión de su mandato (Reforma de la Constitución y de leyes, protección de Derechos Humanos, reforma del sistema judicial, reducción y profesionalización de la Fuerza Armada, reinserción social y económica de los excombatientes y de las víctimas de la guerra, observación electoral) han sido ONUSAL en El Salvador y MINUGUA en Guatemala, ambas de la ONU y concluidas después de unos ocho años de actividad. Colombia cuenta con una gran misión de Derechos Humanos (Alto Comisionado de la ONU en DDHH), y Haití con una aun mayor de seguridad, desempeñada por un contingente militar y un grupo más reducido de expertos policiales para la formación de la nueva Policía Nacional Haitiana. En el Perú jugó un papel importante una misión electoral de la OEA en la transición de Fujimori a Paniagua y Toledo.

El éxito de estas misiones de la ONU y de la OEA depende sobre todo del grado de compromiso de las partes en restablecer la viabilidad de sus países en democracia y en paz, corrigiendo las causas profundas del conflicto, como también, obviamente, del grado de detalle con el que sean redactados los acuerdos , tarea de las dos partes, pero sobre todo de la parte demandante, y del cuidado con el que sean escogidos los integrantes de la Mision, tarea de las secretarias de la ONU o de la OEA. Ese compromiso fue genuino en ambas partes del conflicto salvadoreño, pero menos solido en Guatemala, donde el peso del gobierno y de la Fuerza Armada continuó siendo apabullante después de la firma del Acuerdo de Paz.

Eso exigió un papel más activo de la ONU en el cumplimiento de los compromisos guatemaltecos y la constitución posterior de la CICIG (Comision Internacional contra la Impunidad en Guatemala), una forma novedosa de asistencia internacional para contrarrestar la impunidad de los que de hecho continuaban detentando el poder, mal endémico en América Latina, pero especialmente agudo en Guatemala. También se han constituido misiones conjuntas de la OEA y de la ONU, como la MICIVIH en Haití, con un mandato muy claro en Derechos Humanos.

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La crisis de gobernabilidad de Venezuela se origina a partir de un gobierno electo legítimamente que persigue un proyecto ideológico de vocación totalitaria no previsto en la Constitución, y que además fuera expresamente rechazado por el pueblo al votar en contra del proyecto de reforma constitucional propuesto por Chávez en el referéndum de Diciembre de 2007. Ha sido el desconocimiento sistemático de este rechazo y la instrumentación de la propuesta rechazada por otras vías, abiertas y soterradas, lo que ha llevado a la crisis que padece el país y a la deslegitimación definitiva del régimen.

Su estrategia de base ha sido la destrucción del “orden burgués” para construir sobre sus ruinas el socialismo, definido como el “comunismo de siempre” por Fidel Castro, sin que la Constitución sufriera, con excepción de las reelecciones indefinidas, cambio alguno que modificara su naturaleza democrática y liberal, típica de una democracia representativa. Es por ello que en el caso venezolano no es necesario negociar un Acuerdo de Paz, porque la paz se restablecería sin contratiempo alguno relegitimando cada uno de los poderes del Estado sometidos al proyecto totalitario con adoctrinamiento, dinero, y el castigo ejemplarizante  de quienes se atrevan a traicionarlo. Basta con restablecer la plena vigencia de la Constitución después de relegitimar todos los poderes públicos.

Sin embargo, hasta ahora el dogmatismo y los métodos represivos que no ha dejado de usar para mantenerse en el poder y afianzar su proyecto radical,  no dejan mucha esperanza de que, desde el poder, el régimen acceda a una negociación que restablezca, de manera duradera, la plena vigencia de la Constitución. Fue lo que llevo a la hoy mayoría opositora a conquistar, ya en Diciembre del 2015, los dos tercios de los escaños de la Asamblea Nacional, victoria que fuera anulada arbitrariamente por el régimen, para luego también desconocer las atribuciones de la Asamblea, y hasta el derecho constitucional del pueblo soberano a solicitar un referéndum revocatorio presidencial.

Es lo que hace imprescindible que, al igual que la actual negociación que disfruta de la credibilidad que le ha dado la participación del Vaticano, su cumplimiento sea también verificado por terceros de buena fe con capacidad de asumir la responsabilidad de garantes de ese cumplimiento. En nuestro caso serían la Asamblea General de la OEA y su Secretario General, en primer lugar, y probablemente también la de la ONU.

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Sin especular sobre la manera en que finalmente se le ponga término al régimen, porque de eso se trata en estas negociaciones sustitutivas del referéndum revocatorio arbitrariamente cancelado por el régimen, es necesario integrar en la negociación desde su inicio la forma en que se va a asegurar el cumplimiento de lo que pueda acordarse en el ahora repotenciado dialogo mediado sobre todo por el Vaticano. Con base en la experiencia pasada, puede afirmarse que lo que pueda acordar este régimen al final no lo cumple, y la credibilidad de su posible compromiso debe ser apuntalada por la verificación internacional mencionada.

Se requiere por lo tanto corregir ese déficit de credibilidad con garantes del cumplimiento de lo que se acuerde, y eso también tiene implicaciones en la naturaleza del texto del Acuerdo, en el foro en el que se firme y apruebe formalmente, en la manera en que se verifique y certifique su cumplimiento en el terreno, y en los órganos de los organismos multilaterales que vigilen el proceso y aprueben los eventuales recursos para su instrumentación y/o las sanciones por su incumplimiento. También debería llevar a incluir muy urgentemente a representantes de la OEA y de la ONU en las negociaciones en curso, porque es a ellas que probablemente les corresponderá verificar su cumplimiento. Su mandato debe ser el facilitarle a ambas partes el cumplimiento, para luego certificarlo.

En la resolución de la Asamblea General de la OEA formalizando el Acuerdo sería muy importante, esencial, que los estados miembros de la OEA confirmaran que el Acuerdo es el resultado de la activación de la Carta Democrática Interamericana, declarándose garantes de su ejecución. Ello conllevaría un proceso de revisión periódica de su cumplimiento, e incluiría su intervención individual y colectiva ante cualquiera de las partes para exigir el cumplimiento de obligaciones pendientes.

La condición de garante incluiría también acciones de apoyo ante cualquier ente que deba participar en la reconstrucción de Venezuela mediante, por ejemplo, su voto favorable en el Fondo Monetario Internacional y en los bancos de desarrollo y otras agencias multilaterales de financiamiento. Sería también muy importante que la Asamblea General de la ONU, por la mayoría que fuere, le diera su apoyo al texto aprobado por la Asamblea General de la OEA. No es necesario recalcar la fortaleza que eso le daría a la gobernabilidad democrática de toda América Latina.

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Es en condiciones como estas, o parecidas, cuando hay claridad de objetivos de un gobierno legítimo (caso de Haití, donde la guía de la Misión de Paz era la constitución), o la clara  voluntad de ambas partes de cumplir con sus obligaciones después de un conflicto armado (caso de El Salvador, donde la guía de la Misión de Paz fue el muy detallado Acuerdo de Chapultepec, en cuya redacción muy detallada Naciones Unidas había participado como mediadora de la negociaciones que le pusieron fin a la guerra) que se puede lograr el establecimiento de misiones de paz y de derechos humanos que puedan hacer un aporte muy significativo, quizás decisivo,  a la recuperación de la gobernabilidad democrática perdida. No se puede exagerar la importancia, como se apunta arriba, de que la organización competente en la materia, la OEA en nuestro caso, haya participado en las negociaciones del acuerdo que pone fin al conflicto o a la ingobernabilidad que se busca corregir resolviendo sus causas profundas.

En el caso de Venezuela la relegitimación de los poderes y de las instituciones tendrá como efecto necesario la depuración de instituciones de importancia central para la gobernabilidad, como son la Fuerza Armada, los cuerpos policiales y todo el sistema judicial,  y así dar de baja y someter a juicio a elementos corruptos y violadores de los derechos humanos,  con el objetivo de asegurar que las instituciones nuevas y reformadas, y sus funcionarios, se desempeñen con vocación de servicio a la nación y a la ciudadanía, y con plena independencia política. Lo que se busca es el desmantelamiento del Estado opresor y la conformación de un Estado al servicio del ciudadano, labor de largo aliento sobre todo por la formación que implica.

La depuración dura menos tiempo, pero es una labor delicada que exige de continuidad, de investigaciones bien sustanciadas y de decisión, y para la cual es muy útil la participación de nacionales de otros países ajenos al conflicto. Lo mismo es cierto para asegurar la protección y promoción de los Derechos Humanos mediante la reforma y profesionalización de la Defensoría del Pueblo, del sistema de prisiones, y de todo el sistema de justicia y de servicio al ciudadano, sin olvidar tareas puntuales como la del desarme de la población y la profesionalización (despolitización) de la Contraloría General de la Republica.

El sistema de Naciones Unidas, que comprende también a sus agencias especializadas, generalmente es puesto en estado de urgencia con el establecimiento de una Misión de Paz, lográndose así acelerar el diseño y ejecución de proyectos en el área de salud, alimentación y educación, por ejemplo. Estas transiciones deben mostrar efectos benéficos para todos desde su mismo inicio.

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Lo ideal sería lograr el establecimiento de una sola misión conjunta de la OEA y de la ONU, vista la variedad de temas y problemas a ser resueltos en una transición de un país de 30 millones de habitantes, dirigida por un alto funcionario de la ONU o de la OEA, o por una personalidad política de gran sobriedad y capacidad  gerencial, excelentes contactos en el mundo entero, y que logre mucho sin arrogarse el mérito del éxito. El mérito del éxito debe ser siempre de los nacionales del país que cumplen con la palabra empeñada, los venezolanos en este caso, que deben sentirse desde su inicio  propietarios del proceso de restauración de su democracia y cuidarse de no desarrollar una dependencia malsana de la ayuda internacional.

Una misión de paz para Venezuela, cuyo mandato debe ser definido de manera clara asegurando su obligación y su derecho de intervenir, públicamente de ser necesario, en todo lo que se refiera a los temas que le toque verificar, debe contar con todas las atribuciones, instrumentos, recursos y facilidades para cumplir con su trabajo eficiente y eficazmente. Debe tener un Director o Jefe que tenga acceso directo al Presidente de la Republica y a todas las cabezas de los poderes públicos, y ser escogido con el perfil que usualmente aplica la ONU para seleccionar a los Representantes Especiales del Secretario General de la ONU, una persona eficaz y discreta, pero dispuesta a exigir el cumplimiento de lo acordado con decisión y autoridad.

De manera muy tentativa, la Misión debería contar con una división de Derechos Humanos con capacidad para sustanciar casos de violaciones, que sería probablemente la más numerosa, y con oficinas en el interior del país (300 profesionales?), una división de asesoría militar, de unas 20 personas, otra de asesoría policial de unas 50, dos o tres asesores de alto nivel en materia económica y financiera, unos diez profesionales en el gabinete del Representante Especial, y personal de secretaria y de seguridad propio.  La Misión debería contar con recursos suficientes para contratar personal especializado de alto nivel, y trabajar muy de cerca con el mayor número posible de profesionales venezolanos. La mayor parte de su personal debería tener sus oficinas en las instituciones que les corresponda asesorar.