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Santos y los modernos métodos de confesión

El Padre de la Industria del Secuestro en Colombia fue Pedro Antonio Marín, cuyo nom de guerre era Manuel Marulanda Vélez, a quien dedicó varios libros su biógrafo oficioso Arturo Alape. Uno de sus primeros y más importantes proyectos, después de fundar las FARC en 1964 fue planear el secuestro del rico industrial vallecaucano Harold Eder [1903-1965], un ingeniero liberal nacido en Palmira que era dueño y gerente del ingenio Manuelita, ministro de fomento durante la tutela de la junta militar que reemplazó a Rojas Pinilla.

El 20 de marzo de l965, antes que Aurelio Camacho Rueda, ministro de gobierno de Guillermo León Valencia, autorizara los bombardeos diseñados por Gabriel Rebéiz Pizarro y José Joaquín Matallana contra Marquetalia y Riochiquito, Tirofijo y Jacobo Arenas enviaron a varios de sus secuaces a la hacienda Quebradaseca en el municipio caucano de Corinto a retener a Eder, cosa que hicieron luego que el industrial examinara los terrenos donde iba a construir las oficinas del futuro ingenio Cauca. Acostumbrado a pasear por las montañas en uno de sus viejos caballos, al intentar inmovilizarle un guerrillero apodado El Conejo hizo dos disparos de carabina calibre 22 hiriéndole en el vientre y una pierna y sin curarle le hicieron cabalgar durante cinco días hasta que murió desangrado, no sin antes, entre los veinte días siguientes al descubrimiento de su cadáver, cobrar una enorme suma de dinero por su rescate.

Otros secuestros lucrativos siguieron a este y la práctica fue decretada en la Cuarta Reunión Plenaria de las FARC en agosto de 1969 en la cual se recomendó a los miembros del Secretariado, varios de cuyos poderosos miembros están ahora en La Habana, secuestrar “importantes personalidades del enemigo, o ricos industriales”, como ha sido la práctica de Pablo Catatumbo en los últimos treinta años, el más tenebroso de los asesinos dedicados al secuestro de ancianos ricos que ha tenido Colombia. Industria que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, ha causado cerca de 40.000 víctimas entre 1970 y 2010, la gran mayoría de ellas obradas por las FARC, el tercer grupo terrorista más rico del mundo según Forbes.

Pero los encuentros de las FARC, sus aliados y benefactores con la familia Eder no paran allí. En octubre de 2012 durante la mesa de instalación de diálogos del gobierno Santos con la camarilla asesina en Oslo, olvidando que habían ultimado a su abuelo y secuestrado a su tía Elisa, los voceros de la pandilla arremetieron contra Alejandro Eder, Alto Consejero para la Reintegración, calificando a su familia de “explotadores de tierras”, y en julio de 2014, mientras Manuelita celebraba 150 años de existencia y a Don Henry Eder, patriarca de 90 años se le ocurriera acordarse de Alvaro Uribe y la “seguridad democrática”, y los representantes azucareros aplaudieran a rabiar, Juan Manuel Santos, el promotor de la impunidad y la elegibilidad de los facinerosos de La Habana, lanzando una frase pendenciera: “Muchos de los que Henry llamaba la comunidad azucarera no me acompañaron en estas elecciones. Y yo me hacía la pregunta con algunas personas ¿por qué?”, vaticinó sus venganzas contra el grupo víctima de las FARC.

A los pocos días atacó a los políticos que apoyan a los azucareros, les quitó las carteras ministeriales y mandó a la Superintendencia de Industria y Comercio, como ha hecho ésta semana atacando al magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, que multara los ingenios del Valle con la extravagante suma de 100 millones de dólares, acusándolos de impedir importaciones de azúcar al país. Lo que nadie dijo es que los azucareros proveen de sustento a 2.152.000 familias, es decir, a cerca de 10 millones de personas.

Cómo entender, ¿cómo leer entonces, que alias “Iván Márquez”, «Jesús Santrich», «Rodrigo Granda», «Simón Trinidad», «Andrés París», «Marcos Calarcá», «Pablo Catatumbo», la holandesa pereirana «Alexandra Nariño», «Sargento Pascuas», «Mauricio Jaramillo», «Yuri Camargo», «Victoria Sandino», y otros cien más, puedan elegir a dedo sus jueces, ante quienes se declararan víctimas inocentes y quedaran libres de cualesquiera condena, pero a renglón seguido inauguraran con la ayuda del Parlamento Santista, el Fiscal Santista y las Cortes Santistas, la más implacable persecución contra todos aquellos que nos opusimos a sus infamias?

No hay duda, después de leer el pacto Santos-Farc de La Habana para el procesamiento de los enemigos comunes, que el modelo ha sido los tribunales para la cacería de brujas de la edad de la fe.

Según el “ministro de justicia”, hijo del sacrificado presidente de la corte suprema durante el gobierno del multiperdonado Belisario Betancur, los agentes del estado y los particulares que sean responsables de actos contra las FARC podrán ser llamados por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (de la Justicia Especial para la Paz), encargada de recibir la información que haya sobre conductas relacionadas con el conflicto armado, revisarla, contrastarla y agruparla. Allí se definirán  los hechos objeto de atención y señalará a las personas que deberán comparecer para o aceptar la responsabilidad o negarla y someterse al proceso.

Las primeras acusaciones estarán entonces precedidas, como se hace ahora con la pluma de los periodistas santistas [digamos Carlos Lozano, Fabio Martinez, Gabriel Silva, Iván Cepeda, Josemario Arbelaez, Ricardo Silva o Vladdo] de El Tiempo, amamantados con la droga ideológica de Enriquito, de una serie de rumores que irán creando el perfil del próximo acusado. Las denuncias, como la que se hizo contra el General de la Policía Luis Eduardo Martinez, serán anónimas, o con falsos testigos como pasó con el Coronel Plazas Vega y como le aconteció a él mismo y le ha sucedido ahora al Magistrado Pretelt, NO se nos permitirá defendernos durante los juicios. Luego NO seremos recluidos en presidios sino que nos mantendrán aislados en algún bunker como acaeció con el llamado Hacker Sepulveda. Los interrogatorios serán, unos por las buenas, si aceptamos la acusación de las FARC y cantamos lo que ellos desean, pero si nos resistimos, como cuando al Coronel Plaza lo esposaron de pies y manos y le aplicaron una inyección para meterlo en La Picota, seremos presionados mediantes modernos métodos traídos de Caracas y La Habana para que aceptemos confesar que colaboramos con el ejército y los paramilitares y entregamos nuestras pensiones cada quince días a Carlos Castaño, y si no, sólo habrá una luz de diez bujías y los abogados vendrán cada año hasta que aceptemos la culpa.

Tratándose de las FARC y de Juan Manuel y Enrique Santos, no hay que excluir el eventual uso de empulgueras, la rueda, el potro o la bota española. Ellos saben bien de eso, como pueden contar los que han estado en sus campos de concentración. Vendrá después, por supuesto, al resistirnos, la aplicación de los llamados Judicium Aquae, sea caliente o fría; la del Fuego, la de la Aguja, la de las Lágrimas, la del Peso, etc. Hasta que alcanzada la confesión seamos ajusticiados para siempre a vivir en alguno de esos numerosos campos de concentración que acaba de anunciar Santos, donde nunca estará el excitante General Palomino y mucho menos el cobarde obeso ministro de defensa.

Elegid, pronto uno. Estamos at portas del fin de la democracia.

Harold Alvarado Tenorio

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