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Síntomas de la barbarie

Pero a veces abandono este campo y me dedico a reflexionar sobre otros temas. Uno de ellos es la barbarie sobre la cual escribí una primera aproximación hace algunas semanas. En las semanas que han seguido a ese artículo están ocurriendo hechos en la convivencia ciudadana que exigen una nueva aproximación. Uno de estos hechos es el recrudecimiento de la violencia cotidiana que se expresa en asesinatos cuyas víctimas fueron descuartizadas o murieron por el impacto de entre 9 y 20 balas de las pistolas y demás armas de los victimarios.  Los planes de seguridad dictados por el gobierno chavo-madurista no han tenido ningún resultado favorable, por más que el Ministro de Interior, Justicia y Paz (¿Cuál paz, Mayor General?) trate de exagerar los efectos del plan en intervenciones públicas en los medios oficiales, al presentar cifras inverosímiles y que no pueden ser comprobadas por los ciudadanos. Nosotros seguimos cada vez más adaptando nuestros modos de vida a la violencia reinante: evitamos salir de noche y de madrugada porque el temor se ha interiorizado en todos nosotros, y también evitamos recorrer la ciudad en autopistas y calles por temor a los motorizados quienes, con su irrespeto a las reglas de tránsito, inducen angustias a los demás participantes en el tráfico.  Otra violencia es la que tenemos que calarnos los ciudadanos en el trato con funcionarios públicos que nos desprecian sin que les salga la “tarjeta roja”, con desdén y falta de civilidad en cuanto trámite tengamos que realizar ante ellos. Pero hay una barbarie burocrática mayor. Me refiero al estado lastimoso del servicio público y privado de salud. Esta situación es claramente responsabilidad  del Estado, de acuerdo con el artículo 83 de la Constitución que reza: “la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida” y el artículo 85: “El financiamiento del sistema público nacional de salud es obligación del Estado que integrará los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. El Estado garantizará un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria.” En vez de cumplir estos dos artículos, los que manejan el Estado gastan enormes sumas en armamento y equipos antimotines  y, como si eso fuera poco, en “ayuda humanitaria, plantas eléctricas, camas, medicamentos, material médico quirúrgico, entre otros productos, a Gaza” (el espacio de Palestina ocupado por la organización terrorista internacional HAMÁS), tal como explicaba recientemente el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Elías Jaua.  Este es el segundo envío venezolano de ayuda después de que la semana pasada un avión militar partiera con medicamentos, material médico-quirúrgico, agua potable, alimentos no perecederos, ropa y zapatos, mantas, almohadas, tiendas de campaña familiares, linternas y colchonetas. En este primer envío había además un millar de juguetes artesanales realizados por niños y artesanos de Caracas. Esto es: los que nos desgobiernan tienen más preocupación por lo que les ocurre a los seguidores de otra banda terrorista a decenas de miles de kilómetros que por el sistema de salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas enfermos que no encuentran ayuda médica u hospitalaria y mucho menos los medicamentos para aliviar sus enfermedades.

¡Que juzgue el lector el ensañamiento que caracteriza a nuestro régimen en contra de los ciudadanos del país!

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