Tiempo de armas vs tiempo de leyes
Carlos Canache Mata
Durante el régimen de Juan Vicente Gómez, el presidente títere Juan Bautista Pérez despachaba desde Miraflores y el dictador despachaba desde el edificio del Ministerio de Guerra, ubicado en el espacio que ahora ocupa el Palacio Blanco. Un día cualquiera, el ingenio criollo colocó en la acera miraflorina un cartel con un letrero que decía: “el que manda está enfrente”. Era una obvia burla sobre lo que pasaba en Venezuela respecto al ejercicio del poder.
Guardando las distancias, no se maltrata la verdad si decimos que actualmente tenemos de nuevo un presidente nominal, un presidente de paja, porque Nicolás Maduro realmente no es quien manda, sino los militares. No fue por azar que en la vigente Constitución de 1999 se haya eliminado el principio tradicional que aparecía en todas las Constituciones de nuestro país (salvo la perezjimenista de 1953), conforme al cual las Fuerzas Armadas (en el nuevo texto, la institución es nombrada en singular) son obedientes y no deliberantes, como también se elimina su carácter de apolítica (artículo 132 de la Constitución de 1961). Además, destaca Juan Carlos Rey que la Constitución de 1999 “desarrolla los conceptos de Seguridad y Defensa integral que no tenían antecedentes en la tradición constitucional venezolana y estaban evidentemente inspirados en la Doctrina de la Seguridad Nacional, antidemocrática y autoritaria que estuvo de moda en las dictaduras burocrático-autoritarias latinoamericanas a mediados de los años 60, y que llegó a influir en parte a los militares venezolanos”, conceptos que la minoría no chavista de la Asamblea Constituyente negó su inclusión en la Constitución de 1999.
La virtualidad del ejercicio presidencial de Maduro y su desplazamiento al poder castrense, adicionalmente tutelado por los cubanos, se manifiesta, no solo en el terreno normativo antes señalado, sino en la práctica, al constatarse la muy importante presencia de militares en el gabinete ministerial, en las gobernaciones de Estado, en los institutos autónomos y empresas gubernamentales y en la gestión de programas administrativos. Es como si ubicuos y poco respetables dioses con charreteras estuviesen repartidos por todas partes, a los que se rinde culto complaciéndolos en sus soliicitudes y demandas. Eso se comprueba, entre otras ocasiones, en las decisiones que se toman en cuanto a la distribución de los recursos financieros públicos. Ejemplo: El pasado 23 de mayo, Maduro hizo el siguiente anuncio: “Aprobé recursos por más de 56 millones de euros para la producción de 786.000 unidades anuales de uniformes mlitares y la activación de la línea de producción de la SubAmetralladora Caribe, calibre 9.19 mm. Un importante esfuerzo para avanzar en la definitiva liberación económica” (¡!). La munificencia se alarga hasta las milicias que, según el presidente de paja, alcanzarán la meta de tener 2 millones 900.000 integrantes para diiciembre de este año 2019. Esa generosidad desbordada hacia el estamento militar y el paramilitarisno se hace del conocimiento público cuando morían 4 niños en el Hospital JM de Los Ríos que esperaban un transplante de médula ósea y quedaban otros 26 en la siniestra lista, sin contar los que están en riesgo de muerte por no reciibir otros transplantes o por falta de diálisis o por no tener acceso a la ayuda humanitaria que el régimen bloquea o niega.
La historia nos enseña que aquí, en Venezuela, los militares han mandado directamente, o por mampuesto valiéndose de gobernantes que por temor se les pliegan (caso Maduro). En su obra “El Carrusel de las Discordias”, Simón Alberto Consalvi registra que “los generales gobernaron desde 1830 hasta 1945, con los interludios ciiviles del siglo XIX (Rojas Paúl, Andueza Palacio, Andrade) que representaron siempre y de modo fatal, al hombe fuerte que los postuló”. Es sabido lo que vino después. El trienio cívico-militar 1945-1948 que con el sufragio universal directo y secreto devolvió al pueblo la soberanía que se le había secuestrado, el gobierno constitucional de Rómulo Gallegos y su derrocamiento, la vuelta de 1948-1958 de los militares al poder, la reaparición del poder civil que cubrió el largo trecho de 40 años entre 1958 y 1998, y a partir de 1999 el aciago retorno del militarismo con Hugo Chávez primero y ahora continuado por Nicolás Maduro, un civil acobardado al que solo le falta ponerse los galones sobre los hombros.
Cuenta Plutarco en sus “Vidas Paralelas” que Julio César, después de la conquista de las Galias, se propuso tomar los caudales de la república romana para financiar la continuidad de la guerra, a lo que se opuso el tribuno de la plebe, Metelo, alegando a este propósito ciertas leyes, pero Julio César no le hizo caso, respondiéndole que “uno era el tiempo de las armas, y otro el de las leyes”.
Lo que en este artículo se ha relatado, muestra y demuestra que Maduro no regatea dinero para los cuerpos militares y paramilitares, porque estamos en tiempos de armas, y que la Constitución de 1999 admite la deliberación militar, porque no estamos en tiempo de leyes.
