Transición, políticas públicas y leyes
Miguel Méndez Rodulfo
Todos recordamos a un diputado del mal llamado Polo Patriótico, que había sido designado, en 2003, jefe del Comando Ayacucho para un proceso de reparos de firmas que buscaba activar un referendo de revocatoria de mandato en contra de los parlamentarios de la oposición, proceso que el oficialismo perdió. Posteriormente se negó a disolver su tolda política “Podemos”, cuando el de Sabaneta pretendía que todos los partidos que apoyaban al régimen se disolvieran para fundar un solo partido hegemónico: el PSUV. Este diputado no argumentaba que él quería mantener su partido (que era lo que realmente le importaba), sino que aprovechando que el difunto también pretendía cambiar la carta magna, se rasgaba las vestiduras en un supuesto “Proyecto País” establecido en la Constitución de 1999. La verdad es que ninguna Constitución del mundo encarna una visión país; ellas son una declaración de principios que asegura la convivencia social, que busca proteger los derechos ciudadanos y que ordena al Estado; pero ni siquiera la carta magna del 99, presidencialista y con un sesgo ideológico hacia el socialismo, se puede decir que encierra un modelo de desarrollo.
Otro caso que me viene a la memoria es un amigo, connotado especialista en su área, que había sido en 1998 corredactor de una ley para su sector; él me decía que dicha ley encerraba una política pública. Por supuesto que no era sí, ninguna ley contiene propuestas de políticas públicas; las leyes regulan, pero también estimulan, aspectos de los países que deben ser ordenados, codificados y establecidos. De manera que no encontraremos en las normas legales nada que tenga que ver con políticas públicas. Lo que hay que tener claro, y no me canso de decirlo, es que la política pública es el marco referencial bajo el cual se deben elaborar las leyes y los planes del país, como una manera de evitar la ambigüedad, dispersión, excesos y contradicciones que caracterizan a estos instrumentos de la gobernabilidad.
Durante la transición, ese período que se inicia con una nueva gobernabilidad, que definitivamente implica un cambio drástico del modelo de desarrollo que para nuestra desgracia se implantó en el país desde el año 1999, hay que tener muy claro cuál es el rumbo hacia el cual debemos dirigir al país y cuáles son las políticas públicas sectoriales que vamos a implementar una vez que la fase de reconstrucción de dos años, que implica la transición, se haya cumplido. En efecto, durante este período de corto plazo, que se caracterizará por la reconstrucción de la infraestructura, los procesos, los equipos, los sistemas, el capital humano, etc., hay que considerar en todo momento hacia dónde vamos en el largo plazo y qué vamos a hacer en el mediano plazo. Así, reconstruir las bases de la institucionalidad debe ser una obra que se realice pensando que la edificación que se levante debe ser de envergadura, vigorosa, moderna, futurista y compleja en su funcionamiento, de manera que las ejecutorias de gobierno que se afronten sean certeras, eficientes, económicas y resuelvan eficazmente los problemas de la gente.
Venezuela en un plazo de 20 años debe dar un salto cuántico y resolver de una vez por todas (ya basta de pañitos calientes y fracasos que nos llevaron a este desastre) los problemas fundamentales de la pobreza, del rentismo populista, del presidencialismo y del incumplimiento constitucional del equilibrio de los poderes públicos. En la Visión País nacional, escenario de 30 años, no puede visualizarse una nación agobiada por la marginalidad, dependiente del petróleo y sumisa frente al Poder Ejecutivo. Al contrario, en ella estos problemas están resueltos o por lo menos muy controlados y el escenario que se plantea alcanzar corresponde a uno en que los venezolanos, comportándose como ciudadanos del primer mundo esperan recibir de su Estado servicios públicos de alto nivel y condiciones de progreso y prosperidad.
