Tránsito al postconflicto

Beatriz de Majo

Nunca se deliberará suficiente en Colombia sobre las dificultades del proceso de pacificación del país una vez que fue acordada en La Habana la dejación de las armas por parte de los violentos.

Son demasiados los dolientes y los afectados de las tropelías perpetradas en medio siglo de violencia que no solo se llevó la vida de cientos de miles de compatriotas sino que dejó a otros tantos con secuelas profundas por los desafueros que vivieron en carne propia o que afectaron a sus cercanos. Para que las heridas sanen, para que los muertos sean enterrados no bajo la tierra sino en el ánimo de sus deudos, para que los afectados sean capaces de superar sus propias dolencias, para poder pasar la página sobre las afrentas individuales y colectivas, hace falta bastante más que idearse un esquema legal frio que le ponga un paño de alivio a la sociedad y que la incite a un perdón que considera inmerecido.

El perdón indispensable para que la ciudadanía avance hacia un estadio de normalidad suspende la condición de víctima y deja igualmente en suspenso la condición de victimario de quienes se enfrentaron en un delito atroz. Ello no le devuelve un estadio de normalidad ni mental ni social al agresor y al agredido ya que uno y otro se encuentran en distintos sitios de protagonismo de cara al hecho que los relacionó, con crueldad de un lado y con sufrimiento y humillación del otro.

Con la finalidad de adentrarse en una senda de normalización social y de recuperar una evolución histórica pacífica y con entendimiento, Colombia ha tenido la sindéresis de propiciar un proceso que pueda desembocar en el perdón, al facilitar a los afectados el relato de los episodios sufridos con toda la necesaria crudeza, y al propio tiempo instar a los criminales a proveer a los agraviados detalles de los episodios que los llevaron a delinquir en contra de sus hermanos y compatriotas.  Con ello los miles de casos podrían ser investigados en profundidad para promover salidas plausibles.

Durante varias semanas y en distintos sitios de la geografía vecina se han estado recibiendo informes sobre lo que se denominan secuestros políticos o retenciones ilegales de las FARC en las que estarían envueltos al menos treinta miembros de la secretaria de las FARC. Lo mismo se seguirá haciendo por varias semanas en ese esfuerzo de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.

La cuesta es hato empinada pero ello no ha sido óbice para intentar transitarla de la mejor manera. Esta es la otra cara de la Justicia Transicional. La que pudiera llevar a los colombianos a recuperar de la mejor manera las relaciones intrapersonales para poder construir un futuro con objetivos coincidentes, aunque las tendencias políticas sean diversas.

Al extrapolar estar acciones a lo que pudiera ocurrir en Venezuela una vez desplazados del poder quienes han llevado al país a la ruina económica y humana se pregunta uno si la experiencia colombiana podrá servirnos de algo en nuestro propio camino hacia la paz y el reconocimiento interior.

Los crímenes no son ni más leves ni menos atroces en los dos lados de la frontera y son numerosos por igual. Todas las fórmulas de violencia usadas por los insurgentes en Colombia están presentes del lado nuestro con el agravante de que han sido perpetradas por los propios gobernantes, sus colaboradores o entidades creadas con ese propósito. Los saqueos que han destruido nuestra economía han sido orquestados deliberadamente por quienes detentaban el poder y el manejo de las instituciones. La corrupción se ha aupado desde lo alto, se ha socavado la moral de los individuos, se ha premiado el delito, se han destrozado industrias, de han dilapidado las riquezas, se ha pervertido las fuerzas armadas y los entes responsables del orden, se ha permitido una grosera injerencia extranjera en el manejo del país y se les ha convertido en cómplices de las fechorías, la rapiña y los destrozos. Se ha hecho causa común con el narcotráfico y el terrorismo. Y no contentos con todo lo anterior se han violado los derechos de los ciudadanos y conculcado las libertades básicas.

En Venezuela, a la hora de levantar desde las cenizas una sociedad, una economía y unas instituciones capaces de ser el sostén de un nuevo progreso , nos tocará, de igual manera, idear un modo manera de abordar los crímenes que nos llevaron a la total hecatombe, enfrentarnos a sus artífices y darles el trato que merecen.

Los aspectos positivos de la experiencia colombiana en cuanto a la estructuración de un modelo de justicia que permita un tránsito adecuado a un país nuevo, nos servirá de poco o de nada. En ese terreno, al igual que en todos los demás, tendremos que partir de cero porque las fechorías de cuño propio no han dejado sano ni un soto resquicio de nuestro país.