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Un conflicto sin destino

El título de este artículo lo he reflexionado largamente. Decidí utilizarlo, después de observar con angustia los preocupantes hechos que han ocurrido desde las elecciones parlamentarias, agravados después de la juramentación de la nueva Asamblea Nacional. Definitivamente, veo venir tiempos turbulentos en Venezuela. El oficialismo no está dispuesto a permitir que la Asamblea Nacional, depositaria de la voluntad popular, cumpla a cabalidad con las funciones y atribuciones que le corresponden constitucionalmente, en particular aquellas que requieren el voto de una mayoría calificada. Es imposible, en medio del actual enfrentamiento, influido ideológicamente por dos maneras de pensar absolutamente contrapuestas, resolver la compleja situación económica y social que enfrenta nuestro país. Esto debemos saberlo La crisis social es de tal gravedad que estudiosos en la materia piensan que ha empezado a tener un carácter humanitario.

Henry Ramos Allup planteó, con firmeza, la necesidad de encontrarle una solución definitiva a la crisis nacional en un plazo de seis meses o en su defecto lograr la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de la República, a través de medios pacíficos, constitucionales y electorales. En contrapartida, los dirigentes del madurismo han mantenido la sorprendente tesis que sostiene: “la derrota sufrida por el oficialismo es un triunfo transitorio de la oposición que será superado en los próximos meses”. Nicolás Maduro consideró de manera irresponsable, que la creciente crisis económica, que ya se observaba en los últimos años del gobierno de Hugo Chávez, permitía esperar, sin tomar ninguna medida correctiva, que se realizaran las elecciones parlamentarias. La aplastante derrota electoral no sólo demostró su gravísimo error, sino que permitió que los factores desencadenantes del colapso económico alcanzaran niveles de tal magnitud que se hicieron inmanejables. Esa es su gran responsabilidad histórica.

Mantengo que este es un conflicto sin destino, debido a la imposibilidad que tiene el Estado venezolano de superar la creciente crisis nacional en medio del inmanejable y peligroso conflicto entre los poderes, que surge de una manera natural como consecuencia de la arbitraria forma en que se designaron los miembros de los poderes públicos por el PSUV, a excepción de la actual Asamblea Nacional, con la malsana intención de controlarlos y ponerlos a su servicio. Si se hubiera respetado lo establecido en la Constitución Nacional para su designación sería posible aplicar con suficiente idoneidad el contenido del artículo 136 constitucional que establece que: “cada rama del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”. Lamentablemente, las circunstancias políticas actuales impiden totalmente esa posibilidad, comprometiendo el funcionamiento eficiente de los poderes públicos.

Existen actualmente razones suficientes para cuestionar la legalidad y legitimidad del actual gobierno nacional. Por ello, Nicolás Maduro busca involucrar a la Fuerza Armada Nacional, abusando de su patriotismo y disciplina, en el conflicto político, para convertirla en un actor a su favor y comprometerla con sus intereses, para de esa manera intimidar a la oposición democrática. Esta compleja realidad obliga a encontrarle, en el menor tiempo posible, alguna solución que permita superar la grave situación nacional. Es imperativo que los mandos de la Fuerza Armada Nacional tomen conciencia de la situación y convenzan al presidente Maduro de la necesidad de evitar un enfrentamiento fratricida que nos conduzca de nuevo a épocas afortunadamente superadas. En todo caso, deben tener siempre presente su deber constitucional de respetar y preservar la estabilidad de las instituciones de la República.

Nunca he sido partidario de la interrupción de los períodos presidenciales. Sin embargo, hay circunstancias que la justifican como consecuencia de una errada gestión de gobierno o por la comisión de algún hecho delictivo. La responsabilidad de Nicolás Maduro en la actual crisis política, económica y social es indiscutible. De todas maneras, soy de los que creen que es conveniente para poder construir una sólida unidad nacional que presione su retiro del gobierno, permitirle que aplique el plan de emergencia económica que dice tener previsto, no sin antes hacerle ver a los venezolanos, en un amplio debate en la Asamblea Nacional, los graves errores conceptuales y prácticos que, estoy seguro, su gobierno cometerá en la aplicación de dicho plan. Al mismo tiempo, en espera del éxito o fracaso de dicho plan, se requiere iniciar las necesarias acciones para que pueda aplicarse, lo más rápido posible, una de la soluciones constitucionales previstas para su retiro de la presidencia de la República. Eso sí, este importante hecho histórico debería ocurrir en un lapso menor de seis meses. La salvación de Venezuela así lo exige,

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@FOchoaAntich

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