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Un presupuesto sentenciado

Este país está hecho jirones, ensartado en el riguroso y despiadado antojo de la dictadura. Cada acción del Gobierno parece de ficción, apretando las tenaces ligaduras a un pueblo que dejó de estar boquiabierto ante el abuso y se sienta a observar cómo con leyes de espanto se empantana el futuro nacional.

El Tribunal Supremo de Justicia es esa cajita mágica de la calamidad. Cuando el Presidente se ve obligado a deambular por los caminos democráticos y a postrarse a la institucionalidad, huye despavorido hacia esa trinchera donde se cuecen parapetos legales y se sientan a la mesa a bosquejar sentencias sólo creíbles en historias ingenuas de terror.

Abrumado en sus propias voluntades de no dejar el poder, el Gobierno recurrió otra vez a este tribunal desfigurado, socialista, abusivo; ilegal en el palmarés de la investidura de sus representantes y caricaturesco en su inventiva al elaborar estamentos imposibles de implementar en alguna nación donde funcione la realidad.

Ese maquinal, despreciable e innoble laboratorio de burlas a la profesión del derecho, volvió a hacer de las suyas para complacer a un mandatario desentendido de lo correcto, lanzando un decreto con rango y fuerza de ley, para facultarle a presentar el Presupuesto 2017 ante la Sala Constitucional de este desfigurado Poder Judicial, pasando por encima de la Asamblea Nacional y de los cánones de la justicia.

Si alguien dudaba del descalabro de este inagotable sistema de desconsuelos, sólo debió observar el infame acto dictatorial, cuando con el mayor desparpajo el Presidente firmó y aprobó el presupuesto entre sus propios camaradas, amenazando a los gobernantes regionales y municipales a no recibir ni medio si no reconoce esta acción como legal.

¿Qué empresa, institución o país puede relacionarse económicamente con este Gobierno, ante un acto carente de contexto racional y democrático? Los créditos públicos pierden validez con esta extravagancia socialista y se percibe esa sensación irremediable que de este desatino van a sucederse cosas peores.

El propio diputado José Guerra, especialista en el área económica, aseguró que la ejecución del gasto, la contribución fiscal y el endeudamiento público serían acciones ilegales, citando del artículo 312 de la carta magna, el cual refiere que «el Estado no reconocerá otras obligaciones que las contraídas por órganos legítimos del Poder Nacional, de acuerdo con la ley».

Ya la contrariedad y el asombró dejó los predios de lo irregular, para dormirse en el desencanto acostumbrado. Sólo existe ese empastelado TSJ para mantener a raya al Poder Legislativo y tal vez al mismo ciudadano de a pie, que requiere de un destino providencial y venturoso para mitigar sus desilusiones, agredido por la falta de esperanza.

Desde cuándo un organismo judicial puede ser omnipotente ante la propia legalidad y hasta pretender disolver un parlamento por no hacerle guiños aprobatorios a los comunistas. No sería de asombro que en el futuro exista una nueva sentencia, la cual sea que quienes voten para elegir al mandatario nacional deban ser los propios magistrados, pues ya el pueblo está en desacato, pensando sólo en calmar el hambre y en hablar mal del Gobierno.

@Joseluis5571

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