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Venezuela: El panorama del cambio climático en un contexto de emergencia humanitaria compleja

Venezuela está inmersa en un contexto de emergencia humanitaria compleja. La vulneración de los derechos humanos, el alto costo de los alimentos, la escasez de medicinas, la inseguridad y el éxodo masivo son los principales temas de agenda pública nacional. Bajo este panorama tan particular parece improbable que, al menos en corto plazo, el país se pueda igualar en función de los esfuerzos multilaterales sobre mitigación y adaptación al cambio climático.

El cambio climático ha sido el responsable de gran parte de las crisis humanitarias que han reportado los países en los últimos años. En el caso venezolano, la crisis humanitaria encuentra la clasificación de emergencia humanitaria compleja, caracterizada por la fragmentación del Estado, la inestabilidad y el fracaso en las políticas de desarrollo. Bajo este contexto sociopolítico tan particular puede parecer abstracto hablar sobre mitigación y adaptación al cambio climático en un escenario donde la crisis humanitaria es la gran protagonista de los titulares a nivel mundial y donde internamente solo se expresan las situaciones más acuciantes como principales temas de agenda pública nacional.

No obstante, nuestro país no está exento de las consecuencias generadas por este fenómeno global. Ya en 2015, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático llevada a cabo en París, se anunciaban algunos efectos observados a lo largo del siglo XX en Venezuela; entre estos se destacaban «el aumento de las temperaturas nocturnas de 2,5 °C y la disminución de las precipitaciones anuales entre 3 % y 20 % en casi todo el país». Además, durante el siglo XXI el escenario ha sido menos favorecedor, principalmente por la profundización de las sequías ocasionadas por el fenómeno de El Niño, que ha sido una de las causas de que, desde mediados de la década pasada, se tomen medidas de racionamiento en los servicios básicos como el suministro de agua potable y el servicio eléctrico.

El hecho de que el gobierno de Nicolás Maduro no esté llevando a cabo ningún esfuerzo para intentar frenar el cambio climático solo profundiza los problemas, ya que antes que disminuir es probable que las consecuencias de este se agudicen, poniendo en riesgo la calidad de vida y salud de los venezolanos con una profundización en la crisis de los servicios básicos. Aunque no exista actualmente una investigación que estime que la crisis humanitaria se haya exacerbado por este fenómeno, sí existen datos referentes a la ausencia de toma de decisiones por el gobierno nacional para aminorar el problema hidroeléctrico, lo que ha contribuido en gran medida al éxodo migratorio.

Llama la atención además el hecho de que el llamado Plan de la Patria 2013-2019 del gobierno nacional establece como su quinto objetivo «preservar la vida en el planeta y salvar la especie humana», pero quienes escribieron ese objetivo sobre el papel son los mismos encargados de la destrucción del Arco Minero del Orinoco, convirtiéndolo en una zona sin ley, donde se cometen graves crímenes, tanto ambientales como socioculturales. En un informe reciente de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se advirtió sobre el impacto que la extracción de oro, diamantes, coltán y otros metales están causando sobre ese territorio. De igual modo, diversas organizaciones no gubernamentales han alertado sobre la intensificación de la deforestación, producto de la minería ilegal que se lleva a cabo en el sur de la selva amazónica.

Otro problema que se ha anunciado constantemente refiere al esfuerzo de los países por reducir la emisión de gases de efecto invernadero y migrar a fuentes de energía más limpias. Esto probablemente conlleve una disminución dramática de los precios del petróleo, lo que representará un duro golpe para la economía venezolana, tomando en cuenta que es el principal producto de exportación del país y que posee un gran peso dentro del PIB nacional.

Lo cierto es que el problema sigue creciendo y no parece ser una prioridad en la agenda política venezolana. Y la gran preocupación es que, de no tomarse acciones en el mediano plazo, la lista de retos que enfrentaremos no solo será más grande, sino que estos mismos se irán complicando cada vez más. Esperemos que en ese entonces contemos con el suficiente apoyo de entes internacionales que puedan aportar conocimiento para plantear soluciones viables y efectivas para la crisis, así como los recursos que hagan posible implementarlas.

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