Venezuela no existe
Hace rato que en Venezuela pasan cosas que, de ocurrir en otra parte, provocarían la inequívoca condena de los “demócratas” latinoamericanos. No la crítica esporádica y timorata de gobiernos que después se deshacen en explicaciones con olor a disculpa, como la que en raras ocasiones emana hacia Caracas desde La Moneda, sino el firme rechazo de quienes creen que la verdadera democracia se demuestra con hechos.
¿En qué otro país democrático de la región están en la cárcel tres de los principales líderes de oposición, todos ellos mediante procesos judiciales cuestionados internacionalmente por personalidades e instituciones de prestigio? Sin olvidar a varias decenas de personas que, a excepción del chavismo y sus partidarios, todo el mundo considera presos políticos.
Ahora resulta que el fiscal que obtuvo la condena del opositor más visible ha huido de Venezuela admitiendo que las pruebas que presentó contra el ex alcalde Leopoldo López eran “falsas” y que se sintió obligado a usarlas “en virtud de la presión” que ejercían sobre él tanto el gobierno como sus superiores jerárquicos. El juicio, confesó el ya destituido ex fiscal, no fue más que “una farsa”.
Por si fuera poco, la reacción del propio Ejecutivo venezolano le quitó piso a quienes desde acá se apresuraron a calificar de “tongo” las revelaciones del ex acusador de López, como el senador Alejandro Navarro. Porque lejos de negar presiones de cualquier tipo sobre el abogado, la Fiscal General de la República simplemente les atribuyó un origen que no era el gobierno: “Él se dejó presionar. Cedió a las presiones de factores extranjeros y sectores del país, no del Ministerio Público”, afirmó el lunes.
Entonces, sí hubo influencias indebidas, vinieran de donde vinieran, lo cual basta para poner en entredicho todo el proceso judicial y, por supuesto, la legitimidad del fallo que condenó a López a casi 14 años tras las rejas. Dicho fallo motivó a Chile a declararse “respetuoso de lo que hace el Poder Judicial de ese país”, como dijo el canciller Muñoz en septiembre, aunque con un matiz que molestó a Miraflores: “Por cierto, tanto en Chile como en cualquier otro país, sentimos que es importante el debido proceso”.
Pues bien, todo apunta a que el debido proceso no fue tal, por lo que ya no cabe ser tan “respetuoso” con las decisiones de la justicia venezolana como quiere Muñoz. ¿No va siendo hora de redescubrir la consecuencia política y, sin dar pie al tipo de barullo diplomático en que el chavismo se siente a gusto, pedirle a Caracas algunas explicaciones? No con el ánimo de quien se arroga autoridad moral para exigir cuentas, sino con la genuina preocupación del que valora la democracia, aquí como en todas partes.
Lamentablemente, el doble estándar del llamado progresismo en este asunto es lapidario. Los mismos que festejan cuando la OEA castiga al Estado chileno por (supuestamente) discriminar a alguien debido a su etnia o sexualidad, hacen oídos sordos cuando los organismos de la propia OEA —junto con la ONU, el Parlamento Europeo y varios más— condenan año tras año al régimen bolivariano por no garantizar la igualdad ante la ley, impedir el derecho a la libre expresión, acosar a la oposición política o intervenir abiertamente en los procesos electorales, entre otros problemas.
Hay más ejemplos. Los mismos que afirmaron acá que el control policial de la violencia asociada a las marchas estudiantiles de 2011 representaba una “regresión autoritaria” y la imposición de un “estado de sitio”, no vieron nada de malo en que las protestas de 2014 contra el gobierno de Nicolás Maduro fueran reprimidas a tiros por las fuerzas de seguridad, con la muerte de ¡decenas! de civiles desarmados, muchos de ellos jóvenes estudiantes.
Y los mismos que tienen por hábito fustigar a los distintos gobiernos de Chile por no ser (a su juicio) lo suficientemente amistosos con nuestros vecinos, tienen poco que decir cuando Caracas provoca deliberadamente la primera crisis humanitaria regional no generada por un desastre natural en décadas, desplazando forzosamente a centenares de familias colombianas al otro lado de la frontera, pasando a llevar sus derechos más básicos a la vez que las normas de justicia internacional.
Las otras democracias de América Latina, cada una a su modo, pecan de la misma inconsecuencia. Para los venezolanos, es como si su país fuera invisible.
Marcel Oppliger, periodista, autor de “La revolución fallida: Un viaje a la Venezuela de Hugo Chávez”.
