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Vergüenza nacional

En los últimos cinco años, el Estado costarricense apenas logró ejecutar el 12% del préstamo de $72 millones concedido por el Banco Mundial para el proyecto Limón Ciudad Puerto, destinado a dotar a la capital del Atlántico de urgentes mejoras de infraestructura. Los salarios de los encargados de impulsar la obra se pagaron con mucha mayor eficiencia. El costo operativo anual fue de ¢582 millones, de los cuales ¢570 millones se utilizaron para pagar la planilla, compuesta de 22 personas.

El plazo convenido para ejecutar el préstamo está por expirar. La nueva Administración intentará rescatarlo, pero el Banco Mundial anuncia la intención de no aprobar una prórroga, aunque está anuente a financiar los proyectos inconclusos en el marco de un nuevo esquema de trabajo.

El fracaso es una vergüenza nacional. La capital provincial más necesitada no recibe alivio, a pesar de la disponibilidad de fondos, por falta de liderazgo y exceso de burocracia. En este caso, la mesa estaba servida cuando comenzó la pasada Administración, pero en cuatro años los avances fueron irrelevantes.

No faltaron voces de alarma de la prensa, los técnicos y los sindicatos, como tampoco promesas de retomar el proyecto. En agosto del 2010, el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) reclamó los atrasos y un informe del Estado de la Nación señaló, en noviembre del 2013, “graves errores” que debieron ser obvios para la Administración.

La Contraloría General de la República advirtió la falta de estudios de factibilidad para algunas de las obras propuestas, y la mala ejecución llegó al punto de esbozar planes de imposible concreción, como la creación de un espacio recreativo en terrenos inadecuados para ese propósito.

En el 2012, un informe rendido ante el Banco Mundial admitió que la Comisión de Coordinación Institucional, integrada por funcionarios de alto nivel, sesionaba cada tres meses y no se involucraba en la ejecución. Además, el personal de las unidades ejecutoras adolecía de “limitada experiencia técnica y operativa” y los jerarcas de las instituciones involucradas no asistían a las reuniones para coordinar iniciativas. En síntesis, Costa Rica aceptó ante el Banco un completo abandono del proyecto y, a juzgar por los resultados, nada se hizo para remediarlo.

El proyecto prometía habilitar espacios públicos, remozar edificios históricos, prevenir inundaciones, mejorar el alcantarillado y otras obras por largo tiempo esperadas. A la fecha, el Banco Mundial y la comunidad limonense solo han sido testigos de una inexplicable inoperancia.

El Gobierno hace bien en renegociar la ayuda con el Banco Mundial. Limón necesita las obras, pero también es importante acoger la petición de la defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, para emprender una investigación legislativa sobre los motivos del fracaso. La Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso, fiel al mandato de ejercer control político, no debe dejar pasar la oportunidad de brindar al país y a la comunidad limonense una explicación de lo sucedido.

Igualmente importante es sentar las responsabilidades del caso. Habiendo necesidades urgentes y el dinero para enfrentarlas, la falta de concreción de las obras es un hecho grave que seguramente tendrá nombre y apellidos. Los diputados limonenses tienen la oportunidad de dar un paso al frente para exigir la investigación y defender los intereses de su provincia.

Limón es vital para el desarrollo nacional. Por su puerto sale la mayor parte de las exportaciones, sin contar la riqueza producida en su territorio y las enormes oportunidades ofrecidas por su belleza natural y cultural. El descalabro del proyecto Ciudad Puerto exige rectificación y remedio.

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