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Y la desaceleración sigue

Ayer la portada de nuestro Diario anunció una noticia que le cayó a los peruanos como un baldazo de agua fría: en mayo la economía creció solo 1,8%, el menor nivel de expansión que hemos presenciado en los últimos 56 meses. Los sectores más afectados fueron la pesca que redujo su producción en 9,32%, la minería e hidrocarburos que lo hizo en 4,49% y la manufactura que se contrajo en 2,53%.

Las razones de esta desaceleración las resumió bien el martes en esta página nuestro columnista Roberto Abusada: se han apagado dos de los motores más importantes de nuestra economía, las exportaciones y la inversión privada. Las primeras han caído y la segunda se ha mantenido en cero en esta primera mitad del año.

Hay quienes le echan la culpa de esta situación al descenso de los precios de las materias primas por la coyuntura internacional. Sin embargo, como bien señalaba el director del Instituto Peruano de Economía en el mencionado artículo, esta no es una explicación satisfactoria. Y es que los precios de los metales, a pesar de estar más bajos que hace un tiempo, siguen manteniendo niveles superiores al promedio de los últimos diez años, durante los cuales la inversión privada creció a 13,3% por año.

El principal problema se encuentra adentro. Primero, el presidente Humala ha sido un experto en enviar mensajes contradictorios sobre cómo se maneja la economía en el Perú. Por ejemplo, mientras que por un lado el MEF hacía esfuerzos para que el Congreso apruebe un paquete de medidas que reactivarán la economía y Produce anunciaba un plan para eliminar las trabas burocráticas, el presidente promulgaba la intervencionista Ley Universitaria y declaraba en contra de la inversión privada en los servicios de salud y educación. Y pocas semanas antes lanzaba un discurso en Talara reivindicando a Velasco mientras inauguraba una obra faraónica de una empresa estatal. A esto hay que sumar los múltiples eventos protagonizados por el oficialismo que han generado inestabilidad política que asusta a los inversionistas. Entre ellos, las sospechas de la intención de que la primera dama postule a la presidencia, los escándalos de aparente corrupción del hermano del presidente y de miembros de su bancada, la reticencia del gobierno para esclarecer el Caso López Meneses o los indicios de que el Ejecutivo estaría ‘reglando’ a periodistas y opositores. Nuestra nave, en fin, se remece no solo por culpa de la marea o de los vientos en contra, sino porque sus navegantes dan intempestivos golpes de timón de un lado para el otro.

Las inversiones, por otro lado, se ven detenidas por una telaraña de prohibiciones, trámites y barreras burocráticas absurdas que este y los anteriores gobiernos han venido sumando y que hoy en el Estado ya nadie sabe por dónde empezar a desenredar.

Veamos los casos de los tres sectores cuya producción ha sufrido más en mayo. Para Elena Conterno, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, la menor productividad de su sector se explica por las restricciones (declaradas sin fundamento por el Poder Judicial) que impuso el Ejecutivo a la pesca industrial de anchoveta. Según Ricardo Briceño, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, existen más de 180 normas que se entrecruzan, duplican, contradicen y crean confusión. La normatividad minera, para él, “es hoy un plato de espagueti”. Y en el sector hidrocarburos, para Beatriz Merino, presidenta del gremio, casi la mitad de los contratos con el Estado están paralizados principalmente por demoras en trámites.

Si quiere que recuperemos velocidad, el gobierno debe dejar de hacer que el barco se tambalee. Debe tomar, además, medidas para que se detenga la producción de trabas regulatorias que obstaculizan a nuestros inversionistas. Por ejemplo, deberíamos crear un sistema empoderado y con recursos que sancione a los burócratas que dictan estas normas absurdas. Y, ojalá, si el gobierno se empieza a quedar sin conejos en el sombrero, no caiga en el error de querer relajar las normas de contrataciones públicas para intentar lograr un ‘shock’ acelerado de gasto estatal, pues en el camino los recursos que destine a esto pueden terminar siendo capturados por la corrupción y convertidos en obras que mucho cuestan y para muy poco sirven.

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