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Analizaron la transformación de la seguridad en Venezuela: logros, retrocesos y desafíos emergentes

En un país donde la percepción ciudadana sobre la criminalidad ha cambiado radicalmente en los últimos años, el foro “La seguridad en Venezuela”, organizado por Analítica TV y moderado por Emilio Figueredo, ofreció un diagnóstico lúcido y sin eufemismos. Contó con la participación de dos de los más reconocidos expertos en el área: el sociólogo Roberto Briceño-León y el abogado penalista Fermín Mármol García. Ambos coincidieron en que, aunque la violencia ha disminuido, nuevos peligros han emergido y amenazan con desdibujar cualquier sensación de tranquilidad.

“La reducción de homicidios en Venezuela es real”, afirmó Briceño-León, director del Observatorio Venezolano de Violencia. Según sus cifras, el país pasó de una alarmante tasa de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017, a 26 en el último año. Aunque esta cifra sigue siendo el doble del umbral que la Organización Mundial de la Salud califica como “epidemia”, representa un cambio significativo. No obstante, advirtió que esta mejora responde más a una pérdida de oportunidades para delinquir que a una estrategia sostenida del Estado: “No le era negocio delinquir en el país. No había efectivo, los teléfonos no funcionaban, los cajeros no daban nada”.

La migración masiva también desempeñó un papel clave en la disminución del crimen. Muchos de los victimarios —y también las víctimas— salieron del país. “La mitad de los ocho millones de migrantes venezolanos son menores de 30 años”, explicó Briceño-León, grupo que históricamente ha concentrado la mayor incidencia delictiva.

Pero el panorama no es homogéneo. Con la progresiva reactivación económica, los robos en transporte público y la extorsión —especialmente a trabajadores que ahora manejan efectivo en dólares— han reaparecido. Además, la “matraca policial” se ha consolidado como una nueva forma de amenaza: “En algunas alcabalas no parece que extorsionan, sino que piden limosna”, denunció el sociólogo, señalando el profundo deterioro de la imagen de las fuerzas de seguridad.

Fermín Mármol García, por su parte, aportó una visión complementaria desde el derecho penal. Aunque ratificó la disminución de los delitos violentos, atribuyó los avances a “una estrategia represiva dentro del marco jurídico penal”, basada en el desarme de la población, el desmontaje de las zonas de paz, la toma de centros penitenciarios y operaciones policiales focalizadas. “Miles de delincuentes fueron neutralizados, privados de libertad o fallecieron en confrontaciones con las autoridades”, aseguró.

Sin embargo, advirtió sobre fenómenos en crecimiento, como la violencia intrafamiliar, la extorsión organizada en varios estados del país y los delitos tecnológicos. “Nos estamos enfrentando a una posible modificación antropológica del venezolano”, alertó. El venezolano “buena gente, solidario”, parece estar dando paso a uno más agresivo y desvinculado de la lógica de protección al vulnerable.

Uno de los temas más debatidos fue la magnificación mediática del Tren de Aragua. “Se ha exagerado al punto de compararlo con el cartel de Sinaloa”, apuntó Figueredo. Briceño-León matizó: “En algunos países como Chile, donde no había violencia criminal organizada, su irrupción fue muy notoria. En cambio, en Colombia se encontraron con grupos muy fuertes y resistencias claras”. Mármol García añadió que muchos delincuentes, aun sin pertenecer formalmente al grupo, usan su nombre para infundir terror: “Es parte del mito. Dicen ser del Tren de Aragua para asustar a sus víctimas, aunque no haya trazas de conexión con la cúpula de Tocorón”.

Ambos especialistas coincidieron en que la deportación masiva de venezolanos desde Estados Unidos genera temor en la población, pero advirtieron que no debe sobrestimarse. “A lo sumo podrían regresar 20.000 personas en 2025. Si el 2% tuviera vínculos con el crimen, el impacto sobre 30 millones de habitantes no sería estadísticamente significativo”, sostuvo Mármol García. En cambio, consideró mucho más preocupante el deterioro económico como caldo de cultivo para el rebrote de la violencia.

Sobre el narcotráfico, Briceño-León ratificó que Venezuela sigue siendo un país de tránsito y, en algunos casos, de producción de cocaína. “Hay rutas que cruzan el Catatumbo hacia el Lago de Maracaibo, otras que atraviesan el Amazonas hasta el Delta del Orinoco”, explicó. El conflicto, más que por consumo interno, se da por el control territorial de estas rutas, y muchas veces involucra a autoridades locales. Mármol García insistió: “Pensar que estamos aislados del problema latinoamericano del narcotráfico es infantil”.

Ambos expertos lamentaron la ausencia de estadísticas oficiales. “Sería extraordinario poder comparar cifras delictivas con encuestas de victimización con cobertura nacional”, dijo Mármol García, subrayando la importancia de contrastar datos oficiales con el sentir ciudadano. También coincidieron en que el enfoque represivo debe ser complementado con políticas de prevención social. “¿Dónde están las canchas, los parques, las bibliotecas, los empleos?”, se preguntó el abogado, quien llamó a “convocar a los aliados”: universidades, gremios, iglesias, empresarios y comunidades.

El foro concluyó con una reflexión de Emilio Figueredo: “Mientras en países africanos como Benín hay orden urbano, paneles solares en las avenidas y continuidad en las políticas públicas, en Venezuela nos quedamos atrapados en la anomia. ¿Por qué no podemos aspirar a lo mismo?”.

Vale la pena ver este muy interesante foro en:

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