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Colombia protestó por primera vez en contra de la gestión de Gustavo Petro

Este 26 de septiembre, habitantes de las principales ciudades de Colombia protestaron en contra de las reformas políticas y económicas que el presidente Gustavo Petro ha realizado en el país. Esta es la primera manifestación en contra del mandatario, quien asumió el poder el pasado 7 de agosto.

Pierre Onzaga, uno de los gestores de la llamada «Gran marcha nacional», informó que se hizo un llamado a los colombianos a que se concentraran en «más de 20 ciudades del país y también en varias ciudades de Estados Unidos, México, Panamá y Suiza».

Asimismo, explicó que la protesta responde a la reforma tributaria que el gobierno impone, la cual, a juicio de su grupo, afectará a los más pobres. «Le han dicho al país que esta reforma era para los 4.000 colombianos más ricos, pero parece ser para 48 millones de colombianos», comentó Onzaga.

La iniciativa, presentada en agosto por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, busca recaudar 25 billones de pesos anuales (unos 5.550 millones de dólares al cambio de hoy), dinero necesario, según el Gobierno, para reducir la deuda social.

Según Onzaga, «no se grava la canasta familiar, pero termina gravándose vía plástico y gasolina». «Aquí lo que estamos diciendo es que encontramos varias cosas que se han vendido anunciando, pero en la práctica no se están dando», y anunció que el próximo 24 de octubre habrá una nueva movilización.

Por su parte, Alfonso Prada, ministro del Interior, aseguró que el gobierno respeta la protesta y que «el orden público se mantendrá pacíficamente». «La oposición convocó para hoy (lunes) una jornada nacional de protesta. Este Gobierno respetará el derecho que tienen todos los ciudadanos a la protesta social. Las expresiones de inconformidad siempre serán bienvenidas y escuchadas», comunicó en su red social Twitter.

No obstante, si bien la razón principal se debía a la reforma tributaria, los colombianos también rechazaron este lunes los proyectos de reforma laboral, que el Gobierno presentará en 2023, y el código electoral.

La reforma a ese código, según Onzaga, implica la creación de un «mega órgano» que tendrá la potestad de cancelar cualquier partido político «de manera arbitraria bajo criterios que ellos mismos van a crear».

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