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Nicaragua y Cuba compiten por atención y sanciones de Estados Unidos

Una ley para forzar al régimen de Ortega a desarrollar elecciones libres en noviembre y nuevas sanciones contra Cuba, esta vez para los dirigentes de la Policía Nacional Revolucionaria, son parte de las acciones de política exterior más recientes del gobierno de Estados Unidos hacia Latinoamérica.

El proyecto de ley conocido como RENACER (Reforzamiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral), aprobado por el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, impulsaría con su aprobación en el Congreso la salida de ese país del tratado de libre comercio de Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR) y frenaría los préstamos de instituciones financieras globales.

Varios legisladores procuran celeridad en la aprobación final considerando que este mes los partidos políticos opositores nicaragüenses deben inscribir a sus candidatos y quienes contaban con mayor reconocimiento de la población se encuentran retenidos por el régimen. Las elecciones en Nicaragua se deben desarrollar el 7 de noviembre próximo.

En el caso de Cuba, la administración de Joe Biden reaccionó luego de las protestas masivas de habitantes de la isla contra el régimen comunista que gobierna el país. Durante los cuatro años de la administración de Donald Trump se adoptaron más de 200 nuevas acciones contra la isla, la cual padece un fuerte embargo comercial desde la década de los sesenta del siglo pasado. Trump intentó con sus medidas impactar el apoyo de Cuba al régimen venezolano.

Cuba experimenta su peor crisis económica en los últimos treinta años. Las exportaciones de azúcar, que tienen a China como destinatario, son decrecientes debido a la menor producción; los ingresos por la venta de servicios médicos a otros países también se han reducido; las sanciones de Trump impactaron la llegada de remesas y la pandemia frenó el turismo.

Nicaragua, por su parte, exportó USD 3500 millones a Estados Unidos en 2020, en el marco del CAFTA-DR. La salida del país del acuerdo, cuyas condiciones no están claras, representaría un fuerte golpe a la deprimida economía de ese país, el segundo más pobre de Latinoamérica, con 2,4 millones de personas en esa condición, de 6,5 millones de habitantes.

Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 100.000 nicaragüenses han migrado desde 2018, año de fuertes protestas ciudadanas contra el régimen de Ortega. Una parte de esas personas llegaron a Costa Rica pero el flujo de migrantes a Estados Unidos ha aumentado.

Las sanciones de Estados Unidos —las de Trump y las recientes adoptadas en junio y julio por Biden— incluyen sanciones financieras a dirigentes del régimen nicaragüense, entre ellos el propio Ortega, su vicepresidenta y esposa, sus hijos, miembros de la Policía Nacional, el jefe de la fracción del Frente Sandinista en el Congreso, un centenar de miembros de la legislatura, el presidente del Banco Central, entre otros.

Además, mediante la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua del 2018, los representantes estadounidenses ante el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo deben oponerse a nuevos préstamos salvo aquellos destinados a atender necesidades básicas y promover la democracia. La ayuda a iniciativas de la sociedad civil, por al menos USD 25 millones, se mantienen.

A las sanciones de Estados Unidos se comienzan a unir las de la Unión Europea, que frenó el ingreso a los territorios europeos de 14 funcionarios y familiares de Ortega y Murillo. Europa también tiene vigente para los países de Centroamérica un acuerdo de asociación para beneficios fiscales de exportación.


Diálogo Político es una plataforma de difusión de ideas del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer

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