Venezuela: finalizan los cambios políticos… ¿y ahora?

El largo proceso de reformas políticas e institucionales iniciado hace ya dos años por el Presidente Hugo Chávez en Venezuela, culminó el pasado domingo 3 de diciembre con la elección de las autoridades municipales y de las juntas parroquiales, así como con el llamado referéndum sindical. El resultado resultó ser el esperado por la mayoría de los analistas políticos. Una muy alta abstención, mayor a la esperada y la más elevada en la historia política del país, fue el signo predominante en unos comicios donde el propio Presidente de la República había comprometido, una vez más, su poder de convocatoria, al realizar varios actos y hasta una cadena radial y televisiva para exhortar a los venezolanos a acudir masivamente a las urnas.

En la historia de las elecciones regionales, municipales y consultivas llevadas a cabo en Venezuela desde 1979, nos encontramos con que, de una participación del 73% del electorado ocurrido en esa primera ocasión, luego de distintos procesos en los cuales el promedio de asistencia a las urnas había oscilado alrededor del 55%, las cifras de los comicios del pasado día 3 muestran que apenas el 23% de los venezolanos aptos para sufragar concurrieron a los centros electorales. Aunque no haya sido reconocido por los líderes políticos del polo gubernamental, ese hecho constituye una derrota para el gobierno, pues es la primera vez que el electorado deja de escuchar el llamado del Chávez en solicitud de respaldo masivo para su propuesta, algo que el líder había obtenido sistemáticamente. El Polo Patriótico, que había logrado alrededor de una tercera parte de las alcaldías en la llamada megaelección, tampoco obtuvo en las municipales ese apoyo masivo que esperaba, con la resultante de que observamos hoy una mayor dispersión en el control del poder municipal. En cuanto al otro componente de las elecciones, el conocido como referéndum sindical, el cual tenía como objeto consultar a los venezolanos acerca de la permanencia o renovación de las viejas estructuras dirigentes de las organizaciones sindicales, y que fue objeto de especial énfasis por parte del Presidente Chávez en procura de renovación total, recibió la aprobación de un poco más 1,5 millones de votantes, cifra que luce insignificante si se le compara con los 3,7 millones que obtuvo su candidatura presidencial.

Es indudable que todo el ciclo político electoral ha concluido en una fuerte concentración de poder alrededor de Chávez sobre la plataforma política del llamado Polo Patriótico. Bajo este esquema, toca ahora a la Asamblea Nacional la designación de los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia y del llamado Poder Ciudadano, conformado por el Fiscal General de la República, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo, cargos todos de suprema importancia y que deberían garantizar el necesario equilibrio de poderes dentro del Estado venezolano. Pero a pesar de que la Asamblea Nacional Constituyente estableciera claramente en la Constitución Bolivariana, ya hoy en vigor, el procedimiento para el nombramiento de estos funcionarios y los requisitos que los candidatos tenían que cumplir para resultar elegibles, nos encontramos con que, prácticamente, hemos vuelto a las viejas y turbias andanzas que se decían superadas y, en perfecta semblanza de las más rancias prácticas cupulares, la nueva oligarquía quinta-republicana ya ha resuelto quiénes estarán al frente de esas instituciones, al margen de las exigencias de la novísima constitución. Y es que las únicas credenciales válidas ya las anunció públicamente el máximo líder del partido de gobierno: sólo podrán alcanzar esas posiciones quienes estén absolutamente comprometidos con el proceso. Es triste tener que reconocer que, aunque fuera sólo en lo formal, la vieja dirigencia hizo gala de cierta apertura en muchas ocasiones en las que admitió en los poderes públicos la posibilidad de acceso de personas que no estaban directamente vinculadas con ella o que no pertenecieran al partido de gobierno. Ahora, la cuestión es más estricta. Si usted no jura sobre la Biblia la máxima observancia a los postulados de la «revolución» y si manifiesta la más mínima crítica a cualquier ejecutoria gubernamental, por más disparatada que ésta sea, pues entonces pertenece usted a la oprobiosa «maquinaria adeco-copeyana», con lo cual queda automáticamente descalificado y deviene en candidato nato a la muerte civil. ¿Dónde estarán las frases del entonces candidato Hugo Chávez pronunciadas en forma tan clara en la pasada campaña electoral, al punto que nos hizo creer a muchos que existía de verdad una convicción de acabar con los viejos vicios? Sin duda, en algún cesto de basura.

Como pareciera ya convertirse en costumbre en el accionar político del gobierno, el tema del referéndum sindical, después de constituirse en el centro de una agria polémica que llegó a tener hasta repercusiones y reacciones internacionales, ha bajado de tono y luce como si, también en el más puro estilo de los viejos tiempos, las fuerzas antagónicas se sientan a negociar la supervivencia de algunos como contraprestación al ingreso de los representantes bolivarianos a las estructuras sindicales. En este campo, el partido de gobierno no parece tenerlas todas consigo, puesto que carece de líderes con respaldo en las bases, frente a una maquinaria que sí mantiene influencia y maneja muy bien los hilos de poder en toda la estructura. Aquí falló de nuevo el gobierno desde el punto de vista político, puesto que, electoralmente, su propuesta no logró la «barrida» esperada y mucho menos cumplió con la promesa presidencial de «asestar un misil» a la cúpula podrida de las organizaciones sindicales tradicionales, que mantienen un apreciable poder de negociación. Si en algo existe consenso en Venezuela, es sobre la necesidad de un cambio radical en las estructuras sindicales. Sin embargo, este estilo de imponer a como de lugar una propuesta que revela un simple respaldo de actores, encontró por primera vez resistencia en el electorado, el cual, a pesar de estar de acuerdo con el fondo, no se entusiasmó con la forma y dejó de participar en el proceso consultivo, con todo y el llamado del líder, a quien, como dijéramos al comienzo, por primera vez en los últimos dos años dejaron de complacerlo.

El nuevo siglo encuentra a Venezuela con un gobierno que domina todos y cada uno de los poderes nacionales y con un mandatario que, «por ahora», cuenta con el respaldo de las dos terceras partes de la población, a pesar de la depresión económica que parece no tener fin; con la paradoja, además, de que poco entiende «el pueblo» de logros macroeconómicos de los que, por cierto, tanto se jacta la nueva cúpula gubernamental. Esta popularidad, en contraste con la poca satisfacción de las expectativas de la población, sobre todo si se toma en cuenta el nivel de los actuales precios petroleros, tal vez se deba a que Hugo Chávez ha logrado cumplir con todos y cada uno de los objetivos que se fijó con la reforma político-institucional. Pero en medio de un constante enfrentamiento con distintos sectores de la sociedad venezolana, que ya se torna cansón y fastidioso, y que podría tener su origen en la necesidad política de alcanzar aquellos objetivos políticos, la pregunta es si nuestro Presidente será capaz de exhibir una mínima dosis de sindéresis y tolerancia, indispensables para emprender el largo camino de la unificación de la sociedad en la búsqueda de la tan ansiada recuperación económica.