Judicial

AN denunció que Fiscalía no ha iniciado investigación por la Masacre de El Junquito

La presidenta de la comisión especial de la Asamblea Nacional que investiga la «Masacre de El Junquito», Delsa Solórzano, denunció este jueves 15 de febrero que la Fiscalía no ha abierto las investigaciones por el tema de la violación de Derechos Humanos y aseguró que eso acarrea «responsabilidad penal por omisión, encubrimiento y complicidad», según las leyes venezolanas.

Hace un mes, un amplio operativo de las fuerzas de seguridad venezolanas abatió al exdetective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Óscar Pérez junto y a otras seis personas entre ellas una mujer, tras ser acorralados en una casa en El Junquito, a las afueras de Caracas, después de que el exfuncionario informó a través de las redes sociales que deseaba negociar su entrega.

Pérez se rebeló contra el Gobierno en junio del 2017, cuando sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)  ye el Ministerio de Interior Justicia y Paz con un helicóptero policial atacando ambas instituciones.

Solórzano informó que consignaron un documento ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y seguirán con más acciones para presionar que se realicen las investigaciones pertinentes en el caso.

Recordó que la violación de derechos humanos es «un crimen que no prescribe y su sanción no tiene fronteras».

Por su parte, el diputado opositor y miembro de esta comisión, Winston Flores calificó de «ejecución extrajudicial» el operativo de seguridad de hace un mes, un evento en el que, sostuvo, no se respetó el derecho a la vida. «Con tiros en la cabeza el régimen cegó la vida de siete Venezolanos» señaló en su cuenta de la red social Twitter.

«Todas las investigaciones del caso llevadas por la comisión especial de la AN han sido minuciosas hemos contado con expertos y no queda la menor duda que los asesinaron  Masacre del Junquito», señaló el diputado en otro mensaje.

Reiteró que tras la actuación policial «intentaron ocultar las pruebas, demolieron la casa, acosaron a las familias y amigos y realizaron un entierro controlado sin permiso de las familias».

Tras la muerte del expolicía científico y de su grupo, los cuerpos tardaron varios días en ser entregados a los familiares, quienes, acompañados de diputados opositores, denunciaron presiones para que permitieran que fueran quemados.

Tras la presentación al Parlamento el pasado 30 de enero de las conclusiones de la comisión especial de investigación, el Legislativo decidió prorrogar 60 días más sus tareas.

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