Asesinato de Fernando Villavicencio: cuando la delincuencia toma la política
El asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador, el pasado miércoles 9 de agosto ha sido el punto de ebullición de una crisis a la que algunas figuras políticas del país han intentado ponerle freno, pues está específicamente vinculado al crimen organizado.
Villavicencio, quien fue velado y enterrado este viernes 11 de agosto en Quito, no es el primer político que es asesinado en Ecuador como parte de un mensaje de presuntas bandas delictivas que se cree están vinculadas con el narcotráfico.
Él mismo había denunciado en varias oportunidades que había estado recibiendo mensajes de amenazas en contra de su vida, luego de asegurar que Ecuador se estaba convirtiendo en un “narcoestado”.
Y los hechos establecen que desde 2020 las intimidaciones hacia políticos estuvieron presentes, pues en ese año Patricio Mendoza, candidato a las elecciones legislativas, fue asesinado.
Pero en 2023, las acciones han sido consecutivas: en mayo atacaron al alcalde de Durán, Luis Chonillo, y el 23 de julio mataron al alcalde de Manta, Agustín Intriago, considerado una de las figuras con futuro exitosos en la política ecuatoriana.
Para los especialistas el mensaje está claro: el país se dirige una situación en la que las guerrillas buscan amedrentar y mantener su poder a través de acciones que generen temor en la sociedad y en los núcleos políticos.
“No le dimos la importancia política que se merece al asesinato del alcalde de Manta. Es el asesinato de un representante del Estado. Eso nos debió haber dicho que habíamos perdido cualquier nivel, los papeles”, dijo a BBC Mundo Pedro Donoso, analista político y director general de la consultora Icare Inteligencia Comunicacional.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ecuador actualmente desplazó a Colombia como el primer país exportador de cocaína en el mundo, pese a que la nación neogranadina sigue siendo el principal productor.
La situación ha incidido directamente en el crecimiento de la inseguridad en el país, donde los homicidios han aumentado, crece las guerras entre bandas delictivas y funcionarios del Estado y de seguridad han sido señalados de participar en actividades de corrupción que favorecen al crimen.
No obstante, Luis Córdova, director del programa de Investigación, Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central de Ecuador, señaló a la BBC que estos asesinatos, y específicamente el de Villavicencio, es “producto de la torpe y necia guerra contra las drogas, en la que se sigue militarizando la seguridad pública, se tolera la infiltración del narco en las Fuerzas de seguridad del Estados, jueces, fiscales”, recordando que estas bandas operan con “la connivencia de los agentes de seguridad a todo nivel”.
Renato Rivera, analista de crimen organizado en Quito, recordó a BBC Mundo que la violencia acelerada en Ecuador “no ha generado una respuesta contundente de la justicia; al contrario, vemos una cooptación de policías y militares en organizaciones criminales y eso llegó a fiscales y jueces«.
La situación que recuerda a la Colombia de la década de los 80, donde el narcotráfico financió campañas de políticos y se filtró en las filas del Congreso, así como se atacaron a diversas figuras políticas del país.
Estos factores llevaron a Villavicencio a hacer de unas de sus banderas de campaña la lucha contra el narcotráfico y la depuración de agentes que se prestaran para la corrupción a favor de este sistema.
Y su asesinato solo acrecentó las teorías, pues rememoró la muerte de Luis Carlos Galán, político colombiano y precandidato presidencial que fue asesinado el 18 de agosto de 1989 previo a comenzar un mitin en Cundinamarca.
Se acusó al Cartel de Medellín de organizar el crimen, y se vinculó a Jaime Eduardo Rueda Rocha y Henry de Jesús Pérez como autores materiales, quienes actuaron bajo las órdenes de de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Alberto Santofimio Botero.
