CIDH convoca de oficio audiencias sobre Venezuela
La crisis en Venezuela mantiene a gobiernos y organismos internacionales preocupados, y una evidencia de ello es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó, de oficio, dos audiencias: una sobre la institucionalidad democrática y otra sobre la violencia, seguridad ciudadana y libertad de expresión en el país, las cuales se llevarán a cabo el próximo 24 de octubre, durante el 165° Período de Sesiones de la CIDH, en Montevideo, Uruguay.
Usualmente las audiencias temáticas son solicitadas por víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales o por los propios Estados. Aunque la CIDH tiene entre sus competencias solicitarlas, son muy pocas las oportunidades en que lo ha hecho por iniciativa propia. Así lo explicó Héctor Faúndez, abogado y experto en los procedimientos que rigen el sistema interamericano de derechos humanos.
“Lo notable es que no se trata de una audiencia solicitada por una organización de la sociedad civil, una víctima o un Estado miembro de la OEA. Se trata de una que ha sido pedida por la misma Comisión y esto no lo hace con frecuencia. Si no estuviera especialmente preocupada, con información sólida que sugiera violaciones de derechos humanos, la CIDH no las convocaría”, señaló.
Faúndez informó que la intención de estos encuentros es escuchar a las partes, tanto las víctimas como al país, recabar y analizar la información. Una vez que obtiene estos datos, la Comisión deberá determinar si las denuncias son ciertas, si se justifica incorporar al país al capítulo IV del Informe Anual de la CIDH -la llamada lista negra, en la cual se incluyen a los países donde no están plenamente garantizados los derechos humanos, como es el caso de Venezuela, de forma consecutiva a partir de 2002-; si debe elaborar un informe especial acerca del país, redactar un comunicado expresando su preocupación o, incluso, tomar acciones preventivas a favor de las víctimas.
La información recabada y verificada podría implicar la emisión de medidas cautelares si existe la posibilidad de que una persona se encuentre en situación de daño irreparable, aún sin que se requiera una solicitud de algún interesado. “La información no es para fines académicos es para que la Comisión pueda tomar medidas en relación con esos hechos”, insistió.
Preocupación de la CIDH
Nizar El Fakih, abogado y director de la organización no gubernamental Proiuris, calificó de particular las dos convocatorias. “La decisión del órgano es discrecional y pudo estar condicionada por el número de peticiones por parte de la representación del Estado venezolano o de la sociedad civil ante la coyuntura sociopolítica que se vive en el país”, dijo.
El Fakih señaló que las audiencias públicas comprenden un esfuerzo de la CIDH para promover mecanismos de encuentro que conduzcan a soluciones a la crisis a través de mecanismos de mediación de conflictos, encuentros de diálogo entre los Estados y posibles víctimas de derechos humanos.
Para el 165° Período de Sesiones, la CIDH también convocó de oficio una audiencia sobre Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, referido a la desaparición forzada de 43 alumnos de una Escuela Normal de la localidad mexicana de Iguala, ocurrida en octubre de 2014.
