La OEA acoge audiencias sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela
La Organización de los Estados Americanos (OEA) inició las audiencias públicas en las que se determinará si hay fundamento para denunciar al Gobierno de Venezuela por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI).
En la sesión de este jueves testificarán representantes de la sociedad civil venezolana ante el exfiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo (2003-2012), nombrado en julio pasado como asesor especial para crímenes de lesa humanidad por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
A la delegación de Venezuela en la OEA se le envió la misma invitación que al resto de Estados miembros, pero no participará porque no quiere «validar» una actividad que considera «ilegal», reseñó la agencia EFE, citando fuentes de esa misión.
Esta es la primera vez que la OEA, con sede en Washington, impulsa una actividad de este tipo y lo hace a iniciativa de Almagro, no de los Estados miembros.
Las audiencias se celebran en el gran salón de actos de la OEA, el Salón de las Américas, donde se han dispuesto cuatro mesas formando un cuadrado: una para Ocampo y la Secretaría General, otra para los denunciantes y dos para los Estados.
Ocampo, que no cobra por este trabajo, estará al cargo de todas las sesiones y será, por tanto, quien modere y pregunte en las intervenciones de los denunciantes.
Este jueves, se presentaron la abogada defensora de Derechos Humanos y directora del Instituto CASLA, Tamara Sujú, el líder juvenil del partido Voluntad Popular, Francisco Márquez, Julio Henríquez del Foro Penal Venezolano y la activista de DDHH, Johanna Aguirre.
El viernes habrá una audiencia similar, en la que testificarán militares venezolanos exiliados.
La denuncia ante la Corte Penal
Las siguientes sesiones no están todavía programadas, pero antes del 30 de octubre analizará la información obtenida un panel de expertos que aún no está configurado.
Si Ocampo y el resto de expertos concluyen que hay fundamento para denunciar a Venezuela ante la CPI, estará por ver si es Almagro quien lleva el caso ante el tribunal o si lo hace alguno de los 28 Estados de la OEA que son parte del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal con sede en La Haya (Holanda).
Si lo hacen uno o varios Estados, tendría más impacto, ya que no se trataría de una mera «comunicación» (algo que puede presentar cualquier persona o institución) sino de una «referencia» (exclusivas del Consejo de Seguridad de la ONU y de los Estados parte del Estatuto de Roma).
Con una «referencia», la Fiscalía de la CPI debe abrir, automáticamente, un examen preliminar, explicaron a EFE fuentes de La Haya.
No hay precedente de que un Estado haya presentado una «referencia» contra otro en la CPI, precisaron las mismas fuentes.
