Dos aspectos del mismo tema
El tema sobre Venezuela planteado en la región en estos momentos abarca dos aspectos distintos pero íntimamente relacionados entre si: La insistente actitud intervencionista del régimen venezolano en los asuntos internos de los demás países y el estado de la democracia y de los derechos humanos en el país.
La región atraviesa una seria crisis. De eso no hay dudas. Esta lamentable situación ha permitido el surgimiento de un liderazgo peligrosamente improvisado que plantea, en base a la confrontación y a la intolerancia, cambios políticos, económicos y sociales sin fundamento, alejados de los principios y de los valores fundamentales en los que se construye la sociedad latinoamericana.
La solución de los problemas de nuestros países no puede ser impuesta por nadie y mucho menos desde afuera. Cada uno de nuestros pueblos debe decidir su destino democráticamente, mediante elecciones libres y transparentes; y, sin injerencia externa. Es el principio de la libre determinación de los pueblos, al que tanto se refieren los revolucionarios bolivarianos cuando tratan de justificar la imposición de su incomprensible proyecto a la inmensa mayoría de los venezolanos.
En Santo Domingo se celebró en días pasados la Asamblea General de la OEA, en medio de tensiones y preocupaciones sin precedentes, debido al clima provocado por la el discurso populista y de confrontación del presidente venezolano que no se limita a las ultimas semanas, tampoco exclusivamente a Perú, como todos los saben. Una injerencia que contraría las normas más elementales de las relaciones internacionales, lo que ignoran deliberadamente algunos gobiernos beneficiarios y el secretario general de la Organización a quien el Canciller Maurtúa, de Perú, le recordó en su intervención en el foro regional, las obligaciones que le imponen la Carta y los demás instrumentos que regulan el funcionamiento del sistema, de velar por el respeto pleno de los principios y objetivos establecidos en ellos.
El tema Venezuela estuvo sobre la mesa, aunque no lo fuera formalmente. Los cancilleres se expresaron en privado y en público, en las salas y en los pasillos, mostrando enorme preocupación por la actitud del régimen bolivariano y las consecuencias que tiene para la región.
El canciller peruano fue claro y directo en la reunión cuando expreso “… el profundo rechazo del gobierno y del pueblo peruanos por las inadmisibles y sistemáticas manifestaciones de intromisión del presidente de Venezuela Hugo Chávez a lo largo del proceso electoral (…) su permanente actitud intervencionista con el propósito de influir en la decisión del pueblo peruano, constituye un hecho repudiable.”
La acción externa del régimen bolivariano causa enorme preocupación en los países de la región y fuera de ella. El único éxito que se le puede atribuir al régimen es haber logrado crear un clima de confrontación sin precedentes y haber provocado la división de la región, como se notara en la última reunión que tuvieran los latinoamericanos con la Unión Europea. Fracaso atribuido al clima generado por las posiciones radicales e insensatas de Venezuela en relación con los procesos de integración.
Los gobiernos son los responsables de la democracia y de la estabilidad en la región. Más temprano que tarde la dirigencia de nuestros países tendrá que adoptar una posición definida sobre la actitud del régimen venezolano que viola persistentemente las normas más elementales de las relaciones internacionales y sobre la democracia y el estado de derecho en el país.
Es intolerable que un Estado Miembro de la Organización insista en intervenir en los procesos internos de los demás países, para tratar de imponer un sistema político inaceptable para la gran mayoría de los latinoamericanos. Regresamos a la década de los sesenta cuando la dictadura cubana trató por todos los medios de intervenir en los asuntos de los demás países, Venezuela el mejor ejemplo de la agresión de entonces.
El segundo aspecto del tema, cuyo examen es inseparable, es el relativo al deterioro constante y progresivo del estado de derecho en Venezuela, a la situación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales lo que tampoco preocupa a algunos afuera, incluso al secretario general de la OEA quien declaro el viernes pasado – ya no sorprendentemente- a la prensa que “el organismo no cuenta con ninguna denuncia que motive revisar la situación de los derechos humanos en Venezuela.” Mayor irresponsabilidad, imposible.
El pueblo venezolano ha planteado numerosas veces y de la manera más responsable, la degradación constante y acelerada del estado de derecho y la situación de los derechos humanos en el país. La realidad venezolana no se esconde ni se inventa. No es difícil constatar la sumisión de los poderes públicos al Ejecutivo, la inacción de las instituciones que deben velar por el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, la segregación o apartheid político, la persecución, las detenciones políticas, la militarización y el totalitarismo crecientes.
Los gobiernos y el secretario general de la Organización no solamente están autorizados para actuar y velar por el pleno respeto de las normas que rigen la democracia y la convivencia pacifica, sino que están obligados a ello. Así de simple.
La actitud pasiva de algunos puede llevar al sistema a una crisis sin precedentes. Lejos de contribuir con la estabilidad, la paz y el progreso de nuestros países, estas actitudes interesadas e irresponsables, cómodas, por lo demás, sólo facilitan el caos y el desmoronamiento de la democracia, con las graves consecuencias que ello trae consigo. No se trata nada más, como se dijo en la Asamblea y en los pasillos de la reunión, de democracias de origen. Se trata de democracias reales, efectivas, en donde prevalezca el respeto y la tolerancia.
El cambio que se asoma en la región, tras la derrota del bolivarianismo en Perú, permitirá sin demasiado retraso la aplicación de las normas del sistema que favorezcan el respeto mutuo entre los países de la región, pero sobre todo, que garanticen la democracia y la protección plena de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en nuestros países.
Dos aspectos del mismo tema
Víctor Rodríguez Cedeño
El tema sobre Venezuela planteado en la región en estos momentos abarca dos aspectos distintos pero íntimamente relacionados entre si: La insistente actitud intervencionista del régimen venezolano en los asuntos internos de los demás países y el estado de la democracia y de los derechos humanos en el país.
La región atraviesa una seria crisis. De eso no hay dudas. Esta lamentable situación ha permitido el surgimiento de un liderazgo peligrosamente improvisado que plantea, en base a la confrontación y a la intolerancia, cambios políticos, económicos y sociales sin fundamento, alejados de los principios y de los valores fundamentales en los que se construye la sociedad latinoamericana.
La solución de los problemas de nuestros países no puede ser impuesta por nadie y mucho menos desde afuera. Cada uno de nuestros pueblos debe decidir su destino democráticamente, mediante elecciones libres y transparentes; y, sin injerencia externa. Es el principio de la libre determinación de los pueblos, al que tanto se refieren los revolucionarios bolivarianos cuando tratan de justificar la imposición de su incomprensible proyecto a la inmensa mayoría de los venezolanos.
En Santo Domingo se celebró en días pasados la Asamblea General de la OEA, en medio de tensiones y preocupaciones sin precedentes, debido al clima provocado por la el discurso populista y de confrontación del presidente venezolano que no se limita a las ultimas semanas, tampoco exclusivamente a Perú, como todos los saben. Una injerencia que contraría las normas más elementales de las relaciones internacionales, lo que ignoran deliberadamente algunos gobiernos beneficiarios y el secretario general de la Organización a quien el Canciller Maurtúa, de Perú, le recordó en su intervención en el foro regional, las obligaciones que le imponen la Carta y los demás instrumentos que regulan el funcionamiento del sistema, de velar por el respeto pleno de los principios y objetivos establecidos en ellos.
El tema Venezuela estuvo sobre la mesa, aunque no lo fuera formalmente. Los cancilleres se expresaron en privado y en público, en las salas y en los pasillos, mostrando enorme preocupación por la actitud del régimen bolivariano y las consecuencias que tiene para la región.
El canciller peruano fue claro y directo en la reunión cuando expreso “… el profundo rechazo del gobierno y del pueblo peruanos por las inadmisibles y sistemáticas manifestaciones de intromisión del presidente de Venezuela Hugo Chávez a lo largo del proceso electoral (…) su permanente actitud intervencionista con el propósito de influir en la decisión del pueblo peruano, constituye un hecho repudiable.”
La acción externa del régimen bolivariano causa enorme preocupación en los países de la región y fuera de ella. El único éxito que se le puede atribuir al régimen es haber logrado crear un clima de confrontación sin precedentes y haber provocado la división de la región, como se notara en la última reunión que tuvieran los latinoamericanos con la Unión Europea. Fracaso atribuido al clima generado por las posiciones radicales e insensatas de Venezuela en relación con los procesos de integración.
Los gobiernos son los responsables de la democracia y de la estabilidad en la región. Más temprano que tarde la dirigencia de nuestros países tendrá que adoptar una posición definida sobre la actitud del régimen venezolano que viola persistentemente las normas más elementales de las relaciones internacionales y sobre la democracia y el estado de derecho en el país.
Es intolerable que un Estado Miembro de la Organización insista en intervenir en los procesos internos de los demás países, para tratar de imponer un sistema político inaceptable para la gran mayoría de los latinoamericanos. Regresamos a la década de los sesenta cuando la dictadura cubana trató por todos los medios de intervenir en los asuntos de los demás países, Venezuela el mejor ejemplo de la agresión de entonces.
El segundo aspecto del tema, cuyo examen es inseparable, es el relativo al deterioro constante y progresivo del estado de derecho en Venezuela, a la situación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales lo que tampoco preocupa a algunos afuera, incluso al secretario general de la OEA quien declaro el viernes pasado – ya no sorprendentemente- a la prensa que “el organismo no cuenta con ninguna denuncia que motive revisar la situación de los derechos humanos en Venezuela.” Mayor irresponsabilidad, imposible.
El pueblo venezolano ha planteado numerosas veces y de la manera más responsable, la degradación constante y acelerada del estado de derecho y la situación de los derechos humanos en el país. La realidad venezolana no se esconde ni se inventa. No es difícil constatar la sumisión de los poderes públicos al Ejecutivo, la inacción de las instituciones que deben velar por el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, la segregación o apartheid político, la persecución, las detenciones políticas, la militarización y el totalitarismo crecientes.
Los gobiernos y el secretario general de la Organización no solamente están autorizados para actuar y velar por el pleno respeto de las normas que rigen la democracia y la convivencia pacifica, sino que están obligados a ello. Así de simple.
La actitud pasiva de algunos puede llevar al sistema a una crisis sin precedentes. Lejos de contribuir con la estabilidad, la paz y el progreso de nuestros países, estas actitudes interesadas e irresponsables, cómodas, por lo demás, sólo facilitan el caos y el desmoronamiento de la democracia, con las graves consecuencias que ello trae consigo. No se trata nada más, como se dijo en la Asamblea y en los pasillos de la reunión, de democracias de origen. Se trata de democracias reales, efectivas, en donde prevalezca el respeto y la tolerancia.
El cambio que se asoma en la región, tras la derrota del bolivarianismo en Perú, permitirá sin demasiado retraso la aplicación de las normas del sistema que favorezcan el respeto mutuo entre los países de la región, pero sobre todo, que garanticen la democracia y la protección plena de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en nuestros países.
