ANC aprueba Ley de Precios Acordados contra especulación
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó este martes una «Ley de Precios Acordados» con la que pretende «aislar» a los factores «especulativos» que, según el Gobierno han penetrado en el «sistema de precios» del país.
«Esto es un instrumento jurídico al servicio del pueblo de Venezuela en tremenda lucha política contra la guerra económica (…) esta ley es un instrumento para aislar a los factores especulativos que han penetrado terroríficamente el sistema de precios en Venezuela», señaló la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez.
Esta ley, que según la plenaria tendrá carácter constitucional, consta de 12 artículos y «tiene por objeto establecer los principios y bases fundamentales para el programa de precios acordados mediante el diálogo y la corresponsabilidad entre los sectores público, privado, comunal y de los trabajadores», según reza su artículo 1.
Estos principios se establecerán «a través del estímulo a la producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios que el Ejecutivo nacional declare como priorizados, considerando su estructura de costos para garantizar el acceso oportuno, suficiente y de calidad a los mismos».
«Todo ello en función de la estabilidad de los precios, la paz económica y la defensa integral de la nación», culmina el primer enunciado.
Con esta ley se busca además «garantizar» la disponibilidad de bienes a los precios acordados mediante un «proceso de contraloría social y fiscalización popular entre los sectores público, privado, comunal y de los trabajadores», así como asegurar «la seguridad y soberanía alimentaria».
La «Ley de Precios Acordados» estipula que es el Ejecutivo quien determina qué órgano convocará las negociaciones de precios, y será este órgano junto a las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades económicas las que celebrarán los «convenios del programa de precios».
Asimismo, señala que la Vicepresidencia ejecutiva «asumirá la secretaría técnica» de estas negociaciones.
El Estado será quien establezca la tasa de cambio para la estimación de las estructuras de costos y será el Ejecutivo quien se reserva la competencia de incorporar cualquier bien o servicio, «considerando su importancia estratégica para satisfacer las necesidades del pueblo».
Según el artículo 10, los precios acordados serán revisados periódicamente según la naturaleza de cada uno.
Esta ley fue propuesta por el presidente Nicolás Maduro y según Rodríguez forma parte de una serie de acciones que ha desplegado el mandatario «para proteger la remuneración de los trabajadores».
