Opinión Nacional

El Sargentazo

Sectores importantes vinculados al chavismo, dentro y fuera de las Fuerzas Armadas, se oponen a la Reforma Constitucional. Son líderes de base, más cercanos a la tropa que a los generales. Otros son civiles, pero todos simpatizantes del Presidente, lo reconocen como el motor fundamental del proceso y sus aspiraciones de justicia social. Son muchos más de los que aceptan los grupos radicales de oposición; siguen siendo mayoría, superan el cincuenta por ciento, no mucho más, pero ahí están, fieles a su jefe. Esa leve diferencia es lo que le ha permitido al CNE abultar las cifras No comparten, sin embargo, la subordinación del cambio social a un proyecto autoritario que gira alrededor de una sola persona. Ni aguantan a los cubanos, ni consideran prudente la reelección continua, ni están de acuerdo con eliminar la propiedad privada. Hablan entre sí de la corrupción campante, de la desconsideración implícita en tanta ineficiencia. Pero serán forzados a votar: el pago regular de las misiones, el trabajo en el Ministerio, la amenaza de una nueva Lista de Tascón o su equivalente. Si promovemos la estrategia de la abstención, no les daremos oportunidad de expresar su oposición ante las tendencias más negativas del régimen. Una oposición inepta, incompetente para lograr una mayoría capaz de frenar las ambiciones de un liderazgo mesiánico.

Saben que la Reforma pretende eliminar el derecho al disfrute y disposición de los bienes (Art. 115): la venta de nuestras propiedades y su traspaso a quien nos de la gana, hijos o socios. Están concientes del peligro que significa colocar en manos del Estado sectores completos de la producción agropecuaria (Art. 305), desde la cadena agroalimentaria de la leche, pasando por el azúcar, la carne y los cereales, que verán disminuida su eficiencia y nos conducirán, poco a poco, a un colapso del sistema alimentario nacional, tal como está ocurriendo en Zimbabwe, un escenario muchísimo más probable que el de Corea del Norte o Checoslovaquia. Pero apoyan el desarrollo de otras formas de propiedad simultáneas a la privada: la cooperativa, colectiva, comunal, ciudadana o mixta. Todas son válidas, siempre y cuando no se altere el ordenamiento fundamental de la propiedad privada, donde exista y funcione. El desestímulo a la inversión privada es un aliciente para la fuga de divisas, la receta perfecta para desalentar capitales y aumentar nuestro riesgo país.

No importa, siempre y cuando Chávez logre desarticular a la oposición y consolidarse en el poder. El nuevo ordenamiento territorial busca erradicar los liderazgos regionales y locales. Adiós ambiciones de Leopoldo López o de Manuel Rosales. Sin Asamblea Nacional, sin instituciones o medios de comunicación y sobre todo, sin la posibilidad de contar con cierta independencia, gracias a los recursos naturales de las gobernaciones o alcaldías, tal como le pasa a Ramón Martínez en Cumaná, no existirá la posibilidad de organizar polos de disidencia organizados y con financiamiento propio. Desaparecerá el último bastión de poder político enfrentado al régimen. El control será absoluto y los chavistas, escríbanlo, no están convencidos. Pero hay que negociar con ellos, la estrategia debe ser común. Pretender deslegitimar al gobierno eludiendo toda posibilidad de trabajar con las metodologías preferidas por estos oficialistas críticos raya en la locura. Las torres de marfil, impolutas en su pureza, no funcionan en política. Si logramos darnos cuenta de cómo entienden ellos la posibilidad de salir de Chávez a mediano o largo plazo, y de controlarlo en el corto, por primera vez en mucho tiempo habremos logrado vencer el miedo.

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