Libertad de Expresión
El derecho a la libre expresión es fundamental y esencial para la lucha por el respeto y promoción de los derechos humanos. El no poder opinar libremente, denunciar injusticias y exigir cambios, condena al ser humano a la opresión. Una prensa libre e independiente puede ser directamente responsable de mitigar la corrupción, mejorar la economía y el mercado al igual que los derechos y los servicios políticos que reciben los ciudadanos. Por esto el derecho a la libre expresión esta siempre amenazado por gobiernos represores que insisten en impedir cambios, como por personas que quieren imponer su ideología sobre la opinión de los demás. La prensa libre es capaz de prevenir la corrupción al controlar de cerca las actividades del gobierno y los negocios. Desafortunadamente, en países como Venezuela, los periodistas no siempre pueden cumplir con su trabajo, ya que el sólo hecho de cumplir con su deber periodístico los pone en peligro. A pesar que el oficialismo insiste que en Venezuela existe plena vigencia del Derecho a la Libertad de Expresión, el derecho de los ciudadanos a una información oportuna, balanceada, no tergiversada, ha sido seriamente vulnerada, particularmente en lo que corresponde al tratamiento sesgado de los contenidos informativos por parte de los medios comunicacionales que maneja el gobierno. Progresivamente el Estado ha creado un gran numero de medios de comunicación cuyo objetivo principal –aparte de reforzar su plataforma comunicacional para proyectar el proceso autoritario que quiere imponer el régimen– es el de confrontar de manera directa a los medios privados, que en su mayoría han asumido una posición oposicionista al proceso que lidera Hugo Chávez. Según Marcelino Bisbal, profesor de las escuelas de Comunicación Social de la UCAB y la UCV, Conatel reseña en su pagina Web, más de 60 medios impresos, 6 canales de televisión y 159 medios comunitarios y circuitos radiales, “fenómeno inédito en la historia del periodismo y de la comunicación en Venezuela, así como de la historia política del país”. Esto claramente muestra como el gobierno ha construido una red comunicacional que no está al servicio del Estado ni del Gobierno, sino más bien al servicio exclusivo de la ideología chavista, enfatizando la propaganda y el proselitismo político, desviándose de su función primordial que es la de informar de manera oportuna, imparcial y veraz. Y en su afán por ganarle terreno a los medios privados y aplastarlos, el régimen aprobó la inefable Ley sobre Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte), que no es mas que una ley redactada para coartarle la libertad de expresión a los venezolanos. Según el periodista y diputado, Alberto Jordán Hernández, el gobierno de Hugo Chávez está logrando con la Ley Resorte –que no es mas que una ley de contenidos- imponer la autocensura de los medios, ya que la misma establece 72 causales distintas que puede aplicar el régimen para cerrar las televisoras. A la Ley de Contenidos hay que sumarle la recién aprobada reforma del Código Penal, cuya finalidad es la de ayudar al régimen a “legalmente” reprimir, someter, controlar y neutralizar a los medios de comunicación; tarea que le ha sido sumamente difícil al proceso. Hugo Chávez se dio el tupé de felicitar a los comunicadores por el Día del Periodista y manifestar que se siente “humildemente orgulloso de decir que aquí no se ha perseguido a periodista alguno, ni a medio alguno”. Innumerables han sido las agresiones contra los medios y comunicadores sociales de radio, prensa y televisión, por afectos al proceso a nivel nacional desde que Chávez asumió el poder; pero en los últimos tres años –en los cuales el régimen ha profundizado el proceso revolucionario- se han levantado mas de 50 causas legales contra periodistas a nivel nacional, entre los cuales destacan los ensañamientos contra Patricia Poleo e Ibéyise Pacheco, quienes han sido imputadas y condenadas (aunque no estén sirviendo la sentencia), Marianella Salazar que ha sido demandada por el propio Vice Presidente Ejecutivo, José Vicente Rangel e imputada por el Ministerio Público y Miguel Salazar, quien a pesar de ser afecto al gobierno, ha publicado algunas verdades que han irritado al régimen. ¿Si esto no es persecución a periodistas, qué es?. Trabajar como comunicador social en Venezuela se ha convertido en una profesión casi imposible de ejercer, ya que no sólo (en ocasiones) a los periodistas se les han incautado sus instrumentos de trabajo, sino que aquellos que no trabajan para los medios oficiales se les prohíbe el acceso a fuentes de información provenientes del gobierno. La lucha por la libertad de expresión le corresponde a todos los venezolanos, ya que se basa en respetar la libertad de los demás a decir lo que quieran, y por demás, respetar nuestra propia libertad de palabra. Mejorar la conciencia pública sobre la importancia de la libertad de expresión es esencial para vivir en democracia.
(*): Editorial del 28/6/2005 de la prestigiosa (%=Link(«http://rev.com.ve/default.asp»,»Revista Económica Venezolana»)%) On Line. (%=Link(«http://www.rev.com.ve»,»http://www.rev.com.ve»)%)
(**): Versión en inglés, (%=Link(1647199,»Freedom of Expression»)%)
