A más de 200 ascienden civiles procesados por juzgados militares
Marighzell Lucena / Vargas.-
Durante el mes y medio de protesta en el país el Foro Penal Venezolano ha registrado no menos de 2 mil 372 detenciones como consecuencia del ejercicio al derecho a la protesta pacífica, de los cuales más de 200 casos vienen siendo procesados por juzgados militares.
Alonso Medina Roa, director del Foro Penal Venezolano, el traslado de los juicios de civiles a instancias militares genera gran alarma y afectación en los derechos fundamentales de los ciudadanos. “Cerca de 200 personas están siendo sometidas a la jurisdicción militar, criminalizando la disidencia política.
Adicional a ello en todas las detenciones las libertades se vienen transformando en libertades condicionales bajo la modalidad de fianza. Llama la atención que estas fianzas son otorgadas sin que el Ministerio Público las solicite en un sistema de justicia contradictorio.
En estos casos el juez otorga algo que no se ha solicitado ni se ha puesto en disyuntiva”, explicó el directivo de la organización humanitaria durante su participación en el Foro Vargas para abordar el tema sobre la “Justicia Civil vs Justicia Militar”.
Para el experto en derechos humanos, la crisis del sistema de justicia venezolana ha llevado a que los procesos penales por situaciones netamente de carácter político, el traslado de los casos procesados ante la jurisdicción penal ordinaria, a los juzgados militares, generan una alerta en la ciudadanía ante una evidente ausencia de seguridad jurídica y estado de derecho, por cuanto se trata de cumplir con un proceso para presentar a la sociedad una fachada del cual ya se conocen sus resultados.
Advierte Medina Roa que lejos de cesar la violación de los derechos fundamentales, los actos de represión continuarán en escalada e inclusive asegura que la situación actual es mucho más grave de lo que se viene percibiendo a través de las redes sociales.
“La represión va a ir en escalada, pues no hay disposición de los ciudadanos a replegarse en el reclamo de sus derechos. La manifestación es una expresión del ciudadano ero no hay disposición del gobierno a oír a ese pueblo que reclama a gritos sus derechos políticos y sociales. Hasta que el gobernante no oiga, es posible que la ciudadanía se mantenga en las calles ejerciendo su derecho a la protesta pacífica”, sentenció.
Gabriel Puerta, secretario general de Bandera Roja en Vargas, añade que al tema del sistema judicial se suma la acentuada crisis política, como consecuencia de una convocatoria a una constituyente que no nace de la expresión popular. “Esta constituyente no lograr unificar a la sociedad, partiendo de la manera en que ha sido concebida, por encima de los principios de la Carta Democrática. Es una constituyente para burlar en las aspiraciones de cambio del pueblo”, dijo en su intervención en el foro para referirse el tema “Hacia dónde llevan la República”.
Advirtió que pese a los reclamos ciudadanos justificados ante un retroceso del país, el gobierno ha venido cercenando cada vez más los derechos democráticos.
“Este gobierno cada vez más cercena los derechos políticos y democráticos del pueblo, lo vemos ante la violencia desbordada contra los reclamos ciudadanos, por demás justificados. Pretenden resolver ganando tiempo con una constituyente ilegitima”, añadió el dirigente regional.
