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Carlos Graffe fue trasladado al Fuerte de Paramacay sin notificar a su defensa

Cristhopher Borrero – Carabobo.-

@CristjopherB

Una audiencia de dudosa legalidad se urdía en contra de Carlos Graffe, dirigente político carabobeño. La denuncia fue elevada por Oswaldo Graffe, padre del preso político, quien informó que su hijo fue trasladado este miércoles 11 de octubre desde la cárcel militar de Ramo Verde, situada en Miranda hasta el fuerte de Paramacay, ubicado en el municipio Naguanagua, Carabobo.

Dicho proceso no fue notificado con anticipación ni a sus abogados ni a familiares. “Se pretendía sostener una audiencia, violando totalmente su derecho a la defensa. Le querían asignar un defensor público. Nuestro abogado no asistió a la audiencia por no ser notificado y tuvimos conocimiento que dicha audiencia fue diferida para el 3 de noviembre”, detalló su progenitor.

Expediente blindado. Graffe subrayó que en los 90 días de encierro que suma el dirigente de Voluntad Popular (VP) no han logrado acceso al expediente, lo que constituye una violación al debido proceso. Este vicio ha sido denunciado en un gran repertorio de casos en los cuales se maneja tesis política.

Acusación incógnita. Tras los 45 días posteriores a la audiencia de presentación efectuada el 14 de julio, no existe notificación alguna si la Fiscalía Militar ratificó o no la acusación contra su hijo, agregó el denunciante. Sin embargo, Carlos Graffe permanece detenido en la cárcel Militar de Ramo Verde.

El padre del dirigente manifiestó que Graffe no es culpable de nada distinto a luchar por un país en el que hayan oportunidades para todos y que su caso está conformado por un montaje de “pruebas falsas”. Asimismo, alarmó sobre la situación de salud del dirigente político.

Salud en vilo

La salud de Graffe no ha sido tomada en serio por las autoridades. «A Carlos lo operaron el 3 de mayo por cálculos renales. Le extrajeron 3 de los 7 que tenía en el riñón izquierdo. Tenía pautada una segunda operación, un poco más invasiva para eliminar el restante a mediados de julio. Esto no ha sido posible por inacción del Tribunal y de las autoridades del penal», recriminó Oswaldo Graffe.

Ni siquiera las experticias médicas del Gobierno son estimadas. «Al menos tres médicos, llevados por las mismos autoridades de Ramo Verde, lo han visto y coinciden que se debe hacer exámenes para saber su estado real de salud y el potencial riesgo. Pero estos no han sido autorizados, no le dan credibilidad al diagnóstico ni a lo delicado de su estado de salud”, remató Graffe.

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