La OEA y la situación en Venezuela
Si la OEA no es capaz, como ella misma ha prescrito, de ofrecer una respuesta «ágil, apropiada y coherente con las normas de derecho internacionales e interamericanas» en el caso específico de la situación de los derechos y libertades políticas en Venezuela, incurriría en una grave contradicción y al actuar con «prudencia» admitiría la profundización de nuestra crisis.
Sin quebrantar el «principio de no intervención» -al que se apegan para evadir responsabilidades algunos gobiernos-, la OEA está obligada a examinar de manera urgente el caso de Venezuela, tal y como lo determina la Resolución 1080 al atribuirle al Secretario General competencias para convocar la reunión ad hoc en el plazo determinado de 10 días, cuando surjan hechos que signifiquen una «interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático». En nuestro concepto este precepto admite diversos supuestos, no solamente la grave alteración del ejercicio del poder por parte de un gobierno, sino también el desconocimiento del ejercicio de las libertades y los derechos políticos y ciudadanos en materia de libertad de expresión, información, opinión, derecho a la protesta, a la participación y otros derechos humanos, inherentes a la vida social.
El denominado «orden democrático» contemplado en la Carta Interamericana Democrática, implica la existencia de un conjunto de libertades y derechos, siendo obligante su protección en caso de «cualquier alteración o ruptura inconstitucional» en cualquier Estado del hemisferio. Se debe pues proteger de manera primordial a los ciudadanos, al pueblo que en definitiva es el titular de la soberanía, cuyos derechos individuales, sociales y políticos deben ser respetados y protegidos por los gobiernos y por el sistema internacional. Tal orden democrático, como bien lo ha señalado Smich, es «un encadenamiento lógico que proviene de la noción de soberanía del pueblo» y en el que «la soberanía del pueblo es necesariamente primera».
El Consejo Permanente de la OEA debatió de manera informal los sucesos ocurridos en Venezuela como lo ha referido el propio organismo al indicar que los representantes permanentes «expresaron su preocupación ante los hechos», «se hicieron eco del llamado a la serenidad hecho por el Secretario General…, y exhortaron al inicio de un diálogo el Gobierno y la oposición». En términos afirmativos el Secretario Insulza señaló «la responsabilidad del Gobierno de evitar el uso de la fuerza por parte de la policía o grupos afines» y exhortó a la oposición «a manifestarse pacíficamente evitando provocaciones», señalamientos que si bien reconoce derechos, debe ser asumir con voluntad política el análisis exhaustivo de la situación y no «superficial» como lo ha demandado Panamá, proponente de una nueva reunión, todo lo cual podrá determinar de una acción diplomática conforme a la gravedad de los hechos, los valores y los principios implícitos, en un país y en una región donde en razón del resurgimiento de nuevos radicalismos ideológicos se ha imposibilitado el diálogo político, se altera el equilibrio democrático y se están produciendo violaciones a esenciales derechos humanos y políticos, que deben ser defendidos por la OEA, tal y como se corresponde a sus fines, la «consolidación de los valores democráticos y a la libertad y a la solidaridad».
No obstante las inconsecuencias del pragmatismo político y los intereses subalternos de algunos gobiernos, otros, en cambio, han advertido la significación de nuestro caso y están solicitando la necesaria consideración hemisférica.
El Secretario Insulza ha condenado la «persistente violencia y dolorosas pérdidas de vidas de jóvenes», ha reivindicado el derecho a la protesta pacífica e incluso ha señalado la existencia en Venezuela de «causas reales que explicarían la protesta». En lo social, advierte una «una confrontación política e ideológica» como en ningún otro país. Objeta algunas posiciones y se interroga «¿Por qué muchos…, protagonistas de la protesta en otras partes, ahora condenan a los manifestantes y denuncian intentos totalitarios?».
En lo político, ha descartado calificar como «dictatorial» al gobierno de Venezuela y ha criticado la utilización del término «fascista» contra la oposición, y ha expuesto sus dilemas «Si no condenan de plano al gobierno, son «cobardes» o «cómplices». Si se atreven a deslizar alguna crítica, son «injerencistas» o «aliados del imperialismo»…». Sin embargo, la OEA no puede evadir sus responsabilidades en su condición de autoridad hemisférica que ha reconocido que «Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla», norma fundamental del derecho político interamericano.
