Impacto de la Globalización en el Gran Caribe

La globalización económica y social y sus efectos regionales

Si bien las transformaciones económicas del sistema internacional remiten a tres procesos básicos: a) la globalización financiera (con la transnacionalización de la inversión y el flujo transnacional de capitales);
b) la revolución tecnólogica de la informática que la posibilita y acompaña; y c) la reestructuración productiva a nivel mundial ilustrada por la transición desde el modelo fordista/taylorista al más flexible y transnacionalizable modelo toyotista o postfodista, articulados al crecimiento del comercio internacional, la globalización asimismo asume dimensiones sociopolíticas (con el redimensionamiento del estado que impone la priorización de la dinámica del mercado, con el impulso global a la homogeneización política a través de la promoción de la democracia occidental asociada a ella y con el desarrollo de la sociedad civil y de su creciente transnacionalización); comunicacionales (con la trasnacionalización comunicativa a través de los diversos medios tecnológicos que abre la revolución informática y la difusión global de valores y mensajes) y culturales (con la promoción homogeneizadora de los valores del consumismo occidental a costa de las expresiones de identidad y los valores locales) .

Bajo la presión de las transformaciones estructurales del sistema económico internacional, el estado-nación se ve forzado a adecuarse a noveles condiciones para promover una inserción competitiva en el marco de una nueva división internacional del trabajo, a partir de las transformaciones productivas en curso, impulsando programas de ajuste estructural, particularmente en los países periféricos que no están involucrados en la dinámica central de estas transformaciones. A su vez, el ajuste estructural y la restructuración productiva generan tensiones y conflictos entre diversos sectores domésticos y regionales, en particular a partir de la destrucción del estado de bienestar y de las políticas sociales asociadas a éste en el marco del énfasis en el desarrollo de las fuerzas reguladoras de la economía de mercado, dando lugar a la transformación y de la sociedad civil y a la emergencia de nuevos actores y nuevas demandas de carácter social y político.

En este proceso, el estado-nación tradicional se ve afectado tanto en su soberanía externa (auto-determinación y territorialidad) como interna (reflejo de la soberanía popular, legitimidad y consenso en el interés del estado-nación) . Sin embargo, como señala Cox, el estado, al actuar de intermediario entre el ámbito internacional y el ámbito doméstico, no pierde su autonomía y conserva un significativo margen de ella , pero se enfrenta con un cuadro más complejo de actores y de intereses en la definición de sus objetivos, desgarrado entre la dinámica de un mercado mundial (que promueve su transformación en un actor del mercado) y de la política internacional (con la expectativa que continúe actuando como un actor homogéneo a nivel internacional en función de un interés nacional), y una articulación particular entre las demandas de la sociedad política doméstica y sus actores institucionalizados (partidos políticos, sindicatos, legislaturas) y de la sociedad civil (movimientos sociales, ONGs, redes sociales diversas) y su capacidad de presión y de influencia .

De hecho, el proceso de globalización da lugar asimismo a una multiplicación y diversifación de actores a nivel internacional (incluyendo la tan debatida actualmente configuración de una sociedad civil global) que entran en interacción e inciden sobre el desempeño no sólo de los estado-nación, y más específicamente de los gobiernos que los representan, sino también sobre el desempeño de organizaciones intergubernamentales, corporaciones y bancos transnacionales, y diversas redes y organizaciones no-gubernamentales.

A su vez, las transformaciones estructurales del sistema económico internacional en el marco del proceso de globalización, afectan de manera muy particular a las economías y sociedades de la Cuenca del Caribe. Si bien esta aseveración debe ser matizada en tanto existe una marcada heterogeneidad en el tamaño, el desarrollo y las potencialidades económicas de las diversas sociedades caribeñas (particularmente si asumimos la definición regional de la Asociación de Estados del Caribe del Gran Caribe que incluye a Colombia, México y Venezuela), sí podemos establecer algunas tendencias generales en términos del impacto y de las estrategias consecuentemente implementadas en la región .

En este sentido, es de observar que, en líneas generales, como reacción, entre otros elementos, a la crisis de la deuda en la década de los ochenta y a las presiones globales, en mayor o menor medida, la mayor parte de los países de la región optaron por impulsar nuevas estrategias de desarrollo. Estas estrategias, en sustitución de la «sustitución de importaciones» privilegiada en etapas anteriores con una activa intervención del estado, se apoyaron en la promoción de exportaciones, la diversificación de éstas y la búsqueda consecuente del incremento en la competitividad en el sistema económico internacional en el marco de programas de ajuste y reestructuración económica . Estos programas buscaron reducir el papel sobredimensionado del estado en la economía y estimular y atraer las inversiones privadas en el área productiva .

En el contexto de las economías del Gran Caribe que, más allá del tamaño y de las potencialidades económicas respectivas, se han caracterizado básicamente por la explotación de recursos naturales, la producción agrícola y la elaboración de productos semimanufacturados de poco valor agregado en el marco de una limitada diversificación y del imperio de la llamada «enfermedad holandesa» , los nuevos desafíos impuestos por la globalización financiera, la revolución tecnológica y la reestructuración productiva global generaron una serie particular de transformaciones asociadas al proceso de ajuste estructural.

Por un lado, como respuestas a los procesos de globalización económica, implicaron una manifiesta reducción y redefinición de las funciones tradicionales de un estado sobredimensionado y apuntalado tradicionalmente en el clientelismo y el patronazgo político y los acuerdos populistas, en particular en el Caribe insular y continental , a través de la reducción del gasto público, la privatización, la desregulación y la eventual apertura y liberalización económica, a la par del impulso de políticas macroeconómicas (fiscales, monetarias) cónsonas con la necesidad de proyectar una imagen de reforma y de estabilidad económica y un ámbito atractivo para la llegada de capital y tecnología extranjera en función de promover la diversificación de exportaciones y la capacidad competitiva respectiva.

Sin embargo, este proceso implicó una serie de consecuencias específicas. En primer lugar, para atraer inversiones extranjeras el estado requirió del desarrollo de condiciones fiscales, de infraestructura, de capacitación y laborales particulares (puestas de manifiesto en particular en la zonas industriales francas de República Dominicana, Jamaica y Puerto Rico) . En segundo lugar, que el estado, en este contexto, se convirtiera en un efectivo (y eficaz) interlocutor de las corporaciones transnacionales que pudieran estar interesadas en invertir en el país. En tercer lugar, que el estado creara las condiciones asimismo para el impulso y el desarrollo del sector privado local, generando su reciclaje de la producción en el reducido ámbito doméstico a la exportación competitiva en el ámbito internacional. Y finalmente, en cuarto lugar, en el ámbito sociopolítico, que el estado, en el marco del ajuste estructural y de la búsqueda de socios transnacionales, diluyera los contratos sociales y políticos existentes, tanto en términos de su capacidad distributiva a través de políticas sociales como en función de su capacidad reguladora de las relaciones laborales, con costos sociales y políticos significativos.

Es significativo en este sentido que, a pesar de los efectos positivos de las zonas industriales francas en términos del crecimiento económico, las inversiones atraídas por los bajos costos laborales y los desgravámenes fiscales, básicamente dieron lugar al asentamiento de industrias de ensamblaje, con reducidos requerimientos de mano de obra calificada (de allí los efectos sobre el reclutamiento de fuerza laboral femenina y los desequilibrios de género causados en la misma), en una fase del desarrollo del proceso de restructuración productiva global con crecientes requerimientos de tecnología avanzada y mano de obra calificada, y de la dinámica del comercio mundial crecientemente centrada en el intercambio de manufacturas de alto valor agregado y de servicios.

Por otra parte, en función de los procesos de regionalización en el ámbito de los países industrializados y de las eventuales amenazas proteccionistas, estas transformaciones dieron lugar a la búsqueda de la ampliación de espacios económicos regionales como alternativa para el desarrollo de economías de escala, mercados ampliados y crecimiento del comercio externo a través del incremento del comercio intrarregional, en función de evitar su marginalización del sistema económico internacional. En el caso de los pequeños países de la Cuenca del Caribe en general y del Caribe no-hispánico insular en particular, este pr oceso adquirió una especial urgencia frente a la posibilidad de la desaparición o de transformación de los acuerdos preferenciales como la Iniciativa de la Cuenca del Caribe con Estados Unidos, el Acuerdo de Lomé con la Unión Europea, y el Programa CARIBCAN, con Canadá, y a la eventual ventaja competitiva de México con su incorporación al NAFTA . La percepción de lo reducido de sus mercados domésticos y subregionales y el poco atractivo consecuente para las inversiones extranjeras reforzó este proceso, dando lugar a específicas recomendaciones de ampliación del espacio económico a través de acuerdos de libre comercio y de complementación económica. Como ilustración baste citar en el Gran Caribe, la reactivación de la integración centroamericana luego de la crisis regional de la década de los ochenta, y las recomendaciones de la West Indian Commission a los países del Caribe de habla inglesa a principios de la década de los noventa . A la vez, con las diferencias de escala del caso, similares preocupaciones llevaron a la creación del Grupo de los Tres entre México, Colombia y Venezuela (pese a las diferentes prioridades, objetivos y expectativas de cada uno de ellos ante el establecimiento de un acuerdo de libre comercio entre los tres que hemos analizado en otro lugar) . La promoción de acuerdos de libre comercio conllevó a su vez la necesidad de promover políticas de estímulo para una activa participación de los respectivos sectores empresariales, en el marco del proceso de «nuevo regionalismo» antes citado.

En este contexto, la culminación de este proceso regional se ha materializado en la creación, en 1994, de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), con la inclusión de 25 estados y 12 territorios asociados de la región.

Regionalización, soberanía e identidad en la Cuenca del Caribe: ¿Hacia una agenda sociopolítica de la integración?

Desde esta perspectiva general de los impactos de algunas transformaciones globales y regionales en la Cuenca del Caribe, resurgen las preguntas originales acerca de su definición como tal y, eventualmente, de su misma existencia como una región explícitamente diferenciada. Para algunos analistas, la pregunta se reformula en términos más negativos al preguntarse ¿Por qué la región se encuentra tan dividida y no ha logrado avanzar en su integración? . Para otros, la pregunta se centra en su viabilidad como una región «funcional» y «coherente» que puede beneficiarse de la integración más allá del interés común por el comercio y la seguridad regional? Algunos autores reducen estas preguntas a una visión de la región circunscrita al Caribe de habla inglesa o al Caribe insular. Otros le asignan, en este marco o en un contexto más amplio, alguna propiedad identificatoria inmanente, que trasciende los cambios históricos, y que hace a una esencia regional distintiva . Sin embargo, bajo los efectos de las transformaciones globales, es evidente un manifiesto transito desde las visiones restringidas de la región en el marco de un discurso geopolítico, a concepciones más amplias, fuertemente signadas por la priorización de los intereses económicos y progresivamente, asimismo sociales, claramente ilustrados en una conceptualización del Gran Caribe que incluye a estados y territorios insulares, a estados centroamericanos y a los miembros del Grupo de los Tres.

En todo caso, al margen de la multiplicación de visiones y perspectivas de la región, lo que importa resaltar es en los últimos años aparece asimismo de manera relevante un imaginario social con un referente simbólico central -el debate acerca del regionalismo y de la integración regional, y los avances recientes de los mismos.

En este sentido, el regionalismo consiste fundamentalmente en una respuesta a los desafíos externos y domésticos que conllevan una respuesta colectiva, en términos de un proceso de «construcción de una comunidad regional» .

Este proceso implica la identificación de valores compartidos, de propósitos comunes y de una identidad regional .

Esta identificación se puede articular en tres dimensiones. En primer lugar, en la medida que las sociedades de una determinada área geográfica tienen una experiencia histórica común y se encuentran enfrentados al mismo problema común . En el caso de la Cuenca del Caribe, esta experiencia histórica común, si uno no quiere profundizar más allá de la historia del presente siglo, remite a su propia genealogía como unidad geopolítica y a la evolución de la dinámica regional consecuente, reforzada por las distintas percepciones regionales -etnohistórica, económico-política- de su unidad .

En segundo lugar, una dimensión que remite al desarrollo histórico de vínculos socio-culturales, políticos y/o económicos que los distinguen del resto del mundo. Y en este sentido, con los avatares coyunturales del caso y pese a lo limitado de algunos contactos históricos a través de la barreras culturales, lingüísticas y políticas que lo dividen y fragmentan, el Gran Caribe ha promovido diferentes formas de cooperación entre los estados, a través de diversas organizaciones multilaterales y de las distintos acuerdos de libre comercio y de cooperación económica impulsados en los últimos años, tal como la misma AEC.

En tercer y último lugar, una dimensión que refiere a la medida en que han desarrollado diversas organizaciones para manejar asuntos colectivos. Asimismo, en este sentido, si bien en una forma incipiente, la creación de la Asociación de Estados del Caribe responde cabalmente a esta dimensión, pese a no constituir en la actualidad «un actor político consolidado».

Sin embargo, el regionalismo implica ir más allá en el proceso de construcción de una comunidad regional a través del impulso a la integración y este proceso excede la acción de los estados a través de iniciativas intergubernamentales para apuntar a la construcción de una «comunidad social» de carácter regional, no sólo a través de la consolidación de un actor colectivo regional de carácter interestatal, sino también a través del desarrollo de mecanismos de participación en la toma de decisiones de los actores de la sociedad civil, y a través del desarrollo de un imaginario colectivo común que haga a una identidad regional inclusiva y no exclusiva. Este es el objetivo, a largo plazo, de la integración regional en función de la construcción de una comunidad de valores compartidos, objetivos comunes e identidad regional, en torno a las coincidencias geográficas que configura el Mar Caribe.

Asimismo, es necesario entender que este objetivo sólo puede ser el resultado, a largo plazo, de un proceso en desarrollo de la formación de una identidad regional distintiva y de los mecanismos que la apuntalen, en tanto no existe una identidad inmanente de la región, pero a la vez, la definición geopolítica que le dio origen y que se agotó con la Guerra Fría no implica el decreto de defunción de la Cuenca del Caribe .

En este proceso de formación, el desencadenante común es uno solo -la voluntad política de enfrentar colectivamente las transformaciones globales que enfrenta la región, en tanto las opciones individuales se encuentran cada vez más limitadas en el mundo global, en razón de cambios económicos, pero también políticos, culturales y sociales.

Sin embargo, además de las dificultades analizadas a distinto nivel en las páginas anteriores, existen algunas adicionales que, no son nada desdeñables. Enumeraré algunas de éstas para poder asomar algunos temas fundamentales de una agenda sociopolítica de la región.

En primer lugar, la articulación de respuestas colectivas implica la cesión de soberanía nacional. Si bien este es un proceso que, como vimos, se está produciendo en términos de la reducción de la autonomía de los estados a través de la globalización económica, en el Gran Caribe toca fibras muy sensibles. Entre otras razones, porque el proceso de consolidación del estado-nación se dio en el marco de la reivindicación de la autodeterminación postcolonial de los estados (con las diferencias cronológicas del caso entre el Caribe insular hisp ánico, no-hispánico y continental) en fase reciente, sin haber culminado, con frecuencia, en una efectiva consolidación del estado-nación y de la identidad nacional respectiva. Como señala Watson para el Caribe insular , la soberanía nacional en la región se articuló en forma tardía a partir de la década de los cincuenta, en el marco de su integración en el sistema internacional de estados. De allí que, con frecuencia, la sola mención de una cesión de soberanía en función de una gradual y parcial «regionalización de la misma» genera lógicas retiscencias, inclusive en los términos de modalidades relativas de cesión .

En segundo lugar, existe una manifiesta dificultad de orden sociopolítico en el sentido de superar el «déficit democrático» que toda integración conlleva y que, resulta particularmente preocupante en el proceso de regionalización del Gran Caribe, en función del principio «decidiremos por ustedes, respecto de ustedes, pero sin ustedes». Esta dificultad está claramente ilustrada en el caso de la Unión Europea (UE), el esquema de integración que, sin embargo, más ha avanzado hacia la constitución de una «comunidad social» y la articulación de mecanismos institucionalizados de participación política. Sin embargo, el rol del Parlamento Europeo y la ausencia de mecanismos de participación de la sociedad civil en la UE hace particularmente evidente este déficit .

En tercer lugar, y en función de las dos dificultades anteriormente consideradas, es necesario tener en cuenta que el proceso de integración debe, necesariamente y para tener éxito, conducir a la creación de instituciones y de marcos legales adecuados para una participación más activa de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones acerca de los objetivos del proceso de regionalización, sus etapas y avances, como así también sus consecuencias y los intereses a los que responde, particularmente en función de evitar que las sensibilidades articuladas en torno a la cesión de soberanía se encaucen a través de respuestas fundamentalistas, bajo el manto de reivindicaciones culturales que tiendan a una mayor fragmentación, y de la emergencia de tentaciones «globalitarias» por parte de sectores burocráticos. En este sentido, es imperativo el desarrollo de mecanismos institucionalizados de participación de carácter democrático y pluralista en el marco del proceso de regionalización, a partir de la identificación de nuevos actores de una sociedad civil crecientemente regionalizada y de nuevos temas de la agenda regional frente a los desafíos impuestos por la globalización.